El canciller Luis Almagro y su par argentino, Héctor Timerman, estuvieron en contacto telefónico ayer. Timerman con el objetivo de insistir en que Uruguay desista de la autorización a UPM para ampliar su producción a 1.200.000 toneladas, y Almagro para intentar que Argentina contemple la propuesta uruguaya de exigir contrapartidas a la empresa y desista de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por este tema. Almagro también recibió un correo electrónico del gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, en el que éste cuestiona la decisión de Uruguay.
Mientras tanto, de tarde, Mujica se reunió con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y con el embajador argentino, Dante Dovena, para conversar sobre este tema. Lafluf le expresó su voluntad de recibir el domingo al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien encabezará la movilización a Fray Bentos convocada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Mujica dijo ayer a la prensa que con Argentina “tenemos nuestras diferencias” pero nunca habrá “puentes rotos” mientras él sea presidente.
Por otra parte, Uruguay salió a responder ayer los anuncios de Argentina. Fueron dos conferencias de prensa casi al hilo. A las 16.00, Lejtreger y Aguerre se dedicaron a refutar los datos difundidos el miércoles por Argentina respecto del impacto ambiental de UPM. Lejtreger aseguró que UPM “no contamina, por lo estricto de los controles que el MGAP ha llevado adelante”. Respecto del monitoreo del impacto de UPM y de la desembocadura del río Gualeguaychú, señaló que se realizan 12 controles anuales y que las muestras son analizadas por laboratorios uruguayos, argentinos y del exterior. Remarcó que ambos gobiernos “cuentan con la misma información base” y manejan los mismos resultados de las muestras. Estos valores se comparan con los establecidos en la normativa ambiental uruguaya, que es la que corresponde aplicar de acuerdo con el Digesto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Por lo alto
Mujica sostuvo ayer que Argentina proporcionó “mucho dato aprovechando que la gente no tiene idea” sobre la eventual contaminación de UPM. “Se utilizan números para dar una idea irreversible, terrorífica”, dijo a Subrayado el presidente, quien fue respaldado en este tema por todos los dirigentes de la oposición. “Lo que no dijo el canciller [argentino, Héctor Timerman] es que del lado de Gualeguaychú se encontró diez veces más endolsufán que de este lado”, afirmó. “Nos movemos con los estándares internacionales y Uruguay no da la derecha en eso de que hay otros que cuidan más el medioambiente que nosotros”, agregó. La presidenta argentina, Cristina Fernández, le respondió que tiene la “orgullosa terquedad” de defender a los argentinos en referencia al calificativo de “vieja terca” que le endilgó Mujica meses atrás. Timerman consideró que UPM “extorsionó” a Uruguay porque “amenazaron con dejar a 6.000 personas en la calle si no le daban el aumento de producción”. “Y para un país chico como Uruguay, eso es mucha gente”, manifestó.
Las diferencias en las conclusiones expuestas por ambos países radican en que Argentina realiza una comparación que no corresponde. Compara los valores de la muestra tomada de los efluentes de UPM con los valores máximos permitidos en el curso de agua, cuando debería compararlos con los valores máximos de los efluentes. En el curso de agua, las sustancias se diluyen en el río, y en los efluentes (desechos de la industria) están concentradas. Por lo tanto, para los efluentes se fijan valores máximos que son superiores a los valores del curso del río. Para el caso del fósforo, Argentina utilizó el valor máximo de 0,025 miligramos (mg), cuando el que corresponde es 5 mg por litro -el de 0,025 mg es para el curso de agua-.
Lejtreger subrayó que todos los valores extraídos de la muestra de UPM están dentro de los parámetros establecidos por la normativa uruguaya. Proporcionó además algunos datos extraídos de la desembocadura del río Gualeguaychú. Afirmó que el caudal vertido en esa zona de la margen argentina del río Uruguay supera en 1.800% al caudal vertido por UPM, que el endosulfán detectado en Gualeguaychú supera 14 veces al detectado en UPM y que la pastera vierte 102 kilos diarios de nitrógeno, mientras que en la desembocadura del Gualeguaychú se vierten 11.750 kilos diarios (una cantidad más de 100 veces mayor).
En cuanto a la presencia de endosulfán -sustancia prohibida en la normativa uruguaya- en los efluentes de UPM, Lejtreger reconoció que se detectaron “trazas” de este producto, pero que esto es así porque se trata de un “compuesto orgánico persistente, que sigue por un tiempo más o menos largo detectándose en los suelos y en el agua”. Aclaró que UPM no utiliza endosulfán en su proceso de producción sino que éste “viene en algún caso puntual con la materia prima”.
Aguerre indicó que UPM vierte 24 toneladas de fósforo al año y advirtió que 83 toneladas al año se pierden simplemente por “erosión natural del suelo”, para dar una dimensión del impacto.
Cumplidores
Una hora más tarde, Almagro y el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, dieron la respuesta política. Almagro lamentó la decisión de Argentina de recurrir a la CIJ. “De todas las opciones disponibles, ésta no es la que mejor refleja la histórica relación bilateral entre los dos países”, expresó. Sostuvo que Uruguay respetó los plazos previstos en el Estatuto del Río Uruguay y que incluso le otorgó el doble de plazo a Argentina por “cortesía”. En setiembre de 2012 se proporcionó la “información completa”, en octubre se entregó información adicional y en setiembre de 2013 “ya estaban todos los plazos procesales cumplidos”. Pero Argentina nunca se mostró satisfecha con la información brindada y se fue “desnaturalizando el mecanismo de consulta”, alegó el canciller.
“Se estaban anulando las características propias de la consulta, que es un mecanismo temporal. El pedido sucesivo de información se estaba transformando de hecho en un veto implícito”, manifestó. En este sentido, recordó que el fallo de la CIJ sobre este tema establecía explícitamente que Argentina no tenía este poder de veto.
Afirmó que Uruguay “tuvo y tiene la voluntad de negociar” y que UPM cumple con “los más exigentes estándares internacionales para los efluentes”. “Debe ser la planta más inspeccionada del mundo desde el punto de vista ambiental”, comentó. Enfatizó que “Uruguay no viola la soberanía ambiental argentina”.
En respuesta a declaraciones de las autoridades argentinas, que acusaron al gobierno uruguayo de actuar en beneficio de una empresa, Almagro señaló que la decisión se tomó “de acuerdo a los intereses de Uruguay y no a los de una empresa”. Recordó que UPM pretendía que su pedido de ampliación de producción no pasara por la CARU y que Uruguay se negó a esto para “dar garantías”. También recordó que junto con la autorización se exigirá a UPM bajar el nivel de fósforo vertido y bajar la temperatura de los efluentes, y afirmó que el gobierno ha sido “intransigente” con la empresa. “No hemos sido flojos ni hemos cedido”, aseguró.
Por otra parte, el gobierno anunció que tomará “recaudos” ante el anuncio de los asambleístas de Gualeguaychú de que ingresarán a Fray Bentos con la intención de hablar con Lafluf. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer que no anunciará las medidas a tomar. “Los asambleístas tienen derecho a resolver lo que ellos crean conveniente, nosotros tenemos derecho a cuidar el orden dentro del país”, advirtió.
