En una mesa redonda organizada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) titulada “La reforma del Estado en debate”, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio (FA), Juan Castillo, cuestionó el proyecto de ley de Estatuto del Funcionario Público que, según dijeron varios de los panelistas, se pretende votar en la Comisión de Presupuesto con Hacienda de la Cámara de Diputados antes de fin de año.
Castillo advirtió al comenzar a hablar: “No debemos cometer errores” como “retroceder en conquistas de derechos laborales”. Según afirmó, es “fundamental para la fuerza política evitar cualquier vicio de inconstitucionalidad”, asumiendo los cuestionamientos que los juristas Juan Pablo Cajarville y Carlos Delpiazzo efectuaron sobre la definición del funcionario público del proyecto a estudio, al objetar que contraviene la Constitución por referirse sólo a algunos de estos funcionarios. El ex coordinador del PIT-CNT mencionó que esta definición “no debe ser restrictiva” y tiene que incluir los “contratos permanentes o temporales que ya rindieron exámenes o pruebas suficientes para su ingreso a la función pública”, contradiciendo el proyecto del Poder Ejecutivo, que sólo incluye a los funcionarios presupuestados.
Además, Castillo dijo que está “plenamente de acuerdo” con analizar a fondo el artículo que refiere a las libertades sindicales. Consideró que es “tremendamente excesivo” el provisoriato de 18 meses previo a la incorporación de los funcionarios públicos y enfatizó que las horas extras trabajadas, así como las realizadas en horario nocturno, deben compensarse debidamente. También indicó, al igual que Cajarville y Delpiazzo, que los escalafones y las escalas salariales deben regularse mediante leyes presupuestales. “No comparto que se deba discutir de apuro porque se me viene fin de año”, concluyó.
Dijo que la reforma del Estado es más amplia que la votación de un nuevo estatuto del funcionario público y mencionó que si bien “luego de la dictadura todos los partidos que gobernaron mencionaron el tema, pocos hicieron algo”. En cambio, según dijo, entre los avances del FA mencionó el Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma tributaria, la implementación de un nuevo sistema de compras estatales, la reestructura del Banco de Previsión Social y la “reforma del Estado para atender la marginalidad generada por los partidos políticos neoliberales”.
En el resto del panel primó la versión de que el proyecto debería ser retirado para “volver en febrero”, por sus errores e inconstitucionalidades. Hablaron los diputados Pablo Abdala y Jorge Gandini, del Partido Nacional, Fitzgerald Cantero y Richard Sander, del Partido Colorado, Iván Posada, del Partido Independiente y el presidente de COFE, Pablo Cabrera. Los cuestionamientos que presentaron al proyecto fueron en su mayoría los mismos que mencionó Castillo: el concepto restrictivo de funcionario público que contraviene la definición constitucional, así como la imposibilidad de legislar acerca de escalafones y escalas salariales, lo que debería hacerse en una ley presupuestal. También se agregó que la ley “achatará” la carrera administrativa y se cuestionó la necesidad del oficialismo de aprobar rápido el proyecto. “El apuro del gobierno hace que algunas normas salgan con 50 votos, y no con 99, como deberían salir”, mencionó Sander.