“Si 60% de la población no entiende la iniciativa [para legalizar la venta de marihuana] nos vamos al mazo”, dijo Mujica ayer en Soriano. Difícilmente se puede disociar su afirmación de los datos que arrojó la encuesta elaborada por la empresa Interconsult, que marcó que 60% de los uruguayos se opone a la iniciativa del gobierno. “No se pueden hacer las cosas a prepo, ésta es una batalla que no es de frenteamplistas, blancos y colorados, es de la nación entera”, sostuvo Mujica. Afirmó que está sorprendido por las repercusiones internacionales que tuvo el anuncio. Insistió en que debe haber un “debate abierto en toda la sociedad, libre de todo prejuicio” sobre el tema y recordó que en Uruguay siempre existió el consumo de drogas. “Los grandes poetas, [Julio] Herrera y Reissig y ésos, se daban la papa. Era una cosa bien vista en la alta sociedad”, graficó.
En tanto, ayer se aprobó el decreto que incluye a los programas deportivos, periodísticos y a los noticieros dentro del horario de protección al menor y suprime la censura previa a los programas grabados. La norma deroga los artículos 2 y 4 del decreto 445 de 1988. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), junto con organismos internacionales y organizaciones empresariales y sociales, trabaja ahora en la interpretación del artículo 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia, para definir entre otras cosas qué debe entenderse por “violencia extrema”.
Por otra parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, asistió ayer a la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados a explicar el proyecto de ley que indemniza a los familiares de las víctimas de delitos violentos, que contará con el apoyo de todos los partidos. Se resolvió que se indemnizará también a aquellas personas que queden inhabilitadas para trabajar de por vida por haber sido víctimas de un delito violento. Bonomi estimó que se recaudarán para el fondo reparatorio cerca de nueve millones de dólares que surgen de utilizar 1% de la recaudación de las empresas aseguradoras. Éstas se oponen al impuesto y exigen que el dinero salga de rentas generales.
Riesgoso
Breccia fue el encargado de fundamentar el proyecto de ley de internación compulsiva de adictos, a estudio de la comisión de Salud Pública del Senado. Al respecto varios legisladores frenteamplistas plantearon dudas y objeciones. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el senador emepepista Ernesto Agazzi opinó que el Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE) -que crea la ley- debería estar en la órbita del Ministerio de Salud Pública y no en la de Presidencia. En el mismo sentido se pronunció Luis Gallo (Asamblea Uruguay). Constanza Moreira (Espacio 609) preguntó si se habían previsto recursos en materia de infraestructura para implementar el proyecto y quién y cómo determinaría qué se considera “riesgo para sí o para terceros”, un concepto que deben aplicar en principio los funcionarios de las brigadas del SAVCE que recorrerán las calles en busca de adictos.
En cuanto a la infraestructura, Breccia admitió que el Estado “cuenta con algunos lugares, pero son insuficientes” y que deberán utilizarse “recursos extrapresupuestales”. En cuanto a la determinación del riesgo, enfatizó varias veces que el sistema es “garantista” y que establece la intervención de los jueces. No obstante, señaló que “en toda la legislación existen situaciones que de alguna manera quedan libradas a la apreciación de quien ejecuta”, y puso como ejemplo la actuación de los Bomberos en el caso de un incendio, cuando entran a un hogar en la noche pese a que está prohibido por la Constitución. “El funcionario público interviniente en esa circunstancia actúa como consecuencia de una situación de riesgo o peligro. Por lo tanto, en estos casos se aplica el sentido común”, manifestó. “Sin embargo, no desconocemos que esto eventualmente puede dar lugar a error o a una situación equivocada”, acotó. Gallo alertó que si la evaluación del riesgo “queda en manos de un grupo”, “puede haber errores y, si los hay, se puede afectar la libertad individual”. También cuestionó que se legisle “sin contar con una infraestructura que dé soporte”.