La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) resolvió ayer no hacer lugar al pedido del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) para conformar una comisión investigadora parlamentaria por el tema Pluna. En cambio, la preinvestigadora, con mayoría oficialista, resolvió recomendar a la Cámara de Senadores, que se reunirá hoy para tratar el tema, el envío de los antecedentes de las discusiones parlamentarias a la Justicia, con información a partir de 1995, cuando se concretó la asociación de Pluna con Varig. También sugirió elevar todos los antecedentes del caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Oportunidad

Luis Vizcaino, dirigente del sindicato de Candysur, empresa que brinda servicios de tierra en el aeropuerto de Carrasco, denunció que esta compañía “aprovechó” la situación generada por el cierre de Pluna para concretar 40 despidos y 25 envíos al seguro de paro. “Se nos iba a dar una lista con los despidos y los enviados a seguro de paro, pero no entregaron nada y el sábado de mañana habían despedido a la gente”, explicó. Hoy las partes se reunirán en la Dirección Nacional de Trabajo. En la tarde el gremio realizará una asamblea en el estacionamiento del aeropuerto y, en caso de no llegar a un acuerdo con la empresa para evitar los despidos, evaluará la posibilidad de cortar la entrada a la terminal.

El único sector que manifestó en la bancada su posición favorable a conformar la comisión investigadora parlamentaria fue el Partido Socialista (PS), pero al ver que quedaba solo en su postura llegó a un acuerdo con la mayoría. “Entendimos que es mucho más radical la Justicia. Acá, o se quiere hacer teatro político y que no pase nada, o se quiere ir a fondo”, comentó el senador socialista Daniel Martínez. Previo a la decisión adoptada ayer por la bancada, Mujica y la presidenta del FA, Mónica Xavier, habían manifestado, según informó el diario La República, su voluntad de que la investigación se canalizara en la Justicia y no en el Parlamento.

El senador frenteamplista Luis Gallo (Asamblea Uruguay) explicó que la decisión de no acompañar la creación de la investigadora no se debe a que “no tenga entidad ni seriedad la denuncia del senador [nacionalista Carlos] Moreira”, sino a que hay “un problema formal”. Apuntó que la normativa que reglamenta las investigadoras excluye del objeto de estudio de estas comisiones a las personas de derecho privado. “Y como la denuncia es contra Pluna SA, hay un problema formal”, alegó Gallo. Respecto de la decisión del gobierno de elegir a Leadgate como socio, el senador consideró que ya hay un fallo de la Justicia que se pronunció sobre el proceso de elección de Leadgate por medio del intermediario financiero Ficus Capital, archivando el caso.

Otro argumento que esgrimió la bancada oficialista es que en la investigadora parlamentaria “puede darse un tiempo largo de discusión” y que “es necesario acortar los tiempos”. “Queremos que todo esto quede claro”, aseguró Gallo.

La oposición reaccionó inmediatamente ante la decisión del FA, en declaraciones a la prensa, comentarios en las redes sociales y durante la sesión de la Cámara de Diputados que dio sanción definitiva al proyecto de ley que acelera la liquidación de Pluna. El presidente del Directorio del PN, Luis Alberto Heber, se mostró de acuerdo con ampliar la denuncia penal pero calificó de “complicidad” la decisión del FA de inhabilitar la investigadora parlamentaria, y evaluó que se busca tapar “responsabilidades políticas”. El senador colorado Pedro Bordaberry manifestó en su cuenta de Twitter que a la Justicia le compete investigar las responsabilidades penales y al Parlamento, las responsabilidades políticas. De todos modos, apuntó que “es lógico” que “el FA no quiera que se hable de Campiani, Rossi, Astori, Vázquez, y busque hablar de otra cosa”.

En defensa propia

Al cierre de esta edición continuaba el debate en la Cámara de Diputados, que tenía un final previsible: el FA decidió aportar todos los votos de su bancada para la aprobación del proyecto de ley que, entre otras cuestiones, dispone la subasta de siete aviones de Pluna, habilita al Estado a negociar las frecuencias aéreas que operaba la empresa y adelanta los créditos laborales a los trabajadores. La oposición sólo pensaba votar los artículos referidos a los empleados de la empresa.

Durante la sesión, tanto el oficialismo como la oposición quisieron colocarse en el lugar de defensores de los trabajadores de Pluna. Blancos, colorados e independientes denunciaron las responsabilidades de los dos gobiernos del FA en el proceso de asociación con Leadgate, mientras que los frenteamplistas ironizaron sobre la postura de la oposición en defensa de los trabajadores cuando sus gobiernos dejaron “un cementerio de fábricas y talleres”, según señaló Óscar Groba (Espacio 609).

El diputado nacionalista Jorge Gandini opinó, al igual que lo hizo Bordaberry en una columna, que el objetivo del proyecto es lograr que el Estado cobre sus deudas antes que otros acreedores y que los trabajadores, “afectando el Estado de derecho” y violando la ley de concursos, que dispone que el Estado, como socio minoritario con 25% de las acciones, debe ser el último en cobrar en caso de liquidación de la empresa. Bordaberry apuntó que con esto se está perjudicando “a los trabajadores y al pueblo”.

En el Consejo de Ministros de ayer se ironizó sobre este tipo de afirmaciones. “Se dice que se está privilegiando el interés del Estado por encima del de los ciudadanos, y en realidad cuando se privilegia el interés de ANCAP y del Banco República -dos de los acreedores de Pluna- se está privilegiando el interés de los ciudadanos”, manifestó un asistente a la reunión.

Mujica abrió el encuentro pidiendo a sus ministros que salgan “fuerte” a desmentir afirmaciones falsas que se hicieron respecto de Pluna, por ejemplo, que había 70.000 damnificados por la compra de pasajes cuando el número es mucho menor, y la deuda con esas personas no llegaría a los ocho millones de dólares. Además, según informó la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, ya se solucionaron los casos de aquellos que compraron pasajes por intermedio de agencias de viaje. Los ministros Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) y Enrique Pintado (Transporte y Obras Públicas) brindaron informes sobre la situación de Pluna e insistieron en que existía “un riesgo cierto” para la aerolínea de tener que abonar cientos de millones de dólares por los juicios laborales entablados por ex trabajadores de Varig a la empresa, teniendo en cuenta que la Justicia brasileña consideró que Pluna y Varig conforman un mismo grupo económico.

En tanto, la Mesa Política del FA volvió a respaldar ayer las acciones del gobierno y de la bancada oficialista.