El martes 12, José Morales Brum, un uruguayo radicado desde hace diez años en Lanzarote (Islas Canarias), fue expulsado de territorio español y trasladado bajo custodia policial a Montevideo por una decisión de la Delegación de Gobierno de España en Canarias.

En abril se le había abierto un expediente por alteración del orden público tras su participación, en febrero, en una concentración contra el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, a raíz de la autorización a la petrolera Repsol para que realice prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote. Sin embargo, José Morales explicó a la diaria que la imputación carece de fundamento porque “la concentración se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin disturbios ni detenciones”.

Morales, de 42 años, es técnico industrial y llegó a Canarias en 2002. Allí consiguió trabajó y tuvo una hija. También se vinculó a la actividad sindical y a dar apoyo a distintos movimientos sociales. En julio de 2011 había participado en una concentración en apoyo al pueblo saharaui, en la que fotografió a un policía infiltrado que sacaba fotos a los manifestantes. Morales cuenta que el hecho generó la respuesta del policía, que sacó un arma y le arrebató la cámara. A partir de ese incidente, Morales fue denunciado y esto le generó su primer expediente de expulsión, finalmente cancelado en enero de este año.

Luego de la manifestación contra Repsol, la Policía denunció a siete personas; los no inmigrantes fueron sancionados con una multa económica, pero a Morales se le abrió un nuevo expediente de expulsión. El 21 de mayo se le comunicó que la delegación de gobierno había decidido expulsarlo, a lo que presentó nuevos recursos judiciales de apelación. Por ese proceso, Morales debía presentarse periódicamente en la comisaría local a la que acudió el martes para “firmar”. Sin embargo, esta vez se le comunicó que la delegación de gobierno había decidido expulsarlo. El uruguayo denunció que no le fue permitido hablar con su abogado, con el consulado uruguayo ni con su familia y que fue trasladado primero a Madrid y luego a Montevideo, atado de manos y pies, con cinta plástica y bajo una fuerte custodia policial. En ningún momento se le entregó documentación que certifique su salida de España, tampoco se le selló el pasaporte y recién en Montevideo, luego de ser entregado a Interpol, quedó en libertad.

Morales explica que, además de tener una hija española a su cargo, tiene “toda la documentación en regla”, permiso de trabajo, residencia, fuertes vínculos “de arraigo” con Canarias y carece de antecedentes penales, lo que lo convertiría en el primer inmigrante expulsado de España en estas condiciones. Por otra parte, la vía administrativa del proceso en lo contencioso estaba abierta y “la delegación de gobierno no puede expedirse de forma unilateral”, agregó.

Todo legal

Por su parte, el español Xesús Gómez Miño, radicado en Uruguay desde 2004 y que trabaja en la Plataforma de Apoyo a los Inmigrantes Uruguayos, explicó que junto con el PIT-CNT se solicitó una entrevista urgente al embajador español en nuestro país, Roberto Varela. Además, la abogada de Morales presentó recursos ante la delegación de gobierno de Canarias, el gobierno central de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo). También se hizo un pedido de explicaciones al Ejecutivo desde el Parlamento español, presentado por el bloque parlamentario de Izquierda Unida, y al que se sumaron otros partidos.

El objetivo de estos apoyos es “devolverlo” a Canarias, que pueda reencontrarse con su hija y volver a su vida normal, señala Gómez. La situación es inaceptable porque esto representa un antecedente del recrudecimiento de la Ley de Extranjería, y a Morales “lo están condenando por su reconocido compromiso social”, agrega.

Morales es además militante del Partido Comunista del Uruguay en España. La organización emitió un comunicado en el que denuncia que “el fondo” de la expulsión está en las “actividades que realizaba” Morales en “defensa de la migración y de la causa de la libertad del pueblo saharaui”. “Vemos detrás de esta expulsión la criminalización al migrante para que no participe, incida y resuelva en el lugar que reside”, agrega el comunicado, del cual se elevó una copia al FA “para que curse todas las actuaciones pertinentes, tanto políticas como parlamentarias o diplomáticas”. Alicia Esteller, de la directiva de Idas y Vueltas, asociación de familiares y amigos de migrantes, coincidió en que la situación de Morales “no tiene antecedentes”, porque se trata de una persona que estaba en forma “totalmente legal” en España. “Es un hecho discriminatorio”, que seguramente se deba a “su militancia”, concluyó.