El Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) aprobaron ayer en el Senado la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a las penas a los adolescentes infractores. Se acordó establecer como pena mínima un año para quienes cometen “infracciones gravísimas”: homicidio especialmente agravado, lesiones gravísimas, violación, copamiento, rapiña, secuestro. Actualmente no existe una pena mínima. De aprobarse este proyecto, que ahora será tratado en la Cámara de Diputados, los jueces no podrán otorgar la libertad anticipada a los adolescentes que hayan cometido infracciones gravísimas hasta tanto no se cumpla un año de pena.

La oposición acompañó en general el texto, aunque discrepó con algunos artículos y señaló lo que a su entender constituye un cambio de rumbo del FA. Los senadores Pedro Bordaberry (PC) y Luis Alberto Lacalle (PN) aprovecharon la instancia para reiterar su posición favorable a la baja de la edad de imputabilidad a 16 años.

Blancos y colorados no votaron el artículo primero del proyecto, que enumera las faltas gravísimas; discreparon con la decisión de excluir el homicidio simple de esta tipificación e incorporar solamente el homicidio especialmente agravado. “Nos parece que se comete un error, una incongruencia seria cuando se considera falta gravísima las lesiones y no el homicidio”, señaló el senador colorado Ope Pasquet. “Restringe el concepto de homicidio”, evaluó el nacionalista Eber da Rosa.

Los legisladores colorados tampoco votaron el artículo quinto, que establece la creación de una comisión en la órbita del Ejecutivo para redactar en el plazo de seis meses un proyecto de ley que regule integralmente la problemática de los adolescentes infractores. “Para crear una comisión no se precisa una ley, se puede hacer por teléfono”, evaluó Pasquet. La senadora frenteamplista Constanza Moreira (Espacio 609) pidió licencia para no votar el proyecto.

Encaminados

Otros proyectos presentados en el marco de la Estrategia por la Vida y la Convivencia que generaron controversia en el oficialismo fueron el de internación compulsiva de adictos a las drogas y el que realiza una nueva tipificación de las faltas. En ambos, la bancada del FA alcanzó un acuerdo prácticamente total.

En relación al proyecto de faltas, la comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja recibirá hoy a representantes de la Asociación de Magistrados, a autoridades de la Suprema Corte de Justicia y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El diputado socialista Julio Bango afirmó que el texto ya está prácticamente acordado dentro del oficialismo y que se empezará a votar en comisión. Resta definir por qué figura se sustituirá la tipificación de “desobediencia pasiva” como falta, que realizó el Ejecutivo y no convenció al FA. La alternativa es incluir un concepto similar al “agravio a la autoridad”, pero todavía no está la redacción definitiva.

En cuanto al proyecto de internación de adictos, se modificaron las cuestiones de redacción que podían dar a entender que la medida era punitiva, cuando la voluntad era que fuera sanitaria, explicó el senador del FA Luis Gallo (Asamblea Uruguay). Por ejemplo, se sustituyó la mención a que los adictos serán “conducidos” a un centro asistencial por “serán trasladados”, para eliminar la connotación policial.

El proyecto habilitaba a brigadas integradas por representantes de distintos ministerios a recorrer las calles en busca de personas que estén consumiendo drogas, que “se presume” que acaban de hacerlo o que porten drogas, y derivarlas a un centro de atención donde no podrían permanecer más de 24 horas. El nuevo texto elimina la referencia al porte de drogas y a la presunción del consumo, e indica el traslado solamente cuando el adicto esté en situación que suponga un riesgo para sí o para terceros. Una de las preocupaciones de algunos legisladores oficialistas era que el texto inicial dejaba en manos de las brigadas del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes la definición de cuándo un consumidor supone “un riesgo para sí o para terceros”, lo que podría resultar arbitrario. Se resolvió finalmente que, ya cuando se toma la decisión de ingresar a la persona al centro asistencial, debe intervenir el juez, y luego una junta multidisciplinaria hará el diagnóstico definitivo. Por otra parte, se contempló la posibilidad de que la internación se realice a pedido de la familia: ésta denuncia y las brigadas pueden “actuar en el domicilio”, señaló Gallo. Este proyecto se votará el año próximo, cuando se levante el receso parlamentario.