A raíz de las negativas de los diputados oficialistas Víctor Semproni y Andrés Lima de votar el texto aprobado en la Cámara de Senadores, los legisladores frenteamplistas Constanza Moreira y Juan Carlos Souza introdujeron una serie de modificaciones al proyecto que despenaliza el aborto presentado por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Estos cambios serán analizados hoy en la bancada del Frente Amplio (FA) y el miércoles se negociarán con Posada.

Este texto sería aprobado por los 48 diputados frenteamplistas que ya aseguraron su voto, y también por Posada y Semproni, por lo tanto estarían los 50 votos en Diputados para aprobar el proyecto.

La modificación más importante que se negociará con el representante del Partido Independiente (PI) tiene que ver con la integración del equipo interdisciplinario que dará asistencia legal e información sobre la práctica abortiva. En este esquema, se mantendrían los tres integrantes propuestos por Posada (un médico, un especialista en salud psíquica y otro en el área social), pero se elimina la condición de que “al menos uno de los profesionales” tenga que pertenecer “a la lista del personal con objeciones de conciencia” al aborto. “La mujer que llega a esta instancia está en una situación emocional y física que no la deja en las mejores condiciones, por lo que poner a alguien integrando un tribunal que sea un objetor de conciencia no coayuda a que la persona actúe con su libertad, incluso está coartando la posibilidad de que actúe a conciencia plena”, expresó Souza. En la exposición de motivos del proyecto de Posada, el legislador sostenía que esa figura evita que “los mecanismos previstos en la ley se burocraticen y se conviertan en un mero trámite formal”.

Otro cambio que introducen los legisladores del FA es eliminar el “plazo de reflexión mínimo” de cinco días que proponía Posada para que la mujer ratifique su postura frente al embarazo. Souza considera que si bien “los períodos de reflexión son buenos”, establecer un plazo puede “conspirar a hacerlo dentro de los plazos previstos por la ley”. “La reflexión siempre va a estar presente y la mujer cuando llega a la decisión lo hace sorteando las dudas. En ese marco, agregar un plazo fijo puede conspirar contra el cumplimiento de los requisitos temporales de la ley”, argumentó, en referencia a que este período implique superar el límite de 12 semanas de embarazo para realizar la intervención.

También se propone eliminar la obligación de las instituciones públicas o privadas de medicina integral de poner a disposición de sus usuarios la lista del personal de la institución “que haya manifestado objeciones de conciencia respecto a las prácticas de aborto provocado”. Según Souza, se decidió eliminar esta disposición ya que “es un elemento peligroso”: “Mañana alguien que esté a favor de las prácticas abortivas puede salir a vilipendiar esa lista o, al revés, quienes se oponen a su práctica pueden defenestrar a las personas que no manifiestan objeciones de conciencia. No es necesario que se publique para que todo el mundo lo maneje a diestra y siniestra”. De hecho, Souza destacó que el articulado sustitutivo del FA agrega un inciso a uno de los artículos que establece que “la objeción de conciencia no podrá dar lugar a ninguna sanción o discriminación”.

Además, el FA insistirá con la creación del Comité Clínico sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo de carácter multidisciplinario en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, que además se pretende que lleve el registro de “objeciones de conciencia y sus revocaciones”.

Por su parte, el diputado Posada prefirió no comentar las modificaciones a su proyecto antes de la reunión del miércoles. Si bien dijo estar abierto al diálogo, aclaró que su proyecto implica una filosofía “distinta” a la del oficialismo, que él no comparte. “El FA legaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y lo considera un derecho de la mujer, mientras que mi proyecto trata de poner los derechos de las dos partes arriba de la mesa”, declaró Posada.