El Poder Ejecutivo envió anoche al Parlamento el proyecto de ley que plantea la liquidación de Pluna SA basado en su situación de “insuficiencia patrimonial”, su imposibilidad de acceder a la liquidez y la carencia de financiamiento. La iniciativa ingresará hoy al Senado, se discutirá en la comisión bicameral de Transporte y se estima que se aprobará el jueves, en una sesión extraordinaria de la cámara alta. La próxima semana se tratará en la Cámara de Diputados.
Otros tiempos
El ex ministro de Transporte Víctor Rossi, quien en 2006 -junto con el entonces ministro de Economía, Danilo Astori- promovió la asociación de Pluna con Leadgate, dijo ayer a la diaria que se hace responsable “de lo que se hizo” en el anterior período de gobierno, pero recordó que en 2011, cuando se festejaron los 75 años de la empresa, “hubo un acto en el aeropuerto y se dieron cifras, tanto las autoridades de Pluna como el gobierno, de lo que había crecido y mejorado Pluna”. “Después de eso, trajo los seis aviones nuevos, tomó más personal y se planteó una ofensiva que indudablemente tuvo problemas; fracasó”, indicó.
Si bien se reconoce que la ley 18.387 de Declaración Judicial de Concurso fue modificada recientemente, el proyecto indica que “la especificidad de la situación planteada impone la necesidad de facilitar el aceleramiento de etapas en atención a la urgencia que la realidad marca”, por lo que es necesaria una ley. La exposición de motivos explica que se busca exceptuar a Pluna de “ciertas inhibiciones propias y naturales del procedimiento concursal” y crea un fideicomiso que adquirirá los activos de Pluna SA de los que el Estado fue garantía al momento de la compra, es decir, siete de sus 13 aviones. El fideicomiso tiene un plazo de 60 días para subastar extrajudicialmente dichos bienes, “con una base equivalente al monto de los pasivos de Pluna que hubieran sido asumidos”, es decir, la deuda que todavía se tiene con el Scotiabank por la compra de esos aviones, de 136 millones de dólares, según se manejó ayer en el Consejo de Ministros.
El comprador en esa subasta “podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo asignadas anteriormente a Pluna, sujeto a la incorporación de trabajadores de Pluna, así como la asunción de otros pasivos de Pluna asumidos o garantizados por el Estado”, o sea, las deudas que tiene con ANCAP y el Banco República. En ese caso, el Ejecutivo también podrá acordar “las garantías para el financiamiento” con ese inversor. Pero el proyecto también plantea la salida en caso de que no haya ofertas en la subasta. Si es así, el Ejecutivo puede negociar directamente con otros privados la transferencia de los aviones, la concesión de las frecuencias de vuelo y la asunción de otras deudas, siempre sujeto a la incorporación de trabajadores de Pluna. En caso de que el privado no asuma todas las deudas, el Ejecutivo puede entonces participar en la nueva empresa con hasta 25% de las acciones.
El proyecto también faculta al gobierno a transferir recursos al fideicomiso para que éste asegure el mantenimiento de los aviones (los siete comprados y los seis adquiridos por leasing) y habilita a que un grupo de trabajadores siga trabajando en las condiciones actuales para eso.
El artículo 8 del proyecto crea el Fondo de Adelantos de Créditos Laborales de Pluna (FACLP), que será administrado por tres representantes del Ejecutivo y dos del PIT-CNT, y tendrá como objetivo brindar durante los seis meses en los que los cerca de 650 trabajadores de la aerolínea cobren el seguro de paro, un complemento con el que igualarán el sueldo que tenían. Esos recursos serán aportados por Rentas Generales, por un máximo de 84 millones de unidades indexadas (actualmente, unos diez millones de dólares). Los trabajadores cederán a ese fondo los créditos laborales, que se cobrarían luego de todo el proceso de la subasta.
Según explicaron integrantes del Consejo de Ministros y dirigentes del PIT-CNT, fundamentalmente las de los pilotos y los encargados de mantenimiento son puestos “codiciados” por las aerolíneas de la región y existen riesgos de que el personal no se mantenga disponible para cuando, se espera, se cree la nueva línea aérea.
Sensatez y sentimientos
Los trabajadores de Pluna se reunieron ayer de mañana en la sede del PIT-CNT, y desde allí fueron hacia la Torre Ejecutiva, donde coincidieron en sus reclamos con decenas de personas que habían comprado pasajes en la aerolínea. Dentro del edificio los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, explicaban a la prensa los contenidos del proyecto, que será enviado hoy al Parlamento. Señalaron que la decisión de liquidar Pluna fue “dolorosa” y enfatizaron que la empresa “no disponía de dinero ni tenía quién se hiciera cargo de firmar cheques que se sabía que eran sin fondos”. Lorenzo destacó que si se hubieran transitado los caminos del trámite concursal común “recién en un plazo de 120 días podríamos estar recuperando” las garantías de los siete aviones y tampoco se hubiera podido adelantar el pago de los créditos laborales.
Pintado aseguró que la subasta de los aviones, sumada a la posibilidad que tiene el comprador de adquirir las frecuencias y recurrir a “trabajadores disponibles”, es un paquete atractivo para los inversores, pero no se arriesgó a suponer qué pasará, recordando el antecedente de la subasta de la segunda Terminal de Contenedores, que resultó desierta. En la tarde los ministros concurrieron a la Mesa Política del Frente Amplio, que respaldó la actuación del gobierno, y más tarde se reunieron con los senadores oficialistas. Allí se transmitió que el proyecto ingresaría hoy al Senado y que se ampliarían los tiempos para su tratamiento.
El directorio del Partido Nacional (PN), así como el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, analizaron ayer la situación. En el CEN se planteó que los colorados acompañarían el cierre de la empresa si el oficialismo accede a crear una comisión investigadora para profundizar en los motivos. En el PN, el senador Jorge Larrañaga adelantó que propondrá no votar el proyecto que, de todas formas, puede ser aprobado por mayoría simple.
Ayer, durante el Consejo de Ministros, el presidente José Mujica planteó que “no quiere monopolio” para la nueva línea aérea, sino que prefiere que las conexiones -fundamentalmente con Argentina- operen en competencia, según manifestaron a la diaria participantes de la reunión. También Mujica y varios ministros plantearon la necesidad de desarrollar una política de transporte nacional, con rol protagónico del Estado, para asegurar la conectividad del país.