A raíz de una denuncia presentada por la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) por el desalojo de un trabajador rural por parte de policías de la Seccional 13ª de la localidad de Goñi, en Florida, el titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Luis Romero, convocó ayer una reunión. Además del trabajador desalojado y su esposa, participaron los subsecretarios del Interior (MI) Jorge Vázquez y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Nelson Loustau nau, los delegados de UNATRA María Flores, Rosario Larrea y Luis Díaz y los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) Pablo Caratti y Dante Giosia.
En los primeros días de diciembre, el trabajador le reclamó al señor Atilio Silvio González, propietario del establecimiento, un aumento de salario tras haber recibido asesoramiento en la UNATRA. González no aceptó el reclamo y le dijo al trabajador: “Con el sindicato no quiero tener nada que ver y si a usted no le sirve lo que pago, tiene la puerta abierta para irse cuando quiera”, según relató el asalariado a la diaria. Si embargo, el trabajador no retiró de inmediato sus pertenencias del establecimiento porque “no tenía dinero para hacerlo”. Quince días después fue citado a la Seccional 13ª de Goñi y la Policía lo obligó a dejar la llave de la casa, bajo amenaza de “quedar detenido en ese momento” si no lo hacía.
Al otro día, el trabajador fue obligado a ir al establecimiento y vaciar la casa. En el acta de “relación de pertenencias retiradas” que levantó la Policía de Florida en el lugar, se dejó constancia de que el procedimiento fue “dispuesto verbalmente por el juez de Paz Jorge Tabárez”, titular del Juzgado de Paz de Sarandí Grande. En el operativo, la Policía realizó un inventario de las pertenencias del trabajador y además “revisaron una por una las cosas” en un procedimiento “lamentable”, según evaluó la dirigente de UNATRA María Flores.
Desde el sindicato rural entienden que el procedimiento judicial y policial viola el nuevo Estatuto del Trabajador Rural, vigente por decreto desde junio de 2012 y que establece que en caso de despido la acción judicial de desalojo debe seguir el proceso y los plazos correspondientes “al ocupante precario”. Además, en caso de que el trabajador no tenga los medios para realizar el traslado, éste debería ser costeado por el propietario. Tras la denuncia presentada el lunes por UNATRA, Romero citó a los representantes sindicales y al trabajador damnificado para mantener una reunión con Jorge Vázquez.
En actas
El subsecretario del Ministerio del Interior dijo a la diaria que el objetivo de la reunión fue repasar “una situación puntual que tuvo que ver con un problema laboral, donde hubo participación de la Justicia y de la Policía, y se aclaró cómo habían sido los hechos”, pero destacó que la reu nión “permitió que el gremio de trabajadores rurales conociera un poco mejor cómo son los procedimientos policiales, pero también la posibilidad que ellos tienen de recurrir a la Policía para hacer denuncias, pedir protección y saber cómo ésta tiene que actuar en los desalojos”. Además la reunión “también nos permite enterarnos de cómo se manejan estos problemas en el interior del país y cómo, a veces, la Policía se ve involucrada, y así dar directivas concretas para actuar dentro del margen de la ley”, explicó Vázquez. Finalmente informó que el subsecretario del MTSS anunció en la reunión que este año se “va a realizar un trabajo focalizado para que trabajadores y empleadores conozcan cuáles son las nuevas normas de este tipo”.
Por su parte, Flores calificó la reunión como “excelente” y explicó que las autoridades del gobierno manifestaron que “tenían las puertas abiertas para continuar con este tipo de reuniones”. Agregó que los subsecretarios “recogieron información sobre los hechos y quedaron en analizarla” y que el MI “solicitó formalmente las actas” del procedimiento a la Jefatura de Policía de Florida. Flores indicó que el gobierno “va a notificar a las seccionales del interior de país que el decreto anterior se derogó, que hay uno nuevo y que no debe haber ninguna actuación policial en caso de que un trabajador rural sea despedido”. Además “nos aclararon una gran cantidad de dudas que teníamos sobre el tema”, agregó y anunció que el próximo paso de la UNATRA es denunciar ante la Dinatra al propietario de la empresa, porque el trabajador despedido “no ha cobrado la liquidación ni el sueldo del último mes”.