Desde el período de gobierno pasado se discuten en el Parlamento un nuevo Código Penal y un nuevo Código del Proceso Penal. En esta legislatura, el primero ingresó a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados en noviembre de 2010 y el segundo lo hizo en diciembre de 2010 a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que recibió a expertos y a actores involucrados, sin embargo, luego se postergó el tratamiento del texto.
La bancada oficialista prevé, en cambio, un trámite más rápido para el proyecto del nuevo Código Penal, que sustituirá al actual, vigente desde 1934. "La idea es que ingrese a partir del 1º de marzo y que Diputados lo apruebe este año", aseguró el diputado frenteamplista José Bayardi. El nuevo código elimina delitos como la sedición, el desacato por ofensa, el abuso de funciones, la exhibición pornográfica y el incesto, además de eliminar completamente el libro de faltas. Al mismo tiempo, incorpora el hurto de bagatela, así como delitos vinculados a las comunicaciones electrónicas y a la incorrecta manipulación de desechos químicos peligrosos.
Diego Camaño, abogado de Ielsur, que ganó un llamado para desempeñarse como consultor de Naciones Unidas y del Ministerio del Interior con el fin de realizar un estudio de los dos proyectos de reforma (del código penal y del proceso penal), opinó que el nuevo proyecto de código penal si bien "reformó algunos institutos", no es "una reforma radical del régimen actual". "Si se hace una reforma, hay que hacer una reforma profunda, que ponga sobre el tapete un montón de temas y de cuestiones que hacen incluso a los valores que se están protegiendo, si queremos, por ejemplo, proteger más la vida que la propiedad", señaló. El actual código penal prevé 12 años de pena máxima para los homicidas y el doble de pena, 24 años, para quienes cometen rapiña con copamiento (sin contar en ambos casos el aumento de pena por circunstancias agravantes).
Inconstitucional
Camaño cuestionó que en el proyecto de Código del Proceso Penal se contemple la posibilidad de un "proceso extraordinario", que permitiría dictar sentencia dentro de las 48 horas de detenida la persona. "Según lo que han dicho, se busca sanear y blanquear la situación de los presos sin condena en Uruguay. El gran problema es que se va a generar una situación de condenados sin garantías, porque es imposible desarrollar un verdadero proceso penal dentro de las 48 horas, cuando el juez tiene 80.000 casos para resolver. Si se consagrara eso sería inconstitucional y violatorio de los tratados internacionales de derechos humanos, porque eso no es un debido proceso, y va a generar más problemas de superpoblación", advirtió.
Además de esta reflexión general, Camaño hizo algunas objeciones al proyecto de código penal. Por ejemplo, éste no incluye como categoría los crímenes internacionales, incorporados a la legislación uruguaya por medio de la ley 18.026, que ratificó el Estatuto de Roma. "Deben incluirse esos delitos dentro del catálogo de delitos del código penal, me parece importante decir algo", indicó el jurista. Puso como ejemplo la tortura, que si bien es un crimen específico a partir de la ratificación del Estatuto de Roma, "los jueces todavía no han tomado conciencia de esa ley [la 18.026] y, en casos en que debería aplicarse la tortura, han recurrido a figuras clásicas como lesiones, y eso es grave". "Que se reconozca claramente que hay una categoría de crímenes que son más graves que todos los demás", remarcó.
En el mismo sentido, advirtió que no debería aplicarse el concepto de "obediencia debida" a los crímenes internacionales, una distinción que el proyecto no establece. "Cuando hay orden de torturar, el estatuto establece que el inferior no debe cumplir esa orden, pero sobre eso no se dice nada [en el proyecto]”, explicó.
Camaño también advirtió que el proyecto no incorpora el delito de tráfico de armas y que "Uruguay no tiene una legislación acorde con los estándares internacionales sobre" este delito. "Por diversas razones, los uruguayos de alguna manera están tomando las armas, están haciendo justicia por mano propia, y yo creo que es importante tener una legislación penal clara que castigue el tráfico de armas y que mejore la regulación legal en torno al tema", opinó.
Respecto de estas objeciones, Bayardi comentó que el proyecto será estudiado por la comisión y que todavía se está "a tiempo de hacer modificaciones".
Todo un proceso
Respecto al Código del Proceso Penal, la intención de la bancada frenteamplista es aprobarlo en este período de gobierno, pero no está tan claro que pueda concretarse. El senador Rafael Michelini explicó que antes de aprobar el nuevo código se requiere “una ley vinculada a un estatuto fiscal y definir si damos pasos también con respecto a [la creación de] un ministerio de asuntos jurídicos y derechos humanos, para ver en qué órbita estaría el tema justicia en Uruguay”. Este último asunto está hoy a estudio de una comisión del Poder Ejecutivo.
El senador colorado Ope Pasquet, que integra la comisión, reclamó que el proyecto se trate rápidamente. Recordó que él presentó una iniciativa sobre un nuevo estatuto del Ministerio Público y rechazó “categóricamente” que se quiera atar la reforma del código a la creación del ministerio de Justicia. “Que el FA la quiera atar es otro tema, pero no está en la naturaleza de las cosas”, expresó.