La decisión de la Dirección General Impositiva (DGI) de fiscalizar a 100 empresas vinculadas al agro que presentan “riesgo de evasión” motivó un cruce de opiniones ayer entre el presidente de la Federación Rural (FR), Miguel Sanguinetti, y el titular de la DGI, Pablo Ferreri.

El organismo recaudador anunció el martes que un informe técnico detectó “inconsistencias” en la tributación de cien empresas que realizan ventas por valores superiores a cien millones de pesos anuales. Las irregularidades se hallaron, por ejemplo, en la venta de productos agropecuarios, operaciones de compraventa de inmuebles rurales, servicios de medianería, escritorios rurales y remates agropecuarios. Se comprobó que en algunos casos no condecían los datos aportados por las empresas con la información de sus proveedores o con los niveles de utilidad que presentan. En los próximos 45 días, 60 inspectores citarán a los contribuyentes en cuestión o irán a fiscalizar los establecimientos rurales. Las acciones a tomar pueden ir desde la reliquidación de tributos hasta denuncias por defraudación tributaria.

Ayer en la mañana, Sanguinetti comentó a radio Carve y más tarde a otros medios su certeza de que la decisión de la DGI es una “venganza” ante la presentación, por parte de algunas empresas agropecuarias, de recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). “Como Federación Rural vamos a analizar a qué productor se le hace la fiscalización y si coinciden con los que han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR. Suponemos que sí”, sostuvo Sanguinetti, y evaluó que el gobierno está “copiando lo que se hace en Argentina”.

Ferreri descartó esto de plano en diálogo con la diaria. Calificó las declaraciones de Sanguinetti de “irrespetuosas, irresponsables e infundadas”, y aseguró que la DGI no tiene “ni idea de quiénes son los que presentaron recursos” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el ICIR. “De hecho, si quisiéramos saberlo tendríamos que presentar una consulta por escrito a la SCJ, cosa que no hemos hecho ni pensamos hacer, porque no nos corresponde meternos en eso. Los contribuyentes pueden recurrir las normas que entiendan que no se ajustan a la Constitución, pero eso es un derecho y la fiscalización corre por otros carriles”, señaló.

Sanguinetti también cuestionó que el anuncio se haya hecho en la prensa. “La forma en que se comunica por parte de la DGI, la define la DGI no la va a definir el señor representante de la agremiación de ruralistas”, respondió Ferreri. Recordó que el organismo recaudador ha actuado de la misma forma en otros operativos, como los vinculados a zonas francas, transporte carretero de cargas o salones de fiestas. “Hay que acostumbrarse a que en un estado de derecho la normativa vigente se cumple, acá no hay coronita para nadie ni se pueden utilizar criterios de patrón de estancia”, subrayó. “Además, el primer indicio de que estuvimos muy acertados en realizar este operativo es justamente la virulencia de este tipo de reacciones”, acotó.

El presidente de la FR llegó incluso a acusar a Ferreri, en declaraciones al portal del diario El Observador, de hacer “terrorismo de Estado”. El titular de la DGI juzgó “lamentable” asimilar “situaciones tan dramáticas como las que vivió nuestro país” con una fiscalización técnica. “Obviamente estamos frente a alguien que no sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado y que además las banaliza de una forma importante, lo cual es agraviante para quienes sí tuvieron que sufrirlas”, concluyó.

En cambio, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, José Bonica, se mostró más cauto, y en declaraciones a diversos medios manifestó que este tipo de controles son “normales”.