Representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se reunirán hoy a partir de las 14.00 con las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ) en busca de destrabar el conflicto que llevó a los profesionales a presentar sus renuncias a ASSE. Los médicos reclaman la presupuestación y el pago de nocturnidad.
En el encuentro también estará presente el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Pese a que voceros de las SAQ desestimaron al SMU como intermediador, el gobierno valoró ayer el rol que jugó el sindicato para destrabar el conflicto. El SMU propuso que los profesionales retiraran sus renuncias y que el Ejecutivo convocara a un ámbito de negociación, lo que finalmente se concretó ayer.
“Desproporcionado”
La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina (AEM) calificó como “completamente desproporcionado” el conflicto que llevan adelante las SAQ. En un comunicado emitido el viernes, reivindican el derecho al pago de la nocturnidad y a la presupuestación, pero remarcan que no puede aceptarse “bajo ningún concepto” que se considere a las SAQ una organización sindical. “Las SAQ no son más ni menos que una organización que nuclea a una serie de profesionales de la salud, que disfrazado de sociedad científica resuelve defender los intereses corporativos de determinado colectivo, sin importar las reivindicaciones de los otros trabajadores y la atención de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (o al menos los del subsector público)”, señala la AEM. Los estudiantes sostienen que la acción de estos profesionales “no es nueva” y que “no se explica por los 250.000 dólares que resolverían el conflicto”, sino que la intención es “desestabilizar una vez más a ASSE”. El objetivo de los profesionales, según la AEM, es “continuar con el monopolio del trabajo médico en sus respectivos campos” y al mismo tiempo “profundizar la privatización de los servicios de salud”, generando “una medicina de ricos para ricos y una medicina de pobres para pobres”.
Por la mañana, luego del Consejo de Ministros, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, anunció en conferencia de prensa que el gobierno estaba dispuesto a abrir un ámbito de negociación para discutir las reivindicaciones de los especialistas, siempre y cuando los cirujanos aceptaran dejar sin efecto las renuncias presentadas. “Es muy claro que el gobierno no dialoga bajo medidas de fuerza que pongan en riesgo la asistencia sanitaria de los ciudadanos”, enfatizó el prosecretario.
Cánepa también anunció que el Ejecutivo planea enviar al Parlamento un protocolo de actuación del Estado frente a situaciones de emergencia sanitaria que impliquen la falta de médicos, en particular en el sector público. Éste incluirá sanciones y eventuales inhabilitaciones a los médicos que se nieguen a prestar atención en situaciones de emergencia. El protocolo se discutiría con el SMU y estaría pronto dentro de 20 días, señaló el prosecretario. Recordó que la ley orgánica del MSP otorga al Estado la facultad de controlar la profesión médica y de actuar como policía sanitaria.
Una asamblea de las SAQ resolvía al cierre de esta edición cómo seguir el conflicto, aunque sus voceros habían anunciado ya en la tarde que aceptaban la convocatoria a la negociación planteada por el Ejecutivo. No obstante, continúan considerando que “la intransigencia está del lado del gobierno”, según manifestó a la diaria Mauricio Gervasoni, vocero de los cirujanos.
Con la plancha no
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) evaluó ayer el conflicto con las SAQ. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar una estrategia común entre el gobierno y la fuerza política en este tema. Algunos plantearon que consideraban poco conveniente que se hubieran hecho anuncios públicos en el medio de una negociación. Según informaron a la diaria asistentes al encuentro, se mencionó por ejemplo el caso de la conferencia de prensa encabezada la semana pasada por el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, en la que se anunció que el gobierno evaluaba disponer la inhabilitación total o parcial de los médicos renunciantes. También se plantearon dudas sobre el alcance que podría tener esta inhabilitación.
El viernes el vicepresidente del FA Juan Castillo brindó un informe a la Mesa Política de la coalición en el que remarcó la necesidad de buscar una “salida negociada” al asunto y evitar “cualquier declaración que pueda no contribuir” a hallarla, según explicó Castillo a la diaria.