El viernes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió con legisladores del Espacio 609 (Movimiento de Participación Popular [MPP], Partido por la Victoria del Pueblo [PVP] y Congreso Frenteamplista, entre otros), para acordar posturas en torno a los proyectos de ley incluidos en la “Estrategia por la vida y la convivencia”. Prácticamente todos recibieron críticas y propuestas de modificaciones en la bancada frenteamplista, por lo que el encuentro sirvió, según el diputado Aníbal Pereyra (MPP), no sólo para avanzar en la “acción y la definición” de los proyectos, sino también para “apurar el trámite”: “La crítica no puede ser eterna y debe utilizarse para construir propuesta”.

Los legisladores acordaron conformar un grupo de trabajo para estudiar y analizar las medidas de seguridad, y además fijaron plazos para la aprobación de las medidas. Se buscará aprobar todos los proyectos del paquete de seguridad antes de fin de año, aunque se quiere aprobar en 15 días el que aumenta las penas por tráfico de pasta base y el que establece la reparación económica a las víctimas del delito.

No todos los legisladores, sin embargo, toman al pie de la letra este último plazo. Mientras que Pereyra entendió que se trata de un plazo “rígido”, el diputado del PVP Carlos Coitiño dijo que “quien esté obsesionado con las fechas no está dando la importancia al contenido que debe tener el desarrollo de esta estrategia”, y consideró que “hablar expresamente de un día es poner primero la carreta y después los bueyes”. “El tema no es la fecha, sino que estamos trabajando para que el contenido mejore lo más posible”, consideró.

Problemas y atenuantes

Durante la discusión del proyecto de ley que aumenta las penas por tráfico de pasta base, en la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores distintos actores plantearon dudas al respecto, ya que la redacción enviada por el Ejecutivo, que establecía una pena mínima de tres años, no establecía atenuantes.

En la comisión, la Institución Nacional de Derechos Humanos cuestionó que el proyecto podía encarcelar por tres años a consumidores a los que se les incautara “tres lágrimas”, según manifestó la presidenta del organismo, Mariana González Guyer. Es por eso que la bancada frenteamplista ya acordó incorporar al proyecto algunos atenuantes para disminuir la pena en determinados casos. Se considerará si el acusado es primario, es decir, si no tiene antecedentes penales, y también se distinguirá expresamente el tráfico de gran escala del narcomenudeo, el tráfico de pequeñas cantidades, aunque en principio no se ha discutido si se definirá una medida específica para distinguir ambas situaciones.

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que había cuestionado la definición de pasta base en el proyecto de ley original, será finalmente el que la definición que se incluirá en el articulado.

En cuanto al proyecto de reparación de las víctimas del delito, la discusión más importante es la que refiere a definir de dónde proviene el dinero para financiar el fondo que crea la ley. La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó que los recursos se obtengan de un impuesto a las aseguradoras, pero su contrapropuesta, que implicaba un impuesto de 0,033% a los sueldos y de 0,016% a las jubilaciones, no fue aprobada por el presidente José Mujica. Autoridades del Ministerio del Interior (MI) consideran que en este tema “la derecha la tendrá el MEF”, aunque fuentes de esta cartera dijeron a la diaria que no presentarán una nueva propuesta.

La idea generalizada en varios ministerios es que el dinero provenga de Rentas Generales. “Las reparaciones de las víctimas de la violencia doméstica y las de los presos políticos provienen de ahí”, expresó un integrante del Consejo de Ministros. El tema se estudiaría mañana en el Gabinete Social, donde estaría presente también un representante del MI.