En abril el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que otorga al Consejo de Educación Técnico Profesional-Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) la naturaleza jurídica de ente autónomo. El texto establece que la educación tecnológica y profesional debe articular ciencia y tecnología para favorecer el desarrollo económico, el crecimiento en la socialización del conocimiento y la construcción de una sociedad de aprendizaje. Plantea repensar las dimensiones “estructural, organizacional y normativa” y destaca que la UTU ya tuvo la categoría de ente autónomo durante 30 años, hasta 1973. Además la dota de autonomía técnica, administrativa y financiera y dice que “propenderá a la formación de profesionales con un perfil creativo y emprendedor, con compromiso social e inserción crítica y proactiva en el trabajo y la sociedad”. También establece que la UTU será dirigida por un Consejo Directivo de tres miembros que durarán cinco años en el cargo, uno elegido por el Poder Ejecutivo que será el director general y dos electos por docentes y estudiantes.
Ayer la Comisión de Educación y Cultura del Senado tenía previsto abordar el estudio del proyecto, pero la sesión se suspendió. Por iniciativa de la senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular, MPP), están convocadas para dar opinión las autoridades del Codicen y de UTU.
Un aliado
Este fin de semana, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) emitió un comunicado que saluda la “necesidad de considerar el crecimiento y autonomía” de la UTU, que debería ser “un sistema en sí mismo, incluyendo todos los niveles, desde la formación profesional hasta el terciario” al que hay que restituirle la naturaleza jurídica de ente autónomo”. AFUTU además cuestiona cinco aspectos del proyecto del gobierno: que su estructura, en vez de apoyarse en la universitaria, se articula “a semejanza de la ANEP, sin pensar en claustro y órdenes e insistiendo en multiplicar cargos de confianza”; que no se articula al sistema educativo su versión técnico-tecnológico, por lo menos en esta etapa, en UTU”; no contempla las relaciones contractuales actuales de los trabajadores y falta claridad “sobre el rol del sector privado en relación al organismo”.
Pero la idea parece condenada a naufragar en el Parlamento, ya que requiere los votos de dos tercios de los integrantes de cada cámara. El diputado Roque Arregui (Partido Socialista), que integra la comisión multipartidaria para la creación de una universidad tecnológica, recordó que, además de los representantes de la oposición, su sector tampoco respalda la iniciativa. Arregui considera que hay que fortalecer la UTU mediante “otros instrumentos” como mayor descentralización, presupuesto y capacidad de decisión, pero “sin darle el carácter de ente autónomo, porque si no estamos atomizando los subsistemas de la educación”. Además, la postura que rige “a todo el Frente Amplio es apoyar la Ley de Educación y esto significa que la UTU esté dentro de la ANEP”, agregó Arregui.
En esa línea, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) también planteó que no acompaña el proyecto y considera que hay que crear una universidad tecnológica, una alternativa que continuó analizando ayer la comisión multipartidaria, que sesiona con frecuencia semanal.
Este ámbito, que fue convocado en el marco de los acuerdos educativos entre el presidente José Mujica y los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, elaboró el documento titulado Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica. Luego de redactar ese texto, siguió trabajando con el objetivo de profundizar los acuerdos para crear la ley orgánica de esa universidad que tendrá sede en el interior del país. La comisión está integrada por los colorados Robert Silva (Vamos Uruguay) y Fanny Arón (Propuesta Batllista), el blanco Enrique Martínez Larrechea, el independiente Javier Lasida y los diputados frenteamplistas Arregui y Sebastián Sabini (MPP).
Si bien hay acuerdo para mantener en reserva los detalles de las negociaciones, fuentes partidarias reconocen que “los avances han sido importantes” y que en breve “se tendrá pronto un proyecto”. El debate es lento y difícil, ya que cada vez que se llega a un acuerdo entre los participantes éstos deben acudir a los referentes partidarios para avalar las negociaciones. En este esquema la UTU que actualmente conocemos, autónoma o no, continuaría encargándose de los bachilleratos técnicos y con posibilidades de hacer convenios con instituciones de niveles superiores.