La cancillería uruguaya exigirá esta semana a su par argentina la publicación del informe de monitoreo ambiental del comité científico binacional sobre la pastera UPM y la desembocadura del arroyo Gualeguaychú. Hasta el momento, la documentación no se ha difundido porque Argentina y Uruguay no se ponen de acuerdo respecto de cómo evaluar la temperatura a la que se vierten los efluentes de UPM.

En principio se había resuelto que se vertieran a un máximo de 30 grados, pero en 2011 Uruguay resolvió unilateralmente elevar el máximo a 37 para ajustar los parámetros a su normativa interna. Argentina no aprobó este cambio en la Comisión Admnistradora del Río Uruguay (CARU) y la diferencia que aún subsiste sobre este punto es la que obstaculiza la publicación. Según aseguró a la diaria una fuente de cancillería, Uruguay “ha buscado opciones para que el informe se publique”. El gobierno uruguayo sugirió poner las dos posiciones: que Uruguay entiende que UPM está habilitada a verter a 37 grados de acuerdo a su normativa interna y que Argentina no está de acuerdo en este punto, y publicar en un informe conjunto ambas posturas junto con la información recabada de las 15 muestras del agua del río Uruguay tomadas desde que se inició el monitoreo. Argentina ha rechazado esta opción y pretende un informe completamente consensuados, explicó la fuente.

Dos plantas

En medio del diferendo, el presidente José Mujica confirmó el viernes en Cerro Largo que se instalará una planta de celulosa en ese departamento o en Durazno. Aunque no mencionó el nombre de la empresa, sería otra pastera de la propia UPM. Mujica aseguró que esta nueva planta comenzará a construirse en 2016 y empezará a funcionar en 2018, sobre las costas del Río Negro.

Ante esta situación, la cancillería uruguaya no quiere dar la impresión de que está obstaculizando la divulgación de la información y esta semana intimará a su par argentina a difundirla. No lo hará mediante un comunicado público para no “entrar en el juego” del canciller Héctor Timerman; evalúa manifestar su posición mediante un comunicado de la delegación uruguaya en la CARU.

Ayer algunos medios de Entre Ríos divulgaron declaraciones de la abogada de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Ana María Angelini, quien aseguró que la Justicia federal de Concepción del Uruguay en Argentina ordenó que se divulgue “con urgencia” el informe de monitoreo. En la cancillería uruguaya se asegura que la CARU tiene “inmunidad de jurisdicción” por ser un organismo internacional, por lo tanto la Justicia argentina “no debería o no podría instruirla directamente”. Los asambleístas habían exigido días atrás al Senado argentino que reclamara a las cancillerías de ambos países la divulgación del informe y que, en caso de que no se procediera a ello, se volviera a recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Angelini se quejó del vínculo con la cancillería argentina. Recordó que pidieron una audiencia con el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, y aún no contestó. “El gobierno no nos está recibiendo o brindando información. No hay fluidez entre la asamblea y los funcionarios”, 
cuestionó.