El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció ayer, al término del Consejo de Ministros, que hoy se enviará al Parlamento un proyecto de ley sobre faltas, en el marco de la denominada “estrategia por la vida y la convivencia”. La intención del gobierno es eliminar faltas que hoy están previstas en el Código Penal e incorporar nuevas, sobre la base de hechos que “afectan la convivencia”.
Si bien el Código Penal tipifica en su libro tercero 47 faltas pasibles de ser castigadas con multas o prisión equivalente, actualmente no existen los juzgados de faltas encargados de fallar sobre ellas. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha advertido que, de prosperar la intención del gobierno, sería necesario contar con mayor presupuesto para crear las nuevas sedes. Por otra parte, si se aplicaran algunas de las faltas contempladas en el Código Penal, los juzgados no darían abasto. Por ejemplo, se considera falta “provocar algún desorden o tomar parte en él” en un espectáculo público, promover o participar en “reuniones tumultuosas con ofensa de alguna persona o menoscabo del sosiego público”, no cumplir lo que ordena “la autoridad” (sin especificar autoridad en qué ámbito), y la “galantería ofensiva”, que consiste en “importunar a una mujer que no hubiere dado motivos para ello, con palabras o ademanes groseros, o contrarios a la decencia”. Esta última es una de las que el gobierno prevé eliminar.
Al mismo tiempo se incorporarán nuevas, como realizar picadas con motos o automóviles, o sacar basura de los contenedores y esparcirla en la calle. El gobierno propone además sustituir las multas por trabajo comunitario. Se mantiene la pena de prisión para quienes se nieguen a realizar trabajo comunitario si el juez así lo determina. “Si alguien daña un monumento, no sirve de nada que se le cobre una multa, es mucho más útil que trabaje en la limpieza del monumento o en la limpieza de una plaza”, señaló Bonomi.
Otra es “acampar en lugares públicos”. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, explicó a la diaria que el fundamento para incorporar esto como falta es que “los espacios públicos son de todos y no pueden ser apropiados por unos pocos”. “Es garantizar el derecho de la población al uso de los espacios públicos”, sostuvo. Consultado respecto a si esta disposición se aplicará a los indigentes que ocupan los espacios públicos, Olesker señaló que puede aplicarse en caso de que utilicen un lugar para establecerse en forma permanente, y alegó que esto protege el “derecho a la vida” de los indigentes. “También es garantizar el derecho a la vida a la persona que hoy no comprende que su vida está en juego, y que la está destruyendo”, afirmó.
Atenuantes
Por otra parte, Bonomi precisó ayer las circunstancias que se considerarán atenuantes en el caso del tráfico de pasta base, contenido en otro de los proyectos de ley a estudio del Parlamento. Serán atenuantes: el hecho de ser primario, traficar cantidades muy pequeñas y no haber vendido pasta base a menores de edad. El ministro confirmó que no se considerará un atenuante el hecho de ser jefe de familia, como se manejó en la bancada del Frente Amplio (FA).
Sobre esto hay acuerdo entre el gobierno y la fuerza política, pero subsisten diferencias respecto a la pena mínima. Ayer, durante la reunión de bancada de senadores del FA, se discutió durante horas pero no se llegó a un acuerdo. La mayoría de los legisladores oficialistas entiende que la pena mínima debe ser de dos años, mientras que el gobierno insiste con su propuesta de que sean tres.
Respecto de la internación compulsiva, Bonomi afirmó al término del Consejo de Ministros que el proyecto se modificará y se utilizará una redacción similar a la que prevé una de las faltas del Código Penal. Allí se dispone que cometerá una falta quien “en lugar público o accesible al público se presentase en estado de grave alteración psíquica producida por el alcohol o por sustancias estupefacientes”. En estos casos la sanción no será una multa ni trabajo comunitario, sino que el juez estará habilitado a derivar a la persona a un centro de tratamiento “técnico” donde se resolverá respecto a su rehabilitación. Por otra parte, Bonomi desestimó que se vayan a utilizar barracas militares para internar adictos, como propuso ayer la senadora emepepista Lucía Topolansky en diálogo con La República. La senadora Constanza Moreira (Espacio 609) dijo a la diaria que el proyecto sobre internación todavía está “muy verde” y que prefiere una estrategia integral para el abordaje del problema, como la que se está llevando adelante actualmente.