Ante la posibilidad de que el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no sea aprobado en Diputados porque no cuenta con el apoyo de todos los representantes del Frente Amplio (FA), organizaciones sociales que impulsan la legalización del aborto anuncian movilizaciones y advierten sobre las consecuencias que eso tendría. Ayer, legisladores del oficialismo confirmaron que los diputados Andrés Lima (Agrupación Humanista Armando Aguerre de Salto) y Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) no acompañarán el proyecto que aprobó el Senado en diciembre y que tampoco abandonarán su banca a la hora de votar.

Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) e integrante de la comisión asesora en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, dijo que Semproni, contrario al proyecto, tiene “un planteo poco sustentado y no comprensible”, porque el texto aprobado en el Senado es “técnicamente” un proyecto de “regulación de la práctica del aborto que incluye la despenalización y mantiene el delito de aborto fuera de las condiciones que dice la ley”, agregando excepciones fuera del plazo de las 12 semanas. Considera que el diputado está “poniendo de rehén a toda una fuerza política en una incoherencia”, porque el tema está establecido en el programa del FA.

Para Abracinskas, aprobar la despenalización sin regulación implica habilitar a las mujeres a “solicitar un servicio de interrupción legal”, pero el espíritu del proyecto es “sanear una práctica que existe en la clandestinidad”, pero reglamentada. Si no prospera el proyecto, Abracinskas advierte que analizarán seriamente desarrollar procesos de demanda al Estado por “indefensión”, un recurso que se ha comenzado a llevar a cabo en varios países de América Latina como Brasil, Chile y Perú. El Supremo Tribunal Federal de Brasil inició un juicio histórico para definir la legalidad del aborto de fetos anencefálicos, a partir de un recurso presentado por la muerte de una mujer a la que no se le permitió interrumpir su embarazo. “Estos casos se están llevando a los tribunales a nivel nacional y si no, se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó Abracinskas.

Martín Pereira, del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT y de la Coordinadora por el Aborto Legal, dijo que cualquier modificación que se le realice al proyecto “es una rebaja” y anunció que se analizan los pasos a seguir para presionar por la aprobación del proyecto tal cual lo votó el Senado. Adelantó que van a volver a repetir las movilizaciones alrededor del Palacio Legislativo (Amaneceres Naranjas) y pedir una entrevista con el diputado Lima “para que, por lo menos, no entre a sala”. Otra entrevista posible sería con el diputado colorado Fernando Amado (Vamos Uruguay), que está de acuerdo con el proyecto pero su sector lo obliga a votar en contra por disciplina.

También reclamó al FA que “llame a estos legisladores a cumplir con el programa” de la fuerza política porque “se está jugando con el voto de los jóvenes”. Si bien este tema no afecta exclusivamente a los de menos edad, “son las mujeres jóvenes las que más sufren”, y “en un momento en que se está pidiendo más militancia y participación para volver a recuperar la mística de la coalición, esto es un golpe muy duro para la juventud que milita en los movimientos sociales y en el propio FA”, concluyó.