Únicamente con el apoyo de los diputados del Frente Amplio (FA), ayer comenzó la votación del proyecto de Rendición de Cuentas en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Aunque los partidos de la oposición votarán algunos de los 297 artículos que se incluyen en el proyecto, a nivel general no apoyaron la propuesta del Ejecutivo. El nacionalista Ricardo Berois entendió que éste incrementa gastos en “burocracia, cargos y reestructuras que se habían prometido y ni siquiera están terminadas”, mientras que el diputado del Partido Independiente Iván Posada opinó que es imprudente hacer “un aumento del gasto en un contexto crítico a nivel mundial, teniendo en cuenta, además, que el gobierno está emitiendo deuda para garantizar un nivel de liquidez ante la crisis”.
La votación de ayer correspondió a los artículos relacionados con los organismos del Estado, salvo los incluidos en el artículo 220 de la Constitución de la República -que tienen autonomía para proponer sus presupuestos ante el Ejecutivo- y algunos otros que fueron desglosados para su consideración posterior.
La bancada del FA logró un acuerdo en su interna para aumentar los recursos asignados a la Universidad de la República (Udelar), que tras los cambios tendrá un aumento presupuestal de 44 millones de pesos a 100 millones. Para lograr este financiamiento se dispuso que los recursos que iban a destinarse a la Ley de Empleo Juvenil se volcarán a la Udelar. El Ejecutivo enviará a la brevedad el proyecto de Ley de Empleo Juvenil. De esta forma, la bancada de legisladores oficialistas decidió que esta futura norma, que buscará incentivar la contratación de jóvenes y profundizar su formación y calificación, será financiada con recursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
En diálogo con la diaria, el director general del consejo directivo de este organismo, Juan Manuel Rodríguez, explicó que el miércoles mantuvo contactos con los diputados oficialistas y le comunicaron la propuesta. Según dijo, por ley se asignaría al Inefop “la potestad de implementar esta norma y ejecutarla”, aunque “la forma en que se implemente entra en la decisión de los organismos del Inefop”. Siete personas integran el consejo directivo, de las cuales tres pertenecen al Poder Ejecutivo, dos al PIT-CNT, uno a la Cámara de Industrias y otro a la de Comercio y Servicios. “Está la posibilidad de que el Ejecutivo sea minoría, lo cual genera una incertidumbre”, dijo Rodríguez, que añadió: “La diferencia de que esto quede en un ministerio o en el Inefop es que en el primer caso decide el Ejecutivo y en el segundo no decide sino que contribuye a la decisión”. Según Rodríguez, la ley “se puede ejecutar parcialmente o de una manera distinta a la que querría el Ejecutivo”. “Caben muchas opciones posibles a una ejecución”, añadió.
No obstante, el jerarca consideró que los fondos para aplicar la ley, de unos 60 millones de pesos, serán cubiertos por el organismo. Dijo que el Inefop “no tiene escasez de recursos” y explicó que los ingresos del organismo “dependen del salario y de los aportes empresariales; esto quiere decir que si la economía sigue creciendo y siguen aumentando los salarios, los ingresos también lo harán, y nada indica que en los próximos años esto vaya a detenerse”.