El editorial de febrero de la revista de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) está anunciado en tapa y lleva como título "Un castigo al trabajo". Toda la nota está referida a la aprobación y promulgación de la ley 18.876, que crea el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) y que modifica la determinación ficta de las rentas por enajenación de inmuebles rurales que están gravadas por IRPF y por el IRAE.

Ya era conocida la posición crítica de los ruralistas respecto a la iniciativa de Poder Ejecutivo, pero nuevas consideraciones, y quizás el tono, de la posición institucional causaron malestar entre dirigentes del oficialismo, al punto que el senador Ernesto Agazzi, del Movimiento de Participación Popular (MPP), le envió una carta al titular de la ARU, José Bonica, para advertirle, entre otras cosas, que el "insulto injustificado" del editorial implicaría "iniciar una etapa que no es conveniente para el Uruguay".

En primer lugar, la columna de ARU sostiene que el proceso legislativo y ejecutivo de esta ley "no es común" y que los implicados por parte del Ejecutivo argumentaron desde el "desconocimiento total", aprobaron la norma "por disciplina partidaria y por oscurantismo manifiesto".

Según los ruralistas, el texto se terminó aprobando sin introducirle cambios al planteo original del Ejecutivo, más concretamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en ningún momento se habilitó una "discusión abierta". Luego señalan que el único objetivo del ICIR es recaudar más, "cueste lo que cueste", y citan las observaciones críticas al proyecto que expresaron "políticos y técnicos del propio partido de gobierno".

"Aunque la mona se vista de seda, mona queda, y lo que no cuenta con criterios técnicos que lo justifique se limita a aspectos ideológicos con mucho de fanatismo, que deben llevar adelante independientemente del costo y sufrimiento que puedan implicar para el país", puede leerse en el mensuario de la gremial. El editorialista de la ARU insiste en que la "meteórica" aprobación del ICIR implicó una búsqueda "de socios desesperados por recursos", generó divisiones en los sectores políticos de la oposición y sólo dejó satisfechos a los "incondicionales del oscurantismo".

En otro pasaje, señala que el nuevo impuesto castiga especialmente a "los productores y a quienes trabajan". "Lamentamos la situación. Pero no somos de los que nos rendimos. El hombre y la familia de campo vamos a seguir poniendo empeño en avanzar, en superar este tipo de obstáculos que algunos, por envidia o por incapacidad, nos pretenden hacer enfrentar", rematan desde la histórica gremial.

Concentrados

En la carta dirigida a Bonica, a la que accedió la diaria, Agazzi responde que estas acusaciones son “absolutamente inaceptables” y que con este posicionamiento la gremial ingresa en un terreno de “insulto injstificado”, que implica “iniciar una etapa que no es conveniente para el Uruguay”. “Yo diría que es harina de otro costal”, agrega el senador, uno de los impulsores de la herramienta tributaria. Entre otras cosas, el legislador del MPP se queja porque los “grandes propietarios” dicen hablar en nombre “de las familias rurales”, una generalización que desde su punto de vista no corresponde.

“Como si alguna vez se hubieran acordado de los derechos de los trabajadores rurales de carne y hueso, de su salud, de su educación y cultura, de su vivienda, de su derecho a la libertad y al desarrollo personal”, alude. También niega que la aprobación haya tenido un tratamiento meteórico o que su aprobación haya generado “sorpresa ciudadana”, entre otras cosas porque la discusión pública sobre la concentración de la tierra y la necesidad de esta herramienta comenzó en mayo de 2011 y la ley en cuestión se aprobó el 28 de diciembre. “Fueron recibidos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores todos los sectores que quisieron opinar sobre el tema, entre ellos la propia ARU, y tanto en las Comisiones como en las Cámaras hablaron decenas de legisladores”, añade.

Agazzi reconoce que la ARU se manifestó contra el proyecto de ley, así como otras gremiales plantearon estar de acuerdo, algo que “es natural en asuntos de esta importancia”. “Finalmente son las mayorías que el pueblo eligió las que adoptan las resoluciones”, dijo Agazzi, quien considera “entendible” la posición de este “pequeño grupo de propietarios” de grandes extensiones de tierra que se oponen a “cualquier medida que busque democratizar el acceso” a ese recurso. “Lo que no tiene lógica es tergiversar las cosas diciendo que el Gobierno lo hace exclusivamente para recaudar, o que no cumple la coherencia económica prometida, sin que la Asociación Rural dé una posición razonablemente aceptable de por qué la concentración de la tierra en pocas manos es conveniente para el interés nacional”, concluye el senador.