El más duro, según varios legisladores, fue Ramos, a quien el nacionalista José Carlos Cardoso (Partido Nacional) le atribuyó un “bombardeo” al proyecto. “Era una metralleta hablando”, ilustró el diputado sobre la sesión del martes, en la que el ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) visitó la comisión. Concretamente, Ramos recomendó a los legisladores, según relató a la diaria, “no votar” el proyecto “como viene, a las apuradas”, y en lugar de eso, propuso formar una comisión interpartidaria, que incluya aportes de la academia y de expertos en recursos humanos, para llegar a acuerdos y que el proyecto pueda ser aprobado por una amplia mayoría, visto que se trata de una ley “al menos para los próximos 20 años”. “El estatuto que se propone está sobre las mismas bases de ahora y así no se trabaja más en los países desarrollados”, advirtió el ex jerarca.
Ramos coincidió con los abogados Juan Pablo Cajarville y Carlos Delpiazzo en que la redacción del artículo tercero -que define quiénes son los funcionarios públicos- no debería excluir a trabajadores que pese a que no están presupuestados desempeñan funciones públicas, como ocurre con los contratados. De hecho, los juristas habían visitado la semana pasada la comisión y aseguraron que se trataba de un artículo inconstitucional. Ramos también cuestionó el período de provisoriato de 18 meses para que un funcionario ingrese como definitivo a la función pública: “Si no se lo puede evaluar en seis meses es porque tampoco se está en condiciones de hacerlo en 18”.
Por último, se mostró contrario a la clasificación en escalafones de los funcionarios (servicios auxiliares y oficios; administrativo; y técnico y profesional). Según aseguró, “las clasificaciones actuales no se usan más. No dicen qué es lo que hace el funcionario sino sólo el grado académico que tiene”. En cambio, propone clasificarlos en “familias ocupacionales”, en función de sus tareas. El ex jerarca explicó que “una vez que se identifican las familias y grupos ocupacionales es posible calcular cuánto vale ese puesto de trabajo en una línea única para toda la administración central, con pisos y techos en los niveles inferiores y superiores salariales”. Esto permitiría, según dijo, facilitar la negociación colectiva, que entonces se centrará en la negociación de los salarios más bajos y altos de cada especialidad, mientras que los que se encuentran en el medio se modificarán proporcionalmente.
Más suave
La exposición de ayer de Narbondo no fue para el oficialismo tan crítica como la de Ramos. El politólogo saludó la iniciativa de reformar el estatuto, enfatizando la necesidad de aprobar urgentemente un proyecto para lograr un aparato estatal al servicio del gobierno. Sin embargo, también cuestionó la definición de funcionario público que hace el texto, coincidiendo con Ramos, Cajarville y Delpiazzo.
El miércoles 5 Narbondo ya había adelantado que si bien el sistema de remuneraciones era bueno es necesario “poner algunos límites para evitar que otra vez vayamos a un sistema extremadamente heterogéneo y manejable discrecionalmente”. El especialista también advirtió en ese momento que, según la redacción del proyecto, cuando se terminen las reestructuras, el Estado se va a quedar sin figura contractual para tareas transitorias. Por último, Narbondo expresó que la reforma implica que habrá a partir de ahora “funciones de dirección que no serán ejercidas por funcionarios públicos”, algo que “tiene sus consecuencias” al ser estos cargos ocupados por “personas que no tendrán las obligaciones” de estos funcionarios.
Las continuas críticas al artículo tercero, que define quiénes son funcionarios públicos, motivó una consulta de la comisión al constitucionalista y ex senador del Frente Amplio José Korzeniak (Partido Socialista), que responderá por correo todas aquellas dudas sobre la eventual inconstitucionalidad de éste y otros artículos del proyecto. Sin embargo, el director de la OPP, Gabriel Frugoni, expresó a la diaria que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a cambiar la redacción del artículo.