El secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Eduardo Lorier, propuso cambios al proyecto de ley de Nuevo Estatuto de Funcionario Público que el gobierno envió al Parlamento.
La alternativa del PCU incluye reclamos que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizó en su última visita a la comisión especial de Presupuesto integrada con Hacienda, el jueves 22 de noviembre. Según explicó la senadora suplente de Lorier, Alicia Pintos, el documento alternativo se elaboraba con la colaboración de trabajadores de COFE.
Una de las principales modificaciones es la definición del funcionario público, entendido ahora como “todo aquel que desempeña tareas permanentes en la Administración”. Esto contrasta con el proyecto del Poder Ejecutivo, que incluye sólo a quienes hayan sido designados para desempeñar un cargo dentro de la carrera administrativa. Para zanjar la diferencia, el PCU incluye a funcionarios “contratados” que ejercen funciones “remuneradas” pero no están presupuestados. La diferencia es que estos últimos no podrán cursar la carrera administrativa, que será “privativa” de los presupuestados. La propuesta comunista, no obstante, excluye a los titulares de otras formas contractuales con el Estado, como contratos de arrendamientos por obras, becarios, pasantes y contratos artísticos.
Este proyecto alternativo considera horario nocturno el espacio entre las 21.00 y las 6.00 y propone que la remuneración especial sea materia de “negociación colectiva”. Para el Ejecutivo, trabajo nocturno es aquel que se realice “durante un período de siete horas consecutivas y que abarque el intervalo comprendido entre las 21.00 y 6.00 del día siguiente”. El Partido Socialista también había discrepado con la redacción del gobierno.
En materia de libertades sindicales, COFE está molesto porque el gobierno hace referencia a que se ejercería “en las condiciones que establecen las normas específicas de la materia”, lo cual, según el sindicato, habilita al gobierno a ampararse en normas cuestionadas por los funcionarios públicos. La propuesta del PCU recoge este cuestionamiento y menciona sólo la aplicación de la Ley 17.940, de libertad sindical, como quería COFE.