A las 12.00 comenzará en el tercer piso del Aeropuerto Internacional de Carrasco la subasta de los siete aviones Bombardier que pertenecían a Pluna SA, y en caso de que se terminen adjudicando lo recaudado servirá para hacer frente al pasivo de la ex aerolínea de bandera uruguaya. El precio base será de 136.885.156 dólares.
En caso de que lo haya, el ganador tendrá la opción de destinarlos al servicio de una empresa de bandera nacional y podrá negociar con el gobierno la concesión de las frecuencias que eran de Pluna, o utilizar los aviones con otros fines. Si esto último ocurriera, el Poder Ejecutivo está facultado para otorgar las antiguas frecuencias a otras empresas. Si la primera subasta se declara desierta, una hora después tendrá lugar la segunda, pero entonces el piso bajará a 100.000.000 de dólares. Si en esta nueva instancia algún oferente se hiciera con los aviones, estará obligado a ponerlos al servicio de una empresa nacional y deberá incorporar al menos 250 ex trabajadores de Pluna.
Pero si también se declara desierta, el gobierno deberá definir nuevas medidas para cumplir con el pago de las deudas y a su vez decidir qué hace con los bienes. En ese marco, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de decretar el “cielo abierto” y no asignar directamente las frecuencias de Pluna, lo que implicaría declarar libertad en los movimientos del espacio aéreo uruguayo, sin restricciones ni reservas de frecuencias.
En caso de que la subasta fracase, la Organización de Funcionarios de Pluna (OFP) le planteará al presidente José Mujica cogestionar la aerolínea “hasta que se pueda vender o se consiga un socio”, adelantó el dirigente Nicolás de los Santos. “Teniendo los aviones, las frecuencias, el personal y habiendo que asumir la deuda, creemos que no es para nada mala la idea”, sostuvo el gremialista, para quien las deudas en ese escenario se asumirían “volando”. De los Santos también dijo que si se llega a disponer del cielo abierto, “dependerá de lo que otras empresas quieran, de los horarios que quieran y con los precios que quieran”, por lo que “no aseguraría un país conectado, sino con posibilidades de conexión y sin soberanía”.
Según publicó el lunes el diario El País, siete empresas pagaron 5.000 dólares al fideicomiso que administra los bienes de Pluna para poder inspeccionar los aviones y obtener información previa. Entre las interesadas figuran BQB, del empresario argentino Juan Carlos López Mena, y Conviasa, de bandera venezolana. No obstante, fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas especificaron que el dato es relativo. “Acá todos se juegan a que el otro no se presente y es muy difícil saber lo que puede pasar”, expresó la fuente, que agregó: “Siete no va a haber”.
Los únicos actores involucrados para los que la subasta es “indiferente” son los “damnificados” por el quiebre de Pluna. “Estamos tratando de seguir todas las vías que un ciudadano tiene para reclamar sus derechos en el Estado, y le solicitamos al Poder Judicial que se expida respecto de todas las ilegalidades que cometieron el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, explicó su vocero, Daniel Martínez. Según transmitió, ellos entienden que todo este procedimiento es ilegal, por lo que “no tiene ningún valor”. La liquidación de Pluna -consideró Martínez- debió regirse por la Ley de Concursos de 2008 y no por la Ley 18.931, que estableció el actual régimen de subastas.
Último aviso
El 27 de junio El Observador publicó que representantes del gobierno habían establecido contactos con López Mena por la eventual venta de Pluna, lo que habría determinado que la empresa canadiense Jazz asumiera una actitud más proactiva en torno a la posibilidad de adquirir 75% del paquete accionario de la aerolínea, luego de que el socio privado Leadgate fuera marginado del negocio.
Pero horas después, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, aseguró que la información era falsa. “El gobierno no está presionando ni coqueteando con nadie. El papel del Estado es buscar soluciones para que Pluna continúe volando”, afirmó. Según reproducía la web de Presidencia, el jerarca sostenía que “el tema se encuentra en la esfera de las acciones privadas. Lo único que hacemos es facilitar la información que requiere Jazz para que finalmente tome la decisión que crea conveniente”.
Jazz decidió que no se trataba de una buena oportunidad y abandonó sus intenciones de ingresar en la empresa. Entonces la administración de José Mujica cambió el rumbo, que la llevaría a optar por la modalidad de subasta para cubrir el pasivo y establecer las condiciones para una eventual nueva línea de bandera nacional, al tiempo que buscaba que el país no perdiese conectividad.
El 16 de julio el Parlamento sancionó la ley que liquidó Pluna. Al mismo tiempo, Pintado aseguraba que el gobierno no tenía previsto conceder la línea Montevideo-Buenos Aires y recordó que López Mena la había pedido en varias ocasiones pero que “siempre le negamos esta solicitud”. También precisó que el Estado no podía conceder ninguna línea en el puente aéreo por un plazo de 180 días mientras se sustancia la subasta, de acuerdo con la flamante ley. Un día después, el empresario se reunió con Mujica para presentarle una línea de ómnibus ecológicos y a la salida declaró que no estaba interesado en los aviones de Pluna, argumentando que siete eran muchos y que prefería “crecer de a poco” y conseguir “más baratos y mejores”. “Nos interesarían las rutas para hacer una cosa muy medida, porque el negocio aéreo es de mucho riesgo”, apuntó. Su empresa, BQB, había sido habilitada a operar frecuencias de puente aéreo a partir de agosto.
Sin embargo, el 23 de julio se supo que BQB Líneas Aéreas comenzaba a capacitar a 35 ex pilotos y azafatas de Pluna a los efectos de incorporarlos a su plantilla en el marco de su plan de expansión, que según el CEO de la empresa, Juan Patricio López, incluye reforzar la flota. Cuatro días después el gobierno permitió a BQB realizar el puente aéreo hasta tanto no haya una aerolínea de bandera nacional.