Ayer la comisión especial de la Cámara de Diputados que trata los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) recibió a 18 delegaciones de organizaciones sociales que habían solicitado emitir opinión sobre el tema. Hoy recibirán a una cantidad similar y quedará cerrada la etapa de aceptación de pedidos. Luego la comisión se abocará a trabajar el articulado, aunque tiene previsto citar a algunos profesionales y académicos.
Si bien se recibieron los tres proyectos sobre el tema que estaban en la comisión de Salud Pública de la cámara, se decidió aprobar “en general” el que tiene media sanción del Senado, lo que “descarta las otras iniciativas”, explicó el diputado Juan Carlos Souza (Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad), presidente de la comisión, en referencia a los proyectos del diputado Iván Posada (Partido Independiente [PI]) y de Fernando Amado (Vamos Uruguay).
Según Souza, la comisión “decidió recibir en primer lugar a todas las delegaciones” y luego “comenzará a tratar” el proyecto aprobado por el Senado, al que se le harán las modificaciones en el articulado acordadas entre el Frente Amplio (FA) y Posada, que permitirán que la iniciativa tenga el voto de 49 de los 50 representantes oficialistas más uno del PI. El diputado del FA Andrés Lima (Agrupación Humanista Armando Aguerre de Salto) no lo votará. La mayoría de las organizaciones que pidieron para opinar se oponen a la despenalización del aborto.
Ayer las delegaciones expusieron en un clima de “tranquilidad”, pero hubo “algún momento un poco violento”, dijo Souza. Por ejemplo, la intervención del presidente de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, el edil Carlos Iafigliola (Alianza Nacional), provocó que la diputada María Elena Laurnaga (Partido Socialista) se retirara de la comisión.
Iafigliola cuestionó “los procedimientos irregulares que hubo en el Parlamento” para tratar el tema, que “no se ajustan a derecho y son de corte antidemocrático”. Según dijo a la diaria, la creación de la comisión especial representó “la primera maniobra política” del FA y del diputado Posada “para asegurarse las mayorías”. Además rechazó que la comisión apruebe el proyecto proveniente del Senado sin antes “recibir a las delegaciones”, cuando “lo normal es que sea al revés”. Para Iafigliola el acuerdo existente entre el FA y Posada “legaliza el aborto”, que dejará “de ser un delito y se transforma en un derecho”.
Las condiciones están
Laurnaga explicó que “hubo un momento de confrontación” con Iafigliola cuando éste calificó al Parlamento de “antidemocrático” y que la propia comisión era “ilegítima”. La diputada le preguntó “para qué vino” al Parlamento si tiene esa consideración y luego se retiró “por cinco minutos” de la sesión. “Perdió la perspectiva del lugar donde estaba e hizo evaluaciones políticas en vez de aportar al tema”, agregó Laurnaga. “No fue a defender su posición sobre el aborto, que es muy respetable, sino a deslegitimar al Parlamento que integra su propio partido; por eso debería dejar el sistema político y dedicarse a su organización social”, concluyó.
Las modificaciones negociadas entre el FA y Posada establecen que no se penará a la mujer que decida interrumpir su embarazo si ésta concurre a un servicio de salud y solicita asesoramiento. Allí será atendida por un equipo multidisciplinario compuesto por médico, psicólogo y asistente social que informarán sobre las posibilidades de apoyo económico que puede recibir, la opción de la adopción y brindarán contención. La mujer tendrá cinco días para reflexionar y si ratifica su decisión, será derivada a un médico que la asesorará sobre el método de interrupción más adecuado.
Las organizaciones por el aborto legal siguen reclamando la “pronta aprobación” de la ley que “ya ha tenido media sanción” porque “las demoras del sistema político” perjudican a las mujeres que interrumpen su embarazo “en condiciones de clandestinidad” arriesgando la salud y la vida, según el comunicado de la Primera Jornada Nacional en Salud Sexual y Reproductiva elaborado a principios de mes y firmado por 45 organizaciones. Sobre el proyecto se expresa que “debe contener” una modificación del Código Penal para que el aborto “deje de ser delito” antes de las 12 semanas de gestación.
La comisión tiene plazo hasta el 16 de setiembre para presentar un texto aprobado al plenario de la cámara. Según Souza, la idea es finalizar el proceso el jueves 13, último día de funcionamiento de la comisión, presentar el informe y que la cámara lo apruebe “antes de fines de setiembre”.