En una carta hecha pública ayer, 150 educadores sostienen que existe un ataque a la educación pública y los docentes, y cuestionan que “algunos sectores políticos” que plantean que se está “en crisis” reivindican las “reformas neoliberales de los 90”, que son, “junto con las aberraciones perpetradas en la dictadura, las verdaderas responsables del deterioro educativo y espiritual que ha sufrido nuestro país”. La misiva expresa que las únicas beneficiadas con este ataque “son las empresas de la educación privada, que transforman la educación en una mercancía sometida a las leyes del mercado”. La nota está firmada, entre otros, por el consejero de Secundaria, Daniel Guasco, la senadora suplente del Partido Comunista, Alicia Pintos, y los docentes José Olivera, Juan Pablo Marsilio, Julio Louis, Manuel Oroño, Marta Botta, Anahit Aharonian y Armando Miraldi.
Se señala que el “gobierno de la educación frenteamplista” mejoró las condiciones, aumentó el presupuesto y mejoró la participación, pero “ninguno de esos aspectos logró modificar la tendencia al deterioro de las administraciones precedentes”, por lo que la educación “tiene acumulados retrasos, insuficiencias y errores sobre los cuales no surgen acuerdos”. La carta cuestiona además el uso mediático que los dirigentes políticos han hecho de las críticas y que éstas están dirigidas “al rédito político personal o partidario”.
Además, enumera algunas “oportunidades” desaprovechadas para marcar el rumbo de la educación, como el Debate Educativo y el Congreso de la Educación Julio Castro, de 2006, cuyas conclusiones fueron “desoídas”.
Los firmantes aseguran que en la discusión de la Ley de Educación “se perdió la oportunidad de percibir a la educación como tal y a la sociedad como la principal protagonista de su construcción”, atendiendo más a las necesidades de los “acuerdos de grupos políticos”. Puntualizan que “una mirada realmente puesta en la educación hubiese atendido lo que la sociedad demandaba” y la ley “no dejó satisfecho a nadie”, porque se concluyó para “satisfacer las necesidades de las organizaciones políticas”.
La nota plantea que la educación “no necesita” una agenda surgida de la “presión” de un grupo de dirigentes políticos y se propone la realización del congreso educativo con participación de todos, “incluyendo los partidos políticos”, agrega. La carta concluye que es el momento “para que el gobierno demuestre su visión de Estado”, y promueve “la eliminación de los acuerdos de cúpula, el retorno a la institucionalidad respetando la autonomía consagrada constitucionalmente y el inicio de un proceso de debate social que estimule la profundización de la conciencia social sobre la trascendencia de la Educación Pública Nacional”.
La carta se publicó el mismo día en que los principales dirigentes de la oposición confirmaron haber recibido una invitación de Presidencia para rubricar definitivamente el acuerdo multipartidario sobre educación. La reunión tendrá lugar el jueves 23 de febrero a las 16.00, y se concreta después de que tanto Jorge Larrañaga como Pedro Bordaberry reclamaran en sus Twitter la firma del acuerdo.