El embajador itinerante Julio Baráibar presentó renuncia a su cargo el miércoles, a raíz de declaraciones a Radio Uruguay en las que admitió que el gobierno disponía de información respecto a un presunto intento de coima a funcionarios de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para el mantenimiento del canal Martín García. Esto motivó una comunicación telefónica entre los cancilleres de Argentina y Uruguay, Héctor Timerman y Luis Almagro, donde el primero le expresó al segundo su molestia por las declaraciones del embajador.
Hasta ahora, el presidente José Mujica no ha aceptado la renuncia de Baráibar. Ayer el primer mandatario dijo al programa Buscadores, de Televisión Nacional, que “no sabe” si aceptará la renuncia, ya que el embajador es “una garantía” y “un hombre bárbaro”. “Es muy doloroso; generó un episodio bien complicado por algo que había escuchado y luego se dio cuenta y renunció. Quiero estar muy descansado, sereno y tranquilo para estudiar qué voy a hacer”, había dicho el primer mandatario ayer a Búsqueda. Y había agregado: “Considero que fue un error de confianza de Julio. En términos concretos, yo no conozco ninguna licitación importante que no esté plagada de acusaciones, reproches, manejo de posiciones turbias. Siempre pasa y estoy aburrido de sentirlo. Compañías que pugnan por grandes licitaciones casi tienen estipulado ofrecer comisiones. Pero repito, no tengo ningún elemento material concreto que pueda afirmar nada. Y todo puede ser una habladuría, porque los que pierden siempre se quejan”.
Desde cancillería informaron a la diaria que la decisión respecto a la renuncia recién se tomará la semana próxima, y que mientras tanto Baráibar no está concurriendo al ministerio ni a la Torre Ejecutiva. Respecto a los cuestionamientos surgidos contra el canciller Luis Almagro por no haber informado que estaba al tanto del hecho y no haberlo denunciado ante la Justicia, desde cancillería se consideró que el que se equivocó fue Baráibar y el ministro no tiene previsto por el momento aclarar nada. “Si te ponés a aclarar, a veces se puede complicar más”, apuntaron.
En cuanto a la situación en materia legal, el artículo 177 del Código Penal establece que los funcionarios públicos están obligados a denunciar delitos en caso de que conozcan su existencia, y los que no lo hicieren pueden ser castigados con una pena de tres a 18 meses de prisión. No obstante, desde cancillería se entiende que en este caso la Justicia uruguaya no tiene competencia, ya que la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) tiene sede en Argentina y los hechos se produjeron allí.