El tortuoso camino de la implementación de la televisión digital y la apertura a nuevos operadores en Uruguay tuvo ayer otro viraje: el presidente José Mujica resolvió suspender “transitoriamente” el llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial.

En la tarde del miércoles, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, recibió de manos del secretario de Presidencia, Homero Guerrero, el decreto que suspendía el llamado. Tiene cuatro considerandos: “que eventuales oferentes han manifestado su preocupación acerca del plazo para la apertura de las ofertas” (que vencía el 25 de febrero); “que dicha circunstancia podría comprometer la participación de postulantes interesados en presentarse al llamado”; que es “de interés del Estado” lograr “la más amplia concurrencia”; y que “razones de oportunidad y conveniencia aconsejan disponer la suspensión transitoria del referido llamado”.

Ortuño no estuvo de acuerdo con la suspensión y quiso conocer los motivos. Hasta última hora del miércoles estuvo intentando comunicarse con Mujica pero no lo logró. Sobre las 22:00 firmó el decreto, y espera mantener un encuentro con el presidente para que le explique las razones de su decisión. Firmó la norma como ministro interino ante la ausencia de Roberto Kreimerman. Tampoco se encontraba en el país el miércoles el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, quien fue en las últimas semanas el encargado de llevar este tema. Consultado al respecto, Ortuño se limitó a declarar: “Fue una decisión del presidente de la República, no es iniciativa del Ministerio de Industria”.

Ayer Ortuño mantuvo reuniones con los interesados en acceder a canales o señales de televisión digital, en las que les transmitió que el proceso no se interrumpirá y que los esfuerzos del ministerio estarán concentrados en ello. Entre los interesados están Tenfield; la productora Oz Media; el argentino Gustavo Yocca, dueño del diario La República; el ex director de La República Federico Fasano; y la diaria junto a un grupo de empresarios y trabajadores de la comunicación. Según supo la diaria, tanto Fasano como Yocca dijeron a autoridades de gobierno en más de una oportunidad que el plazo dispuesto era demasiado breve.

Con el decreto de ayer, el Poder Ejecutivo da marcha atrás en materia de plazos con respecto a lo dispuesto en el decreto del 31 de diciembre, que a su vez cambiaba el primer decreto en la materia. En mayo del año pasado, el gobierno resolvió dar 60 días de plazo a quienes quisieran presentarse al llamado. El 31 de diciembre, acortó ese plazo a 45 días, y ayer alegó que ese plazo era demasiado breve, pero no puso una nueva fecha de apertura del llamado.

Los actuales operadores privados (canales 4, 10 y 12) no quedaron conformes con el decreto del 31 de diciembre, supo la diaria. Ya habían recurrido administrativamente el decreto de mayo de 2012, que los obligaba a brindar determinadas contraprestaciones (por ejemplo, 15 minutos gratuitos para campañas de bien público) y disponía un plazo de 15 años para el usufructo de las frecuencias. El decreto del 31 de diciembre volvió las condiciones más benevolentes para los actuales operadores, ya que establece que deberán presentarse al llamado pero los exime de ser evaluados por el Comité Honorario Asesor Independiente (CHAI) y de someterse a una audiencia pública, así como de presentar garantía de solvencia económica y moral. No obstante, esto continuó sin conformar a los históricos canales, porque deja intactas las cuestiones de fondo: las contraprestaciones y los plazos para el uso de las frecuencias.

En la tarde de ayer, Mujica se reunió con Cánepa. En el entorno más cercano del presidente no se enteraron de que iba a tomar la decisión de suspender el llamado; Cánepa, quien ha seguido el tema, estaba en el exterior y recién ayer supo las razones de la decisión de Mujica. La voluntad del presidente es suspender el llamado, y no piensa en nuevos plazos. Fue una resolución personal y espontánea. En las últimas semanas, el Grupo Medios y Sociedad (GMS) e integrantes de CHAI cuestionaron la decisión del gobierno de excluir a los canales privados del requisito de presentarse ante audiencia pública y someterse a la evaluación de CHAI. El GMS acusó al Ejecutivo de establecer “privilegios contrarios a los estándares internacionales”.