El informe de la Asesoría Jurídica del MIEM que concluye que "correspondería" que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la autorización para las 11 radios llegó como respuesta a la denuncia que la ONG Grupo Medios y Sociedad (GMS) radicó en 2009 ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). Las emisoras son Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos, Emisora Cenit, Emisora Santa Rosa y La Pedrera. GSM solicitó que se investigaran las transferencias de titularidad de estas radios identificadas como pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía -o Grupo del Plata-, éste último propiedad de Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por su responsabilidad en crímenes de la dictadura.
A su servicio
La Asesoría Jurídica determinó que Grupo Sarandí y Grupo del Plata componen además el Grupo Mont Soleil SA, de acuerdo al informe de facturación de publicidad que desde el MIEM se solicitó a la Intendencia de Montevideo. Tanto Coelho y Molinari como el resto de los permisionarios afirman que se trata de una prestadora de servicios a las radios, como "apoyo, publicidad, programación". Molinari destaca que "se mantiene un vínculo estrictamente comercial" pero que "no existe subordinación de ningún tipo". En el mismo sentido, Coelho señala que Mont Soleil SA "brinda asesoramiento" a Sarandí Comunicaciones SA, "intermedia con los clientes para la venta de publicidad" y "comercializa con otras emisoras la retransmisión de programas permitiendo una mayor eficiencia en la gestión empresarial" de éstas.
En diciembre de 2011 la diaria informó que la Asesoría Jurídica del MIEM determinó que dichas emisoras están bajo control de un mismo "grupo empresarial", lo cual viola el decreto 734/978 que regula los servicios de radiodifusión, ya que una persona no puede ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión.
Ándale
GMS también denunció que las 11 radios fueron compradas por González, el empresario mexicano-estadounidense, mediante testaferros y que el "centro de decisión" es el administrador de Sarandí Comunicaciones SA, Fernando Coelho. Este aspecto no fue abordado en el informe de la Asesoría Jurídica y GMS reclama que es "un punto de central importancia", ya que nuestra normativa prohíbe que ciudadanos extranjeros sean titulares directa o indirectamente de licencias para explotar frecuencias. la diaria confirmó que González, al enterarse del curso de las actuaciones administrativas, solicitó a Kreimerman una entrevista "para arreglar su situación", que se concretó a fines de 2011. El informe jurídico, que no es vinculante, ya está a estudio de los jerarcas del MIEM. Además, la semana pasada ingresó al expediente un escrito con consideraciones del fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma, que le fuera encargado por el ministro. Este informe tampoco es vinculante.
Desde el MIEM, el subsecretario Edgardo Ortuño explicó a la diaria que la consulta al fiscal de gobierno se hizo para "contar con mayores elementos" a la hora de resolver. El jerarca indicó que aún no hay una decisión tomada y que "ahora hay que analizar todos los elementos". Consultado por los plazos, Ortuño expresó que "no hay interés en dilatar este tema tan importante" y que el MIEM se expedirá "en el correr de este año".
Él manda
la diaria accedió a los descargos de los empresarios en diciembre ante el MIEM. Todos los involucrados niegan pertenecer a un “grupo económico”, conocer o tener vinculación con González y piden el archivo del expediente alegando que no hay pruebas. Enfatizan en que la retransmisión de programación de otras radios o la centralización física de varias emisoras en una misma dirección (Enriqueta Compte y Riqué 1250) -aspectos subrayados por la Asesoría- no es indicio de la existencia de un grupo económico.
“Esta identidad de domicilio no obsta a que cada una de las emisoras que funcionan allí cuente con un espacio y estudio propio e independendiente, con una producción separada y con una conducción también independiente”, explicó Fernando Coelho, señalado por GMS como el representante de González por ser quien “está a cargo” de sus emisoras en Uruguay. Coelho entiende que esto es un “infundio” y que no hay “detalles que hagan verosímil” la denuncia, a la que considera “absurda, maliciosa e infundada”. Asimismo, en sus descargos asume la responsabilidad por la gestión de Sarandí Comunicaciones SA, que abarca Sarandí, Sarandí Sport, Disney e Integración Americana. Sin embargo, tras consultar a cuatro ex funcionarios de Futura FM, que también funcionaba en la mencionada dirección, todos reconocen a Coelho como el gestor de dicha emisora.
“Para mí, la figura de autoridad era Coelho. Lo que era sueldo, la parte económica o de los contratos era con él. Las veces que arreglé plata fue con él, y las veces que había que pedir permiso para algo fue con él, las licencias se las pedí a él. Había un encargado pero no tenía otra autoridad más allá de transmitir las órdenes de Coelho”, afirmó a la diaria el periodista Diego González. Ante la misma consulta, su colega Ernesto Muniz señaló a la diaria que cuando fue despedido de la radio la persona que le dijo “hicimos todo lo posible y esto no funciona” fue Coelho. En esto y en la gestión del empresario en las otras emisoras que funcionan en el edificio coincidieron otros dos ex trabajadores de Futura que prefirieron mantener su anonimato por temor a las represalias en el medio. Por el contrario, en sus descargos José Carlos Molinari afirma que él y Diego de Luca son “los únicos responsables de la explotación” de Del Plata, Futura y Radio Real de San Carlos, y entiende que la denuncia es “descabellada”.