Únicos e irrepetibles

Muchos de los uruguayos que Macarena Gelman recibía por intermedio de Abuelas de Plaza de Mayo no encontraban respuesta sobre sus orígenes en el Banco de Sangre de Familiares de desaparecidos argentino. La intención de orientar cómo continuar la búsqueda quedaba determinada por un gran vacío. Se puso en contacto con las abogadas Diana González y Alicia Deus, de la organización Infancia, Adolescencia, Ciudadanía (Iaci), y juntas se ocuparon de prestar apoyo a algunos casos.

Esa experiencia las acercó a las dificultades que debían enfrentar las personas que fueron adoptadas legal o ilegalmente para acceder a la información sobre su origen y sobre su historia, con todos los temores inherentes. Y fue, además, la piedra fundamental del surgimiento de una Red de Origen e Identidad que ya se presentó en el Parlamento y en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y que semana a semana madura y se proyecta.

Hasta 2009, con las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 18.590), la norma permitía que un niño o niña fuera integrado a una familia y después un juez ratificara la tenencia. Este procedimiento habilitaba a que, comúnmente, el órgano de control de adopciones del ahora Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no interviniera y no se cumplieran todas las formalidades que deben garantizar los derechos del niño. También era habitual que, después de la intermediación de un tercero que facilitaba la inserción del niño en una pareja, ésta lo anotara como propio en la libreta.

Estas prácticas funcionaban sustentadas por la creencia de que es mejor ocultarle la verdad porque si la sabe, va a sufrir. Un resabio -quizás no superado del todo- de una ley de 1945, la 10.674, que en su momento supuso un avance al establecer la legitimación adoptiva. En su artículo sexto establecía que la tramitación debía ser “reservada en absoluto”. El juez actuante podía “denegar la exhibición, entrega o agregación del expediente, en trámite o archivado” y “cuando el menor fuese pupilo del Consejo del Niño, su ficha individual se destruirá conjuntamente con el expediente”. Además, esta norma preveía un castigo penal para el funcionario que violara la confidencialidad “sin perjuicio de la responsabilidad civil”.

Con esta cultura del secreto instalada, aun después de derogada esta norma, las instituciones y las personas que las sostienen nunca se ocuparon de preservar ni cuidar los archivos. Al recorrer el Registro Civil, el Archivo General de la Nación, los juzgados de Familia, las instituciones de salud, las maternidades y el INAU (que recientemente inició un Programa de Búsqueda de Orígenes, ver nota vinculada) las personas que buscan sus orígenes se encuentran con la desazón de que las bases de datos no fueron guardadas ordenadamente y no siempre los funcionarios tienen buena voluntad.

Los expedientes judiciales referidos a las adopciones suelen contener valoraciones peyorativas de las familias que no cuidaron de sus hijos, principalmente hacia las mujeres. “Lo dejó y no lo quiere”, “no vino más”, “madre abandónica” son algunas de las expresiones más frecuentes que destaca González. “Quizás esa mujer estaba a dos horas de ómnibus, no tenía para el boleto, estaba en una situación de violencia. Esa parte de la historia no está en los expedientes. Uno los lee y no son ciertos. La mayoría no son ciertos”, señala.

El mandato de la maternidad sigue teniendo un peso cultural enorme. La decisión de no ser madre no tiene cabida social, ya sea porque la mujer decidió abortar o porque decidió, obligada o no por las circunstancias, que otros se ocupen del cuidado de su hijo. “Hay muchos varones que entregan a sus hijos al cuidado de sus mamás o de sus propias madres y no se los juzga. El mandato de la maternidad es eso, es la mujer como un instrumento y quien no lo cumple queda fuera de la ciudadanía, no tiene derecho”, sostiene la abogada.

Cuando un niño es integrado en una familia en forma plena, jurídicamente -y no sólo- corta el vínculo con la familia biológica. El nuevo núcleo no aparece como “padrinos”, sino como padres y madres que “sustituyen” la familia anterior. “En esa lógica de sustitución, la historia del origen no está integrada al cotidiano de ese niño, lo que está integrado en todo caso es el hecho de ser adoptado”, indica González para explicar cómo de cierta manera subyace la concepción de los hijos como propiedad. Como si la familia de origen y la familia de destino no pudiesen coexistir.

En la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia aprobada en julio en la Cámara de Diputados y que actualmente está siendo estudiada y modificada por la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, se prevé la adopción “con efecto limitado”. Esta modalidad tiene lugar cuando el niño o el adolescente “mantuviera vínculos altamente significativos y favorables a su desarrollo integral con familiares del progenitor de quien se desvinculó o se considerare inconveniente o lesivo a sus derechos el desplazamiento de su estado civil de origen”.

Esta adopción con “efecto limitado” existió con anterioridad a la reforma de 2009 en la legislación uruguaya. Se denominaba adopción “simple” e implicaba, por ejemplo, la pérdida de los derechos sucesorios en su familia adoptiva. En la adopción con “efecto limitado” se considera que la persona continúa “perteneciendo” a su familia de origen y por esa razón conserva todos sus derechos y no tiene una adopción “plena” en su familia de destino. La adopción “plena” significa que el niño o adolescente ingresa “en calidad de hijo, con todos los derechos de tal, a una nueva familia”.

“¿Por qué no puede haber una familia de origen y otra de destino? Esta propuesta [la adopción con “efecto limitado”] es la reacción más explícita de esta pulseada de poder. Es bien grosero porque significa: ‘si tú quieres al menos un poco a alguien de tu familia de origen no eres de los nuestros’. Me parece que se juega con eso: no hemos podido salir de la lógica propietarista. El precio para ser adoptado es renunciar a tu historia y es un precio muy caro”, valoró González. Esta idea refleja, en cierta medida, por qué muchos padres adoptivos sienten rechazo, ofensa o traición cuando sus hijos quieren conocer sus orígenes y también por qué éstos comienzan su búsqueda cuando los padres que los criaron fallecen o se lo ocultan mientras viven. En 2007, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas observó al Estado uruguayo por la existencia de esta modalidad de adopción y le recomendó que apruebe una legislación que “suprima la práctica”.

La reforma de 2009 la suprimió y también estableció que el Estado, por medio de los equipos especializados del INAU, supervise “el cumplimiento del derecho al conocimiento de su origen e identidad” y oriente y apoye en ese proceso tanto a las personas adoptadas como a los adoptantes y a los integrantes de la familia de origen. Pese a este reconocimiento, señala la abogada, el derecho al conocimiento del origen sigue siendo vulnerado diariamente: “Una persona nace en un contexto y es criada en otro. Hay un desvínculo, una ruptura, y en esa ruptura hay un vacío, una parte de la historia que no tienen, a la que no pueden llegar”.

En construcción

La necesidad de organizarse fue inminente y a principios de 2012 Gelman y González comenzaron a contactar personas sensibilizadas con el tema para conformar una Red de Identidad y Búsqueda de Orígenes para visibilizar la problemática, profundizar y debatir en torno al derecho a la identidad y en la medida de sus capacidades facilitar y colaborar en el proceso con personas que encuentran trabas en ese camino. “No es una red de instituciones. Por ahora es una red de personas interesadas en la temática. Eso permite trabajar sin requerir posturas institucionales. La identidad es un tema que todavía está en discusión”, apunta González.

¿Por qué es una red sobre identidad y no sobre adopción? “El sentido de esta red no es el reclamo de derechos por ser adoptados sino el reclamo de derechos por ser personas que no conocen o no tienen todos los datos sobre su origen por ser adoptadas o por otras razones. Tenemos una historia muy larga del Estado vulnerando ese derecho y yo diría que continúa. Lo que queremos es ir generando las condiciones necesarias para facilitar el acceso en igualdad de condiciones, que el Estado, que está obligado a hacerlo, se comprometa con determinado plazo a ordenar en forma fidedigna y no discriminatoria toda esta información”.

La Red elabora una propuesta legislativa -con el fin de incluirla en la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia- que efectivice la sistematización de archivos en los organismos que intervienen en la adopción. En octubre, representantes de la Red se presentaron ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados y en noviembre ante la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, donde se discuten dichas modificaciones.

La Ley 18.331 de Protección de Datos Personales vigente desde 2008 define que las personas tienen “derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo se halle en bases de datos públicas o privadas”. Esta norma se complementa con la Ley de Acceso a la Información Pública que garantiza ese “derecho fundamental” y promueve la transparencia en los organismos públicos.

Si el origen está relacionado al derecho a conocer los datos personales, a que éstos estén ordenados y accesibles, y que además sean protegidos del público en general, entonces: ¿cuáles son los datos del hijo y cuáles son sólo de la mujer y de otros integrantes de la familia de origen? ¿Cuáles hacen a la historia del niño y cuáles son condicionantes que pudieron haber provocado la decisión de dar en adopción? ¿Estas condicionantes y la situación en que se tuvo al niño corresponden a la mujer o al hijo? ¿Qué información hace a la identidad? En definitiva, ¿qué es la identidad?

Todas estas interrogantes atravesaron varias de las reuniones de la Red, que cierra 2012 planificando actividades para 2013 que reúnan a actores nacionales e internacionales y visibilice la problemática. La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay, sostiene que la identidad abarca tres niveles: la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Este último punto, indica González, implica políticas de Estado para que eso pueda suceder. “La adopción es un fracaso de esas políticas”, afirma.

Y explica: “La adopción no siempre es una respuesta a la pérdida de un vínculo sino a la imposibilidad de cuidados de personas que sí están, que quizás hasta quieren criar pero no se lo permiten las condiciones. El Código de la Niñez y Adolescencia dice que ninguna persona puede sustraerse de sus padres por motivos económicos. Pero sabemos que se suman un montón de vulneraciones de derechos más: la violencia de la pobreza, otras violencias y otras violaciones de derechos. La mayoría de los niños que son integrados a familias adoptivas vienen de sectores muy excluidos socialmente en los que a la pobreza se suma la falta de vivienda, de una historia familiar propia. Son mujeres y varones que no han sido criados, son situaciones de explotación sexual, de mucho deterioro psicosocial”.

La identidad es un derecho y tiene definiciones legales. Pero cuando las personas, sus historias y sus búsquedas van entrando en escena, la letra se hace carne y es otra cosa. Relato a relato, entre subjetividades y las diferentes necesidades, la identidad se va construyendo.

Mochilas

A Carolina de Pena se le llenan los ojos de lágrimas cuando se le pregunta si alguna vez había pensado en la posibilidad de ser hija de desaparecidos. Porque a los que nacieron durante los años del terrorismo de Estado se les instala esta cargosa sospecha. Carolina nació en 1975 pero las pistas que logró obtener parecen indicar que los caminos son otros. Ella no quiere cambiar sus apellidos, quiere saber quiénes son sus padres biológicos porque eso “le cierra un capítulo”.

Pero para Elizabeth Varo el apellido es algo muy importante. Nació en Uruguay el 6 de setiembre de 1972 y vive en Argentina. Su peripecia se relaciona con el pasado reciente. Siempre supo quiénes son sus progenitores. Lleva el apellido materno, pero también quiere llevar el paterno porque eso será “reparador”. Eso le requiere llevar adelante un juicio de Familia en nuestro país, que tuvo una instancia en setiembre, cuando la diaria dialogó con ella, y tendrá la próxima instancia en febrero.

Cuando Elizabeth nació, su padre, Juan Ángel Cendán, se encontraba en la clandestinidad por su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Por esa razón, su madre, Ana María Varo, la anotó en el Registro Civil con su apellido y una inscripción de “padre desconocido”. En enero de 1973, cuando Elizabeth tenía cuatro meses, la familia se exilia en Chile, donde meses después, el 12 de setiembre, Cendán es detenido junto con otros uruguayos y está desaparecido hasta hoy.

“No tengo un papel que certifique que soy su hija ni un papel que certifique que murió. En mis documentos en la parte de padre no hay nada. ¿Como si yo no tuviera un papá? Lo tengo. Su ADN está en mi sangre. Al principio ni siquiera tenía la certeza de que él me quería”, dice Elizabeth.

Como no tiene familiares paternos para hacerse un examen de ADN, tiene que demostrar con testigos que Cendán era su padre y que cuidó de ella. Estuvo en su nacimiento en el Hospital de Clínicas, la presentó a sus compañeros de militancia y vivió con ella en Uruguay y en Chile, hasta que lo desaparecieron. Elizabeth comenzó a pensar en obtener su apellido paterno cuando estaba embarazada de su hija, que hoy tiene 11 años.

Al saber la fecha de citación del juez dudó. “Dije ‘no quiero’. Lo charlé con mi hija y ella me dijo: ‘hacelo porque quiero el apellido de mi abuelo en mi documento’. Ahí me di cuenta de que también es parte de su identidad, son también sus orígenes, no sólo se remontan a uno”, relató. El 18 de setiembre, Elizabeth llegó desde Argentina para dar su testimonio ante un juez de Familia. “No voy a encontrar justicia. Pero hasta que no me den la sentencia positiva no va a ser reparador. Soy la hija de Juan Ángel Cendán Almada, pero no hay un papel que lo certifique. Lo quiero en mi partida de nacimiento y en mi documento. Ésa es la historia, inhumana, incomprensible”.

Frenos e impulsos

Una niña de ocho años que no había sido informada de su condición de hija adoptiva dibujó durante una consulta con psicólogos una jirafa con trompa de elefante. Los padres habían consultado por crónicos y severos trastornos del sueño. Otro niño de la misma edad estaba fascinado con Superman: “Es que viene de otro planeta; no es como todos los demás, es diferente, sus padres lo mandaron al planeta Tierra para que no muriera y acá lo adoptaron otros padres”.*

Carolina de Pena es docente, vive en Maldonado y tiene 37 años. Se enteró de que era adoptada a los seis años porque su mamá se lo contó. Nunca lo había sospechado. Sus padres la anotaron como propia en la partida, en la que consta que su madre tenía 39 años en 1975, cuando en realidad tenía 49. “¿No se les ocurrió fijarse en la cédula? Es una omisión del Estado”, apunta. Desde que supo, siempre tuvo “deseo de búsqueda”, pero mientras estuvieron vivos sus padres “había un freno”. “Vas para atrás y para adelante. Hay días que tenés ganas de buscar y días que no. Necesitás saber que hay alguien en la misma y apoyo. El apoyo yo lo tengo”, dice aludiendo a su esposo y a sus dos hijos, sus “tres luceros”, que la acompañan durante la entrevista en su casa en Maldonado.

Sus padres, a quienes les agradece la crianza, fallecieron durante su adolescencia. “Si sabían, no iban a abrir la boca. No me iban a dar datos”, asegura. Después, el freno fue otro. “Me parecía que si yo buscaba, era una tabla de salvación porque no tengo a mis padres. Como: ‘vamos a buscar estos otros’. Por eso decidí esperar, estar bien emocional y económicamente, para que no me vayan a achacar ningún interés”.

Cuando el momento llegó, habló con vecinos, con la empleada que trabajaba en su casa, con compañeros de trabajo de sus padres, con hijos de los compañeros de trabajo. “Todo el mundo sabía que era adoptada, es obvio por la diferencia de edad con mi madre. Pero nadie jamás me dijo absolutamente nada”, lamenta. En la búsqueda, sin embargo, dio con una persona de la que tiene la convicción y firmes elementos de sospechas de que sabe, pero no le dice. Además, el abogado y el médico que intervinieron en la adopción se resguardan en su secreto profesional.

Pidió ayuda en el Hospital Pereira Rossell, en el INAU e incluso en Familiares de Detenidos-Desaparecidos. “Siempre pensé en hacerme el ADN [se refiere al Banco de Sangre de desaparecidos] pero más bien pensando en un descarte. Puedo ser hija de una madre adolescente, de un engaño y así puedo seguir con una lista infinita”. En la recorrida por Montevideo, Carolina se contactó con las abogadas de Iaci en momentos en que la Red estaba surgiendo. Al principio fue a contar su experiencia. Luego le interesó la propuesta, la idea de colaborar y hoy es una de las referentes. “Capaz que para mí no encontré solución. Pero se me abrió un mundo, se me amplió el espectro. Hay personas desesperadas buscando y se les va la vida en eso”.

¿Y qué es la identidad para ti? “Te cierra un capítulo. Es algo que me está molestando. Pero no voy a dejar de ser Carolina de Pena. Capaz que después cambio de opinión. Tengo que agradecerles a mis padres por lo que soy, por lo que aprendí y por lo que puedo resolver…”. Se detiene a pensar, mira a su hija y completa: “Muchas cosas de Beatriz son muy parecidas a mí. Mi duda es qué punto de lo que soy hoy lo aprendí de mis padres, qué partes de mí vinieron así, de fábrica, por decirlo de alguna manera, y qué cosas no”.

El desvínculo

La adopción implica el entrecruzamiento de “carencias” que pueden resumirse en tres aspectos. En los padres biológicos, la imposibilidad de una mujer de criar a un niño gestado en su vientre y la de un hombre de responsabilizarse por haberla fecundado; en los padres adoptantes, la imposibilidad de una pareja de engendrar; en el niño o niña, la imposibilidad de crecer en su familia de origen.

Esta caracterización de la psicóloga Graciela Montano es parte del libro de Iniciativas Sanitarias Desvínculo-Adopción: una mirada integradora. Una puesta a punto orientada a fortalecer las prácticas profesionales, en el que participaron más de 35 profesionales, presentado el 22 de octubre en el Sindicato Médico del Uruguay. La idea nació hace unos cuatro años y surgió como una necesidad a partir de la aplicación de un modelo de atención que no está preparado y prácticamente no tiene respuestas para las mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción.

“Nos acercamos desde el sentido común y desde la experiencia clínica. Es una realidad: hay mujeres que tienen embarazos que no quieren y terminan desvinculándose. No es frecuente que recurran con ese motivo a la consulta, es un estigma que es muy fuerte. En nuestra cultura el único camino es ser madre. ¿Cómo puede presentarse a un médico y decírselo?”, afirman las psicólogas Ivana Leus y Silvia Avondet, coordinadoras de la publicación e integrantes de la Red. Por esa razón, lo frecuente es que las mujeres lo comuniquen en el momento del parto.

Desde 2006 existe un protocolo de intervención para “situaciones de desvínculo madre de origen-recién nacido en espera” pero que contempla esta circunstancia desde el momento del parto. Se debe dejar constancia en la historia clínica con todos los datos personales y contactos posibles de la familia de origen, no se debe realizar ningún juicio de valor ni debe haber presiones a la mujer, se debe indagar si quiere saber, ver y tener contacto con el recién nacido, con las reservas del caso.

La necesidad de una estrategia de intervención que contemple la escucha y el asesoramiento a las mujeres que manifiestan el deseo de desvincularse del recién nacido se hace más inminente cuando la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo exige que el equipo interdisciplinario plantee a las mujeres que tienen embarazos no deseados esa posibilidad. “El escenario cambia muchas veces. No son decisiones lineales. Por eso hay que tener apoyo y recursos para acompañar en ese camino y también después, porque dejan de ser pacientes”, señalan.

En este momento, explican, las mujeres sufren un “duelo” en el que deben procesar la decisión de hacerse cargo o no de su hijo y elaborar el desvínculo luego del pase en adopción en contextos en que hay otros hijos a su cargo y no cuentan con vínculos que operen como red de sostén. “Lo que recogemos de nuestra experiencia es que llega el año de nacimiento y lo tiene presente, también los años siguientes. Hay una convivencia permanente con eso. Este proceso debe encaminarse dentro del sistema de salud y con los pasos legales necesarios”, explican las especialistas.

Según el protocolo, la decisión de la mujer debe ser comunicada al director del establecimiento sanitario y al departamento de trabajo social o similar, cuyos responsables realizarán un informe técnico que deberá ser elevado al juzgado correspondiente. La resolución judicial se comunica al INAU. También prevé el accionar si la parturienta se “fuga” del centro de salud. “La madre de origen delega en la Institución y en el Estado, el cuidado de su hijo/a y el centro asistencial es responsable del bienestar del niño/a hasta que se expida la autoridad judicial”, reza el documento aprobado por la Administración de Servicios de Salud del Estado.

“Lo piensan como una opción para su hijo y para los otros hijos. Quiero que alguien dé lo que no puedo dar. Es delegar la maternidad, no es abandonar. Nadie busca un embarazo para darlo en adopción”, resaltan las psicólogas. La apuesta es comenzar a abrir espacios y que las mujeres en esta situación no queden por fuera del sistema de salud, del que hoy son expulsadas. “Como sociedad, no tenemos esto muy pensado. Lo ubicamos en el lugar de la exclusión, hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de aceptar ayudas o compras de personas que buscan hijos”, explican.

Leus y Avondet subrayan la importancia de que las familias adoptivas puedan hablar con sus hijos de dónde vienen. Estos padres, comparan, también debieron procesar un duelo: la infertilidad. En la medida que puedan ir elaborando el “conflicto” en torno a su infecundidad, podrán sentirse habilitados en la función parental y transmitirles a sus hijos que ellos son sus verdaderos padres. En cambio, si continúa presente la idea de que el verdadero hijo es el de sangre, será más difícil pensarse con una identidad de padres adoptivos y aceptar la búsqueda de orígenes por parte de su hijo.

“Deben irse preparando para ser una familia adoptiva, es un proceso. Porque tal vez cuando crezcan no se parezcan a ellos, aparecen temores a que se los roben, no saben cómo ponerle límites porque ‘no es mi hijo’. Es una construcción en la que se debe asumir roles, que son los cimientos de esa integración”, señalan. Cuando la adopción se concreta por fuera de las vías institucionales se hace rápidamente porque “no pueden esperar” y porque se piensa que “la mayor garantía” es que no sepa nada uno del otro, ese niño queda “trasplantado” a una casa nueva, a un barrio nuevo, a una vida nueva. “¿Cómo pueden estar preparados esos padres para hablar de su origen?”, completan.

Los orígenes son parte de la identidad. “Si la mujer se encuentra en un sistema de salud que en lugar de integrarla, encuentra a alguien que le facilita una pareja frustrada que espera hace mucho tiempo un hijo, eso conduce a la pérdida de información y de cualquier posibilidad de conservarla. Esa información es parte de la historia y esta historia, que es parte de la identidad, queda trunca”.

• Los casos están tomados del libro 
Desvínculo-Adopción. Una mirada integradora, coordinado por Ivana Leus y Silvia Avondet, 2012.