En conferencia de prensa, ayer los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, y de la Federación Rural del Uruguay (FRU), Miguel Sanguinetti, recomendaron a los productores asociados a estas gremiales impugnar el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) por “tener claros vicios de inconstitucionalidad”. Bonica dijo que para la ARU “hay motivos técnicos y jurídicos más que suficientes” para hacer esta recomendación, y recordó que solamente pueden presentar recursos los productores afectados por la ley y que aquellos que no lo hagan no serán beneficiados si la impugnación resulta favorable.
Por su parte, Sanguinetti comentó que tras un tiempo de trabajo con la ARU en el tema se decidió “dar a los productores las herramientas para que se defiendan”. Entre los argumentos para presentar el recurso Sanguinetti dijo que el ICIR va contra el artículo 297 de la Constitución porque “viola la potestad tributaria de las intendencias”, y que también quiebra “los principios de legalidad e igualdad ante la carga tributaria”.
Luego explicó que los productores deben presentar los recursos en forma individual ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que puede resolver por mayoría simple y cuya sentencia es inapelable. Bonica agregó que “la lucha política ya se dio” cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley en el Parlamento y ahora se trata de un tema “meramente técnico y jurídico”, por lo que “nos gustaría escuchar” la opinión de la SCJ. Se espera que “frente a una avalancha de impugnaciones” y una opinión de inconstitucionalidad de la SCJ el Parlamento “pueda derogar la ley”, afirmó Bonica.
En cuanto a la afirmación de que el ICIR significa una “puerta de entrada a nuevos cambios en las reglas de juego”, Sanguinetti explicó que cuando asumió este gobierno, en una reunión entre todas las gremiales y el presidente José Mujica, el mandatario “nos dijo que no iba a haber cambios impositivos, pero de un día para el otro apareció con esto”. “No queremos más impuestos y hemos escuchado muchas voces que dicen que esto es lo primero para probar a ver qué pasa”, agregó Sanguinetti.
Ni la ARU ni la FRU manejan información sobre la cantidad de productores que deberán pagar el impuesto, ya que depende de lo que establezca la reglamentación. La información a nivel del Poder Ejecutivo es que existen entre 1.200 y 1.500 productores con más de 2.000 hectáreas índice Coneat 100 o equivalente, que deberían pagar. Según Bonica, la ARU mantuvo contactos con el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, para poder intercambiar opiniones en la redacción de la reglamentación, pero la elaboración del decreto quedó en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Hasta ayer se habían presentado cuatro recursos ante la SCJ, pero uno fue retirado. Las acciones que permanecen en trámite son las presentadas por la empresa forestal Guanares SA, la arrocera Casarone Agroindustrial SA y un propietario que lo hace a título personal, estos últimos dos con el asesoramiento del doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, abogado constitucionalista y vicepresidente de la República entre 1990 y 1995 por el Partido Nacional. En abril, la FRU recibió a Aguirre para que expusiera los argumentos esgrimidos en las impugnaciones que patrocina. El recurso que fue retirado pertenecía a la firma Farolur SA (Complejo El Talar de Punta del Este), propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y la aerolínea BQB.
Según explicó el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, el trámite de estos recursos se encuentra en etapa de emplazamiento, es decir, en la notificación de la demanda a todas las partes interesadas, en este caso el Parlamento, los gobiernos departamentales, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión Sectorial de Descentralización, que coordina la OPP e integran delegados de varios ministerios y del Congreso de Intendentes, que pueden presentar sus descargos. Posteriormente el trámite pasa al fiscal de Corte, luego se revisa la jurisprudencia “para ver casos similares” y recién después pasa a estudio de los magistrados de la SCJ.
Si bien en la ARU la posición contra el ICIR es homogénea entre sus socios, fuentes de la FR afirman que dentro de esa gremial la situación es diferente. Hay pequeños productores que no solamente no serían afectados por el impuesto sino que además “se manifiestan a favor”.
Por su parte la Comisión Nacional de Fomento Rural, gremial que nuclea a pequeños y medianos productores, ha apoyado al ICIR desde su creación. Además del partido de gobierno, el ICIR es defendido en bloque por el Congreso de Intendentes, integrado por jefes comunales del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado.
