Una mujer no puede estar un poco embarazada: está o no está. Por razones parecidas, no tiene sentido jurídico, social ni ético que el aborto esté un poco despenalizado, o que sea un poco ilegal. Sin embargo, el proyecto aprobado en la noche del martes por la Cámara de Representantes, que según todo indica se convertirá en ley luego de su tratamiento en el Senado, evoca la vieja noción de que los uruguayos podemos, con un poco de ingenio, refugiarnos en espacios excepcionales, ni muy muy ni tan tan, que nos protejan de las alternativas difíciles y de la necesidad de resolverlas. Hay incluso quienes piensan que cierta obsesión criolla por la búsqueda del “justo medio”, o la capacidad de sacarle la nalga a la jeringa, nos destacan en el mundo como personas más inteligentes que las demás.

La ocurrencia de plantear un presunto “camino del medio” surgió a partir de circunstancias insólitas. Un representante nacional por el departamento de Salto, elegido por el lema Frente Amplio (FA), decidió evitar que se convirtiera en ley el proyecto sobre aborto aprobado por el oficialismo en el Senado a fines del año pasado, alegando que violentaba sus convicciones más profundas. El programa que aprobó el FA para presentarse a las elecciones de 2009 anunciaba la decisión de despenalizar el aborto, pero las convicciones del político salteño no le impidieron integrar las listas de un partido que asumía ese compromiso, ni ocupar una banca en nombre de ese partido y de su programa. Ya instalado en la Cámara de Representantes con despacho y butaca, llegó la hora de cumplir con las promesas de las que se había hecho garante solidario, y recién en ese momento se puso escrupuloso.

Son cosas que pasan en las mejores familias ideológicas, pero no siempre se afrontan del mismo modo. En este caso, el FA se resignó sin mucha resistencia a la idea de que, para legislar acerca del aborto, no dispone de la mayoría de 50 diputados que le dieron las urnas sino de una minoría mayor formada por 49, y por lo tanto asumió la necesidad de negociar con un legislador del Partido Independiente (PI), para acordar un proyecto que, con su voto, pudiera ser aprobado.

Pese a la sustancial diferencia entre la representatividad de 49 diputados y la de uno (que ni siquiera cuenta con el respaldo del pequeño PI, ni con el de su principal dirigente, ni con el del otro legislador del partido), el resultado de tal negociación mantiene propuestas centrales de la parte unipersonal. Entre ellas, el requisito de que una mujer dispuesta a interrumpir su embarazo deba comparecer ante un grupo de profesionales habilitados para evaluar su salud mental, su situación social y el estado de su aparato reproductivo, a quienes la ley obligará a intentar que ella “supere las causas que puedan inducirla” al aborto y a “garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Luego se le impondrá un plazo de cinco días de reflexión, y si de todos modos ratifica por escrito que quiere abortar, el Estado aceptará que el Sistema Nacional Integrado de Salud realice los procedimientos necesarios.

La propuesta no resulta acertada ni respetuosa. Es razonable suponer que quien quiere interrumpir un embarazo puede necesitar información y apoyo, pero el modo en que se prescribe la intervención profesional significa, obviamente, desconfiar de que una mujer esté en condiciones de hacer lo correcto sin un asesoramiento experto que, además, tiene entre sus objetivos explícitos evitar la interrupción del embarazo. Enviarla cinco días “a pensar”, como a una nena en penitencia por haberse portado mal, reafirma esa desconfianza, que merece sin duda el adjetivo “paternalista”.

Por otra parte, el procedimiento implica riesgos de exposición pública que son por sí mismos disuasorios, y dificultades prácticas, tanto para la determinación del tiempo de embarazo como para la implementación de todas las instancias previstas en plazos adecuados. Esos problemas serán mayores para las mujeres que no viven en grandes centros poblados.

Todo esto lo saben bien quienes han trabajando durante muchos años por la legalización del aborto, incluyendo a la presidenta del FA, pero desde el oficialismo se argumenta que, si bien el proyecto dista de ser plenamente satisfactorio, es el avance posible en las actuales circunstancias, y resulta preferible aprobarlo que no hacer nada. Hay, probablemente, otra razón no declarada: parece muy probable que el candidato frenteamplista a la presidencia en 2014 sea Tabaré Vázquez, y eso quiere decir que lo que no se logre en este período de gobierno difícilmente se logrará en el próximo.

Como era totalmente previsible, la “solución intermedia” que va camino de aprobarse no es aceptada por los actores sociales y políticos que quieren ser llamados “pro vida” y que, según dicen, consideran este proyecto tan abominable como cualquier otro de los que han fracasado en las últimas décadas. Desde ese bando ya se anunció que, si el proyecto se convierte en ley, hay voluntad de promover un referéndum en su contra.

Si llegamos a esa consulta popular, las opciones de la ciudadanía estarán, lamentablemente, acotadas. No habrá modo de expresar apoyo a una solución como la que Vázquez vetó en 2008 o la que aprobó el Senado el año pasado: la alternativa será dejar vigente la ley de 1938 que criminaliza el aborto, para que todo quede como está, o respaldar las ocurrencias de esta iniciativa. Muchas discusiones y decisiones que nos debemos quedarán para otra ocasión. Desanima, pero habrá que seguir batallando, con paciencia y coraje, para que esa ocasión llegue.