El fin de semana los ministros de Economía y Transporte, Fernando Lorenzo y Enrique Pintado, trabajaron en la elaboración del proyecto de ley que hoy se discutirá en el Consejo de Ministros. El texto habilitará la liquidación de Pluna SA y permitirá que el Estado, en tanto fue garantía de su compra, pueda rematar siete aviones de la aerolínea y al mismo tiempo realizar un llamado a interesados en operar una nueva aerolínea de bandera nacional, sin participación estatal. Por la compra de los siete aviones todavía se deben 135 millones de dólares al Scotiabank. Los restantes seis aviones de la compañía fueron adquiridos bajo leasing, y se buscará devolverlos. Junto con los siete aviones se subastará la habilitación de las frecuencias aéreas.

Según informaron a los legisladores de la oposición el jueves y viernes los ministros Pintado y Lorenzo, se estima que la base de la subasta sería de 150 millones de dólares, lo que permitiría a Scotiabank saldar su deuda y pagar los créditos laborales a los cerca de 900 trabajadores de Pluna. Con cargo para el Estado se mantendrán la deuda de la aerolínea con el Banco República (de unos 16 millones de dólares) y con ANCAP (de 27 millones de dólares).

En relación a los trabajadores, el proyecto de ley buscará habilitar los recursos presupuestales para adelantarles el pago de sus créditos laborales. Entre 650 y 700 de los funcionarios de Pluna serán enviados al seguro de paro, pero, con el objetivo de mantener sus ingresos, en las reuniones del fin de semana entre los sindicatos de trabajadores de la compañía, el PIT-CNT y el Ejecutivo, se previó complementar lo que reciben del seguro con el pago adelantado de los créditos laborales. Además, el llamado a interesados para operar la línea de bandera nacional se condicionaría a que la nueva empresa tome como trabajadores a los ex funcionarios de Pluna, para lo que se conformará una bolsa de trabajo.

Un pequeño grupo de trabajadores de la aerolínea son funcionarios públicos y volverán a su cargo que se mantenía en reserva; y otro pequeño grupo se mantendría empleado para asegurar el mantenimiento de los aviones. Los restantes trabajadores son empleados en el exterior.

Otro de los puntos que podría incluir el proyecto de ley sería la eliminación de Pluna Ente Autónomo. Para este punto se requieren dos tercios de los votos de las cámaras legislativas.

PReclamos

Ayer el senador colorado Pedro Bordaberry contradijo uno de los argumentos que el gobierno manejó para tomar la decisión de liquidar la empresa. En las reuniones con la oposición los ministros Lorenzo y Pintado explicaron que existe el riesgo de que 7.000 trabajadores de la ex Varig, asociada con Pluna entre 1995 y 2005, ganaran sus juicios laborales ante la Justicia brasileña y llegaran contra Pluna demandas por 3.500 millones de dólares. Bordaberry dijo a El País que pidió documentación al estudio de abogados de Pluna en Brasil que señala que son 216 trabajadores los que reclaman, por un monto total de 50 millones de dólares, que podrían terminar siendo 15 millones luego de las apelaciones. Según el senador, “el gobierno buscó una excusa en lugar de asumir que tiene deudas y trabajar en las soluciones”.

El senador nacionalista Carlos Moreira también tiene dudas respecto de este argumento. Explicó que ayer recibió por parte del gobierno un informe jurídico de octubre de 2011 dirigido a las autoridades de Pluna Ente Autónomo, que menciona la existencia de 32 demandas laborales, algunas de las cuales fueron desestimadas. “Me parece extraño que 7.000 trabajadores de Varig puedan demandar contra Pluna, que era un piojo en el ámbito de Varig”, consideró Moreira, que dijo que hasta el momento no creen que esto haya motivado “una medida tan rotunda y acelerada, que dejó a un pueblo sin poder volar”. “No tenemos elementos como para pensar que era absolutamente imprescindible hacerlo, tendrán que demostrarlo”, afirmó el legislador.

El diputado Iván Posada, por su parte, recordó que en la reunión los ministros informaron que según la interpretación de la Justicia brasileña los trabajadores “de cualquier empresa pueden accionar contra la empresa o contra el grupo económico”, y consideró que el gobierno explicó la medida resuelta sobre la base de “un cúmulo de factores, no sólo este riesgo contingente”. Posada dijo que el Partido Independiente “tiene la mejor buena voluntad” para habilitar una salida “que permita la creación de una compañía aérea privada y que una parte de los trabajadores pueda incorporarse”. La Mesa Política del Frente Amplio y la bancada de legisladores, en tanto, recibirán hoy al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que explicará el proyecto de ley.

Mientras, el gobierno anunció que se hará cargo de aquellos que hayan comprado pasajes de Pluna por intermedio de agencias de viaje, y si bien habilitó a BQB y a Sol para realizar el puente aéreo con Buenos Aires, la autoridad aeronáutica argentina habilitará las frecuencias sólo si su aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, no puede cumplir con la demanda.