Se termina el año y el Poder Ejecutivo no ha publicado aún el pliego del llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial, que según el decreto aprobado este año, debería haber estado listo a mediados de julio. El Comité Honorario Asesor Independiente (CHAI), que redactó inicialmente el pliego, culminó su trabajo el 20 de agosto. Un mes después, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) propuso hacer una modificación para incorporar la experiencia en radiodifusión de los adjudicatarios como un mérito, algo que fue rechazado por el CHAI. Luego sobrevinieron dificultades técnicas con Argentina, que se superaron mediante una reasignación de las frecuencias a otorgar. Pero el pliego aún no se publica.

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que el gobierno pretende conciliar con los canales privados, que han anunciado que no se presentarán al llamado. En las condiciones que prevén el decreto y el pliego redactado por el CHAI, los actuales operadores se verían obligados a concursar por un canal, si bien el decreto establece explícitamente que “se entiende conveniente propiciar la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televisión comercial en el nuevo entorno digital, en atención al cumplimiento de objetivos de interés general y cultural que han brindado hasta el momento, para lo cual se tomará en consideración los antecedentes de los mismos en los procedimientos que se establezcan”. Luego tendrían un plazo de usufructo de las frecuencias de 15 años (con opción, al igual que el resto de los operadores, a diez años más). También están obligados a determinadas contraprestaciones, como habilitar 15 minutos diarios para campañas “de bien público”. Todo esto está establecido en el decreto de televisión digital, que Andebu -que nuclea a los dueños de medios- rechaza y ya recurrió administrativamente.

El gobierno mantiene conversaciones con los canales privados y, según fuentes del Ejecutivo y del CHAI, evalúa modificar el pliego e incluso el decreto de televisión digital para lograr que los actuales operadores se presenten. Se busca “generar un mejor entorno y un mejor clima” con los canales privados, reconoció una fuente que participa en las discusiones sobre el pliego. “Hay algunas cosas que se pueden flexibilizar, sin modificar aspectos sustanciales”, continuó la fuente. Puso como ejemplo que a los actuales operadores se les podría exigir menos información y menos requisitos formales en la presentación que a los nuevos operadores. También aseguró que el gobierno evalúa acortar los plazos para la presentación de los proyectos -que pasaría de 60 días a 30 o 45, lo cual requiere modificar el decreto de televisión digital- y para su estudio por parte de los organismos competentes. La fuente negó que se piense en eliminar los plazos para el usufructo de las frecuencias en el caso de los actuales operadores, ya que éste sería un cambio “sustancial”.

A la uruguaya

El viernes en Brecha, el periodista Edison Lanza informó sobre una marcha atrás similar a la que se concretaría en el caso de las frecuencias de televisión digital comercial. En este caso, se trata de modificaciones centrales al borrador de proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que había redactado el ex titular de Dinatel Gustavo Gómez en base a las recomendaciones del Comité Técnico Consultivo (CTC). Según lo publicado en el semanario citando fuentes gubernamentales, los aspectos más polémicos y más desafiantes del statu quo -las disposiciones en materia de concentración de medios y el establecimiento de plazos para el usufructo de las frecuencias, por ejemplo- fueron modificados. En las disposiciones respecto de concentración de medios se mantiene la normativa vigente, que establece que un mismo titular no podrá tener más de tres frecuencias en radio y en televisión abierta, y se agrega que podrá usufructuar un máximo de dos emisoras de televisión abierta. No se incorpora, como preveían las recomendaciones del CTC, directivas para controlar y penalizar el uso de testaferros para adquirir medios, que podrían frenar en términos efectivos el proceso de concentración mediática. Además, dispone que el plazo de 15 años para el usufructo de las frecuencias sólo será aplicable a los nuevos operadores y los actuales mantendrán sus permisos por tiempo indefinido.