El Decanato de Facultad de Derecho emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que aclara que la opinión de “un grupo de docentes” del Instituto de Derecho Internacional Público (Idipu) respecto de la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela al Mercosur “no comprometen a la facultad y mucho menos a la Universidad de la República”. “No puede ningún instituto académico de la facultad arrogarse la representación de la misma”, sentencia el texto, y aclara que el Idipu no es un órgano de la facultad.

La decana, Dora Bagdassarian, afirma que ni ella misma ni el Consejo de la Facultad de Derecho recibieron el informe del Idipu y, por lo tanto, no adoptaron ninguna decisión al respecto. Dicho informe se aprobó por unanimidad luego de una reunión de docentes del Idipu celebrada el jueves de la semana pasada, antes de que se oficializara el ingreso de Venezuela al Mercosur. Este tipo de encuentros de los profesores de Derecho Internacional Público, denominados “salas”, se realizan cada dos meses aproximadamente. A la reunión donde se trató este tema sólo faltaron dos o tres docentes de los casi 30 que conforman el instituto. El director del Idipu, Washington Baliero, abrió la sala pero se excusó de participar en la discusión ya que es miembro alterno del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que laudó precisamente respecto de la suspensión de Paraguay. Baliero dijo a la diaria que el informe difundido es un pronunciamiento “oficial” del Idipu, pero aclaró que no representa a la Facultad de Derecho y que “nunca se pretendió” que fuera así.

El informe incluso estuvo durante un par de horas publicado en la portada de la página de la Universidad de la República y luego se bajó. “Fue un absoluto descuido”, señalaron desde el decanato. Precisamente en ese ámbito se entiende que el informe forma parte de una “maniobra política” contra el gobierno de algunos docentes vinculados al Partido Nacional y al Partido Colorado. Lo mismo creen algunos consejeros.

El edil nacionalista Enrique Arezo fue uno de los encargados de difundir la resolución, casi una semana después de adoptada. “Nos llamaron [profesores del Idipu] para preguntarnos si podíamos dar difusión a la información y les dijimos que sí”, explicó Arezo a la diaria.

El decanato señaló en su comunicado que el informe fue iniciativa de “un grupo de profesores”. Si bien Baliero aclaró a la diaria que fue una decisión oficial, en el decanato todavía dudan de esto y ayer realizaron llamadas para averiguar quiénes estuvieron presentes en la sala, según confirmó este medio. “Me parece un atropello”, comentó uno de los profesores, que recibió una llamada y asistió al encuentro. Consideró además “una falta de respeto” hacia el Idipu el comunicado que sacó la facultad y dijo que este tipo de reacciones nunca se han visto, por ejemplo, cuando el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales o el Instituto de Economía de la Facultad de Economía y de Administración se pronuncian sobre algún tema de su especialidad.

Hoy algunos consejeros de la Facultad de Derecho se reunirán con el canciller Luis Almagro para aclarar que la posición del Idipu no es la de la facultad y remarcar que está “todo bien” con el ministerio.