El presidente José Mujica aceptó la renuncia que el hasta ayer comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés, le presentó al Poder Ejecutivo. Hoy asumirá el contralmirante Ricardo Giambruno, de 56 años, que se venía desempeñando como director general de Material Naval. A la vez, el Poder Ejecutivo resolvió “pasar a disponibilidad” a los contralmirantes Federico Lebel y Manuel Burgos.

El cambio se realiza días después de que la fiscal del crimen organizado, Mónica Ferrero, pidiera nuevos procesamientos a integrantes de esta fuerza por las compras ficticias de la Armada, entre quienes se encuentra el ex comandante en jefe Hugo Viglietti, quien estuvo un mes al frente de la Armada, tras la renuncia de Óscar Debali por las operaciones fraudulentas que se habían descubierto.

En un comunicado que hizo público la Armada se señaló que la decisión de Caramés permitirá la llegada de “nuevos conductores que tomen el timón” de la fuerza, para que “con la impronta de cada uno, lleven a la Institución a buen puerto a partir de ahora y en el futuro”. Mujica destacó ayer la labor de Caramés y dijo que “su jefatura ha sido de transición en tiempos difíciles y le tenemos que tener ese reconocimiento”. “Con esta decisión entramos en una franja de superación”, sostuvo el presidente, que dijo que el comandante dio este paso para “dejarle las manos libres al Poder Ejecutivo para intentar procesar una suturación en materia de confianza dentro de este cuerpo”.

Mujica no eludió las operaciones fraudulentas de la marina y dijo que se trata de hechos que actualmente están en la órbita judicial, que “de ninguna manera están terminados” y que “desataron una circunstancia difícil dentro del cuerpo”. No obstante, vaticinó tener el “íntimo convencimiento” de que “la cadena se corta acá”.

Sobre el pase a disponibilidad de Lebel y Burgos, que no tendrán destino por el momento, Mujica se negó a declarar al respecto, alegando que se trató de “razones que son de confianza interna en el funcionamiento de la fuerza”.

Arena política

En la tarde de ayer, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, concurrió a la Comisión de Defensa del Senado para explicar los movimientos jerárquicos. El senador nacionalista Jorge Larrañaga dijo que la renuncia “causó sorpresa”, en tanto que su par Jorge Saravia (Partido Nacional) entendió que la carta de Caramés deja entrever que los últimos pedidos de procesamiento afectaron al comandante en jefe, al punto de que decidió pedir al pase a retiro.

Además, Saravia se refirió al pase a disponibilidad de Lebel y Burgos y cuestionó que “mientras Mujica dijo que con la decisión de hoy [por ayer] se ‘cortaba la cadena’, el ministro explicó en la comisión que el pase a disponibilidad de los contralmirantes se debió a que estaban a la derecha [eran más antiguos] que Giambruno y, por tanto, la idea era dejarle las manos libres para que armara su Estado Mayor de la Armada con gente de su generación”. Saravia cuestionó que Fernández Huidobro no explicó por qué se nombró a Giambruno y no a otro con mayor antigüedad, y también que “se pasó a disponibilidad a dos contralmirantes que estaban a su derecha, pero había otros a su derecha que no pasaron a disponibilidad”.

Según dijo, el ministro alegó que los que no pasaron a disponibilidad son de la misma generación que Giambruno y por tanto los va a tener en cuenta en la formación del Estado Mayor. “Son cosas que a uno le generan dudas y que no estuvieron muy claras”, resumió Saravia.

El orden de la derecha, según el ex ministro y actual presidente de la Comisión del Senado, Luis Rosadilla, era el siguiente: Lebel, Burgos, Gustavo Alonso, Giambruno y Daniel Núñez.

Según este senador, los pases a disponibilidad se enmarcaron en que “era un paso necesario para dejarle a Giambruno el camino para conformar un nuevo proceso”. En tanto, dijo que los demás contralmirantes no pasaron a disponibilidad porque “no están comprendidos en la decisión”. Luego explicó que 
Alonso tiene un año más de antigüedad que Giambruno y Núñez. “Esto es normal, pero en Uruguay se toma como una rareza. El poder político debe hacer estas cosas cuando entiende que es conveniente para el manejo de una fuerza. Es lo que marcan las normas y las buenas prácticas”, explicó Rosadilla.