El gobierno lanzó ayer una serie de medidas para evitar la renuncia de cirujanos que trabajan en la comisión de apoyo a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Desde el sábado, poco más de 60 especialistas presentaron renuncia a sus cargos en reclamo de un aumento en el pago de los servicios que prestan por nocturnidad y la regularización de su situación laboral, argumentando a partir de un acuerdo firmado en 2008 entre ASSE y las gremiales médicas.
Ayer de tarde se reunieron por este tema los ministros Jorge Venegas (Salud Pública) y Eduardo Brenta (Trabajo y Seguridad Social), el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, el prosecretario Diego Cánepa y la presidenta de ASSE, Beatriz Silva.
En la conferencia de prensa, Breccia aclaró que no se iban a aceptar preguntas y se limitó a leer un breve comunicado. Allí se plantea que el Estado debe “asegurar la asistencia médica, de todos”, y garantizar “la disponibilidad y accesibilidad de personal médico y profesional a los grupos socialmente desfavorecidos con base en un criterio de equidad”. El comunicado luego hace referencia a “grupos corporativos que detentan saberes conferidos por la sociedad toda y afectan dicho derecho con medidas que aparecen absolutamente desproporcionadas con el fundamento del reclamo que se formula”.
El encargado de transmitir las medidas fue Venegas. Anunció que ASSE hará una nueva convocatoria para la contratación de cirujanos, con el propósito de ocupar los puestos vacantes “que han quedado sin cobertura por la renuncia presentada en los últimos días”. En esta instancia, especificó el ministro, no podrán presentarse “los profesionales que se desvincularon por su propia voluntad”.
Rechazos varios
Ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT rechazó la renuncia de los cirujanos. En un comunicado público la central repudió la “metodología con la que algunas corporaciones médicas defienden sus objetivos, poniendo una vez más a la población de rehén” en un “chantaje inaceptable para el conjunto de la sociedad uruguaya”. La nota también sostiene la “vigencia de la metodología de responsabilidad con que históricamente los trabajadores de la salud impulsan sus reivindicaciones y desarrollan conflictos, garantizando siempre la mejor asistencia a la población”.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) también cuestionó la medida de los cirujanos. El sector se opone “a todo intento corporativo” de transformar la salud en “una mercancía más”, sólo al alcance de quien pueda pagarlo. Ésa es la concepción que inspira a algunos cirujanos a tomar esta medida de fuerza, provocando nuestro profundo repudio”. También se destaca que la medida “no cuenta con el apoyo de la mayoría de los médicos de Uruguay y deja “sin asistencia a mucha gente”, incluyendo “los sectores más pobres”. “Los conflictos de la salud nunca se hicieron tomando de rehenes a los usuarios”, afirman en el MPP
Desde el gobierno subrayaron la idea de hacer un futuro llamado con notorios “beneficios económicos y salariales” para quienes accedan a estos cargos, que a diferencia de las vacantes generadas, serán presupuestados y deberán estar presentes en las guardias médicas. En cambio, los cargos actuales de las comisiones de apoyo a ASSE no requieren el cumplimiento de horarios en el servicio. “Muchos trabajan en una mutualista mientras están de guardia y eso se tiene que acabar”, comentó en diálogo con la diaria un integrante del Ejecutivo. El nuevo llamado habilitará a participar a los cirujanos de las comisiones de apoyo a ASSE que no hayan renunciado a sus cargos.
Pero el gobierno fue más lejos al momento de analizar sanciones para los renunciantes. Breccia dijo que se analizará en el Ejecutivo si no corresponden medidas “respecto de otros vínculos de estos profesionales con el resto del sistema público de salud”.
Fuentes del gobierno ratificaron que se intentará no renovar el contrato de los profesionales renunciantes que tengan otro tipo de vínculos contractuales con el Estado, salvo en los casos en que se trate de cargos presupuestados. “Ésta sería la orientación que el Ejecutivo le daría a los entes autónomos u organismos que los tengan en esa opción de contrato”, explicaron.
Polémica en la torre
El anuncio más controvertido de Venegas consistió en la elaboración de un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo tenga “la facultad de declarar la emergencia sanitaria”. Este proyecto, según dijo, contendría además “las medidas disciplinarias que de ella deriven”, en casos de incumplimiento de la esencialidad, lo cual podría incluir “la inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional”. El proyecto habilitaría al Ministerio de Salud Pública (MSP) a decretar la esencialidad por medio de un decreto o resolución, una potestad que hoy tiene sólo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Este texto está “bastante avanzado”, según Venegas. “Se buscó indicar que el régimen de medidas puede ser muy amplio. No está definido con precisión aún, pero se irá hasta el final en esto”, agregaron las fuentes gubernamentales.
Autoridades de la Facultad de Medicina y del Colegio Médico explicaron en conversación con la diaria que el MSP es quien actualmente lleva el registro de profesionales médicos y quien los habilita, por lo tanto esa cartera también estaría en condiciones de inhabilitarlos.
Ese punto de vista no es compartido por el asesor legal de los cirujanos, Alejandro Abal, quien señaló que “siempre se pueden hacer cosas que no están de acuerdo a las normas”. Abal le dijo a Montevideo Portal que las medidas del gobierno son “absurdas” y que, “en vez de asustar, lo único que logra es hacer enojar más” a los cirujanos.