El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina respondió ayer con un comunicado algunas de las conclusiones que surgen de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) respecto de la actuación de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en el proceso de mantenimiento del canal Martín García. En realidad, el comunicado responde a las versiones de prensa sobre el informe del TCR, ya que en ningún momento se refiere a la auditoría sino a artículos de prensa. El gobierno argentino también publicó su propia auditoría, realizada por la Sindicatura General de la Nación (SGN), dependiente de Presidencia.

Acerca de las dudas planteadas por el TCR sobre la regularidad de los procedimientos para otorgar la prórroga a la empresa Riovia en febrero (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/7/corriente-a-favor/), la cancillería argentina comenta que “llama la atención que los auditores uruguayos, según dicen los medios de prensa, hablen de sus dudas respecto del procedimiento cuando despejarlas fue la razón de la convocatoria a que realicen su investigación”. “Con respecto a dichas dudas, la posición argentina es que las develen lo antes posible, a menos que todo sea parte del interés de evitar el diálogo fraterno que la Argentina desea construir con la República y el pueblo uruguayo”, advierte la cancillería del vecino país.

En cuanto a los episodios denunciados por el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, que podrían suponer eventuales sobornos a favor de Riovia -hechos que se relatan en la auditoría del TCR-, la cancillería argentina se limita a señalar que “sólo resta recordar que el gobierno uruguayo, a través del canciller Luis Almagro y el mismo embajador Francisco Bustillo, en ocasión de su comparecencia a informar al Senado de Uruguay el 13 de junio pasado, desmintió las versiones sobre los supuestos hechos de corrupción”.

Sobre las presuntas demoras en el otorgamiento de la prórroga, que a juicio del TCR fueron incentivadas por la delegación argentina y terminaron favoreciendo a Riovia, la cancillería del vecino país sostiene que “es falsa la afirmación respecto a que las supuestas demoras responderían a que la Argentina pretendería retrasar el dragado del canal Martín García para favorecer al canal argentino Emilio Mitre”. Según el gobierno encabezado por Cristina Fernández, esto “contrasta con el hecho irrefutable de que el canal binacional Martín García es utilizado mayoritariamente -en más del 80%- por buques que tienen como destino a puertos argentinos”. “La Argentina será el país más beneficiado por dicha profundización a pesar de las infundadas creencias de ciertos políticos uruguayos de que la Argentina obtendría amplias ventajas con un canal de menor dragado”, se afirma.

Descriptivo

En cuanto a la auditoría realizada por la SGN y publicada ayer por la cancillería argentina -pese a que estaba concluida desde el miércoles de la semana pasada, según consta en el propio informe-, el objeto de análisis fue el mismo que el del TCR: determinar si la prórroga cumplió con el contrato de concesión y si el precio fijado en esa instancia fue “razonable”.

El informe de la SGN consiste en una descripción de los pasos que se dieron para otorgar la prórroga a Riovia y las variables que se consideraron para fijar un incremento del precio que la empresa venía cobrando por el mantenimiento del canal. En ningún momento menciona los dos episodios presuntamente irregulares relatados por Bustillo.

La auditoría del gobierno argentino informa que, para aceptar la prórroga, Riovia entendió que debía haber un cambio en la forma de ajustar el precio. Hasta ese momento el contrato se había reajustado anualmente tomando en cuenta información estadística del Fondo Monetario Internacional, y para esta última prórroga se cambió la forma de ajuste. La SGN argumenta que este cambio se ajustó a las normas. Recuerda que el pliego para la concesión preveía que si “por circunstancias extraordinarias, imprevisibles según el orden natural de las cosas, se hubiesen alterado en perjuicio de alguna de las partes las condiciones que razonablemente pudieron haber sido tenidas en cuenta al contratar, en tal medida que la continuación del contrato le resultase ruinosa, la parte afectada podrá pedir a la otra la suspensión o la prórroga de la concesión o la revisión de los términos pactados, en la medida que sea necesaria para restablecer el equilibrio económico financiero del contrato”.

Riovia pretendía que se le pagaran 1.375.000 dólares mensuales y la CARP entendía que debía pagarle 1.157.702. Finalmente, en una reunión “informal” entre las delegaciones de Argentina y Uruguay con la empresa, continúa detallando la SGN, se acordó fijar el precio en 1.262.500 dólares mensuales, lo que supuso un incremento de 24% respecto de lo que estaba cobrando la empresa. La cancillería argentina hace su interpretación de este hecho en el comunicado emitido ayer: “La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares [respecto del precio que reclamaba la empresa]”, sostiene. El procedimiento informal que se siguió para llegar a este precio final también fue mencionado en la auditoría del TCR, que advirtió que el acuerdo con la empresa fue “predominantemente político”.

La SGN concluye que la actuación de la CARP se ajustó a las normas que la rigen y a las cláusulas del contrato firmado con Riovia. Estima además que el precio fijado para la prórroga fue “razonable” según “los criterios de actualización aplicados”. Éstos se basaron “exclusivamente en variaciones de índices generales (precios mayoristas) y particulares (combustibles y lubricantes y nivel general de salarios y compensaciones del sector público y privado) de la República Oriental del Uruguay, que habrían impactado, de acuerdo con la información suministrada, en algunos componentes del precio, y así, en la ecuación económica financiera del contrato”.