Este jueves se reunirá en Buenos Aires la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), presidida por Francisco Bustillo del lado uruguayo y Hernán Orduna del lado argentino. El concurso de precios para el mantenimiento del dragado del canal Martín García continúa paralizado porque Argentina se niega a estudiar la oferta de Riovia, una de las cuatro empresas que se presentaron al llamado.

Ante esta situación, las perspectivas no son demasiado auspiciosas para ambos países. Si se resuelve desechar la oferta de Riovia, habrá con certeza un juicio de la empresa contra los dos Estados. Si, por el contrario, se opta por analizarla -aunque Argentina aseguró de todos modos que no lo hará- y Riovia resulta ganadora, también se abre una posibilidad bastante cierta de juicio por parte del resto de las empresas, teniendo en cuenta las denuncias de presuntas coimas que involucran a Riovia como antecedente.

En este contexto, una “hipótesis de salida” podría ser llegar a un acuerdo entre ambos gobiernos para dragar directamente, sin necesidad de llamar a licitación, dijo a la diaria una fuente de cancillería. El diario La República manejó ayer, citando fuentes cercanas al presidente José Mujica, que se evaluaba conformar un ente binacional para realizar el dragado y que la iniciativa partió del gobierno uruguayo. El matutino informó que el dragado quedaría así fuera de la órbita de la CARP y pasaría a una etapa de “manejo estatal” y “monitoreo político permanente” para asegurar su concreción.

La República informó también que el acuerdo se concretará “en los próximos días”. En cambio, en la cancillería uruguaya son más escépticos. “Hay que remarla mucho todavía”, graficó la fuente consultada por la diaria. Dijo que si bien hay “señales favorables” en ambos países, todavía no se ha avanzado en la concreción del acuerdo.

La cancillería entiende que una solución de este tipo, que implicaría conformar un ente o una empresa binacional, permite superar el punto muerto al que se llegó en el tema pero también “tiene sus problemas”. Uruguay no tiene una draga como las que se requieren para profundizar el canal, por lo que habría que encargar una embarcación a medida. Por otra parte, la fuente recordó que este tipo de negociaciones con Argentina suelen ser complejas, y mencionó como antecedente la construcción de una planta regasificadora; finalmente no se concretó el emprendimiento binacional y Uruguay llamó a una licitación por su cuenta. La fuente incluso no descartó la posibilidad de que se trate de una maniobra dilatoria de Argentina para “empezar de nuevo por otro camino” y demorar aún más las definiciones en torno al dragado del canal Martín García.

Lo que sí está claro es que las presidencias de ambos países han asumido directamente las negociaciones, salteándose la institucionalidad de la CARP, y que el embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, está cumpliendo un rol determinante en las conversaciones a raíz de su buen vínculo con la administración de Cristina Fernández.

La delegación uruguaya en la CARP no tenía conocimiento de que se estaba manejando la posibilidad de conformar un ente o empresa binacional para el dragado; el presidente de la delegación, Francisco Bustillo, el funcionario uruguayo más cuestionado por la administración Fernández, se enteró por La República.