“Uruguay ha mostrado gran paciencia en la negociación por el dragado, pero hoy la perdió”. Así resumía ayer el diario argentino La Nación la respuesta de la cancillería uruguaya a la decisión del gobierno argentino de detener las negociaciones y establecer una auditoría sobre la denuncia que apareció en medios de prensa uruguayos respecto de una presunta coima a favor de la empresa holandesa Riovia, encargada del mantenimiento del canal.
En la misiva de la cancillería uruguaya, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se expresa “preocupación” porque la decisión del gobierno argentino “pospone en el tiempo el cumplimiento de un cronograma para el dragado de profundización” del canal Martín García. “El señor ministro sabe que su interlocutor en los temas de la relación bilateral es el gobierno de la República Oriental del Uruguay y que del mismo no han salido ni dichos ni actuaciones que perjudicaran la misma en un marco de diálogo sincero y fructífero”, se señala en la carta.
Respecto de la auditoría solicitada por Timerman, la cancillería uruguaya propone que la lleven adelante el Tribunal de Cuentas en Uruguay y la Sindicatura General de la Nación en Argentina, y que tenga como plazo máximo para expedirse 60 días. El gobierno uruguayo también solicita a Argentina que se instrumente “a la brevedad” un concurso de precios para el mantenimiento del canal Martín García, “habida cuenta de la imposibilidad de cumplir ahora con el cronograma previsto para el pliego de obras del llamado a licitación”, y que se aprueben y pongan en conocimiento de la opinión pública las actas de las reuniones de la CARP. “La delegación uruguaya ha hecho las cosas muy prolijamente en la CARP, y todo figura en actas. Ahí queda muy clara la posición de la delegación uruguaya”, dijo a la diaria el embajador Julio Baráibar y acotó que con esto Uruguay “no busca provocar” sino “arreglar las cosas”. “Éste es un tema que ya se tendría que haber resuelto”, manifestó Baráibar y estimó que las razones expuestas por el gobierno argentino son “algo así” como una excusa para no concretar las negociaciones por el dragado.
La venganza será terrible
Estaba previsto que el canciller Luis Almagro asistiera hoy en régimen de comisión general al Parlamento, para hablar entre otros temas del dragado, pero el encuentro con la oposición se concretó antes. El canciller citó ayer a dirigentes del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para ponerlos al tanto de la situación. La comparecencia de Almagro al Parlamento se postergó para el 12 junio.
Al término del encuentro, el senador colorado Ope Pasquet, los senadores nacionalistas Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga, y los presidentes del Partido Independiente y del Frente Amplio, Pablo Mieres y Jorge Brovetto, coincidieron en que no hay “ninguna duda” acerca de la “honorabilidad” de la delegación uruguaya en la CARP ni de Almagro, ante las denuncias de corrupción. Las críticas recayeron sobre la actitud del gobierno argentino.
Pasquet y Heber calificaron como “inadmisible” el hecho de que se suspendan las obras “por denuncias que tienen origen en versiones periodísticas y que no han tenido hasta ahora ninguna formalización”. Mieres consideró que Argentina actúa con “mala fe” y Brovetto que la actitud de la cancillería del vecino país es “incomprensible” y “llama la atención”. “Uruguay tiene que decir basta a esta chicana permanente a la que nos está exponiendo Argentina. Ahora tenemos los puentes jurídicos cortados”, lamentó Larrañaga.
Los dirigentes opositores propusieron que no se apruebe el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina hasta que no se tenga “muestras acabadas de que el relacionamiento bilateral transita por un canal civilizado y no bajo el régimen de la prepotencia de algunos gobernantes de la República Argentina”, según señaló Larrañaga. “Mientras no se contemple el interés uruguayo, no vemos la razón de que se contemple el interés argentino”, evaluó Pasquet.
El proyecto de ratificación del acuerdo aún no ha ingresado al Parlamento. El diputado frenteamplista Alfredo Asti descartó no obstante que se postergue el tratamiento como una especie de represalia por esta situación. Señaló que hay que tener “muy claro” que este acuerdo no se aprueba por “presión argentina” sino porque el Foro de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE exige a sus miembros la firma de acuerdos de este tipo con socios relevantes. “Si Uruguay se declara país no cooperante, tendríamos problemas mayores con las inversiones”, advirtió el diputado.
También se mencionó durante el encuentro en cancillería la posibilidad de dragar en forma unilateral el canal. El dragado, de hecho, beneficia sobre todo a los puertos uruguayos, y para Uruguay es clave contar con el financiamiento de Argentina. El tratado del Río de la Plata prevé que para realizar obras de este tipo, un Estado debe consultar al otro. Si este último se opone a la realización de la obra y las partes no lograran llegar a un acuerdo, el tema se dirime en la Corte Internacional de Justicia. Baráibar apuntó que “lo ideal” es llegar a un acuerdo para el dragado conjunto.
