Hasta ayer se llevaban presentadas formalmente 59 acciones de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), según informó a la diaria el vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Raúl Oxandabarat.
A la primera de las acciones, presentada en febrero por la empresa forestal Guanares SA, ya se le dio “traslado al Fiscal de Corte” y a las “partes afectadas”, que deberán expedirse en 20 días, agregó el funcionario.
El ICIR (ley 18.876), aprobado por el Parlamento en diciembre con los votos del Frente Amplio (FA), establece un gravamen de ocho dólares por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas índice Coneat 100, de 12 dólares a las que van de 5.000 a 10.000 hectáreas y de 16 a las extensiones superiores a 10.000. Según estimaciones del gobierno, el impuesto alcanzaría a unas 1.200 empresas rurales de un total de 47.300, propietarias de 36% de la superficie productiva del país. Se prevé recaudar aproximadamente 60 millones de dólares anuales que serán destinados a la reparación y mantenimiento de la caminería rural por medio de las intendencias departamentales.
El 12 de junio la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR) hicieron un llamamiento en conjunto a sus socios a que impugnen el ICIR por considerarlo “viciado de inconstitucionalidad”. Poco después, la FR consiguió el asesoramiento del doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, abogado constitucionalista y vicepresidente de la República entre 1990 y 1995 por el Partido Nacional, que ya había patrocinado varias de las primeras acciones. Antes de la feria judicial de julio se habían presentado unos 20 recursos. En la semana después de ese descanso llegaron unos 23 más, presentados en conjunto por el estudio de Aguirre.
Aquí están, ellos son
Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, figuran entre las empresas y personas físicas que ya presentaron acciones destacados dirigentes ruralistas como Joaquín Martinicorena, presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana en representación de la FR, Juan José Dubourdieu, de la Asociación Rural de Soriano, entidad socia de la ARU, Gustavo Riani García, futuro directivo de la ARU, Ricardo Reilly Arrarte, presidente de la Asociación de Criadores de Hereford, Luis Ignacio Bordaberry Fontana, de la misma gremial, primo del senador Pedro Bordaberry, y también la Cabaña Las Anitas, de Durazno, propiedad de la familia Alfonso Bordaberry. Según Búsqueda, además de estos productores uruguayos también hay recursos presentados por “empresas de origen extranjero”.
Las primeras acciones fueron las de la empresa forestal Guanares SA, y las de la arrocera Casarone Agroindustrial SA, esta última con el asesoramiento de Aguirre. El vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat explicó que habrá un fallo para cada uno de los recursos por separado y que la etapa de notificación de los implicados es “un proceso complejo”, porque se debe llegar, por ejemplo, “a todas las intendencias del país”, que podrían “eventualmente verse afectadas” si el impuesto es declarado inconstitucional.
Según Búsqueda, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, emitió una opinión preliminar en la que entiende que el ICIR es constitucional porque no configura doble tributación, ni violenta la autonomía municipal.
Si bien está confirmado que familiares del senador Bordaberry presentaron recursos, fuentes del FA descartaron que el propio legislador encabece acciones a su nombre, aunque esté incluido entre los afectados. Ayer los diputados frenteamplistas Aníbal Pereyra y Daniel Caggiani, ambos del Movimiento de Participación Popular (MPP), intercambiaron mensajes en sus cuentas de Twitter en relación al senador colorado Pedro Borbaberry y su oposición al ICIR. Pereyra explicó que “cada vez que hay un tema” en que “le tocan intereses económicos, pierde esa manera de hablar a lo bien educado”. Cuando el ICIR se discutió en el Senado Bordaberry solicitó la conformación de una comisión investigadora acerca del contrato de inversión firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Montes del Plata. El Senado conformó una comisión preinvestigadora que resolvió no hacer lugar a la iniciativa de Bordaberry, según recordó Pereyra.
Con el telón de fondo de un fuerte debate por el nuevo impuesto, en setiembre de 2011 la senadora Lucía Topolansky, también del MPP, hacía hincapié en que Bordaberry era uno de los 1.200 productores afectados por el impuesto. “Bordaberry es el único legislador que tiene que pagar, porque su emprendimiento familiar [en Durazno] entraría dentro de los que les corresponde el tributo. Él es el único que paga en el Parlamento, y es interesante, porque también habla de los cambios que ha tenido nuestro Parlamento”, señalaba Topolansky en aquella oportunidad.