El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que no era “demasiado optimista” acerca de la probabilidad de una discusión “seria y meditada” del conjunto de iniciativas que iban a anunciarse con la intención de mejorar la convivencia y la seguridad. Por supuesto, cabe aguardar que, ante un paquete cuyo contenido incluye legalizar la venta de marihuana por parte del Estado, los medios de comunicación nacionales e internacionales destaquen hoy ese componente, como lo habían hecho ayer al adelantar información, y que gran parte de los debates se refiera a ese punto. No es para menos, por la relevancia de la novedad y porque, si bien ya había comenzado el trámite parlamentario de proyectos para legalizar el autocultivo de cannabis, y algunos sectores políticos tienen posición tomada sobre la cuestión desde hace años, esta movida del Poder Ejecutivo, de distinta índole, se produjo bastante de golpe (o “de golpe y porrazo”, si se prefiere para incluir un toque de humor).

Los lectores sabrán comprender que no es posible analizar aquí con profundidad todo lo que se anunció ayer, por razones relacionadas con la disponibilidad de espacio y de tiempo (fue poco el que medió entre la conferencia de prensa, iniciada con bastante retraso, y la hora en que debíamos cerrar esta edición), y también porque aún no se conocen detalles de las medidas y proyectos que, según se dijo, van a comenzar a ser difundidos en estos días. Van apenas, entonces, algunas apreciaciones preliminares y generales.

En primer lugar, es preciso destacar que el Ejecutivo hizo un esfuerzo por ir más allá del inmediatismo y trazar una “estrategia por la vida y la convivencia” (tal es el título del documento de 20 páginas que se dio a conocer ayer). Habrá que considerar cada propuesta cuando se presente, y es posible que más de una sea modificada, en el proceso parlamentario (para las que serán proyectos de ley) o a partir del debate social, pero la intención de producir un enfoque integral y a largo plazo es importante por sí misma.

Más allá de la opinión que a cada uno le pueda merecer la lógica difusa del mensaje que el presidente de la República dirigió anteayer a la ciudadanía, por cadena de radio y televisión, en este primer escalón de su descenso a tierra se nota, con satisfacción, una voluntad de abarcar aspectos diversos -y complementarios- de los procesos que conducen al aumento de la violencia y la devaluación de la vida humana.

No es poca cosa, por ejemplo, que se amplíe el foco habitual en algunos hechos violentos para incluir otros de notable incidencia negativa, como los que ocurren en el ámbito doméstico o en el tránsito; que se prevean un sistema de reparación a víctimas y un plan de promoción de la convivencia de calidad en espacios públicos; que entre los delitos que se propone prevenir y castigar con más rigor estén los de corrupción policial; que se restablezcan los juzgados de faltas, aliviándolos de la consideración de episodios irrelevantes; que se busque fortalecer al Ministerio Público y a los juzgados; que se apueste a la mediación o (por último pero no con menor importancia) que se reconozca la insuficiencia de la explicación de las causas de la criminalidad que ha predominado durante décadas en la izquierda. Todo eso aporta para “construir comunidad”, como dice en el documento.

Y sí, también se propondrá legalizar y estatizar la venta de marihuana. Pero hay que estar bajo el efecto de alguna droga más fuerte que ésa para creer que tal medida es la más trascendente de las anunciadas.