La RIJ está integrada por jueces y operadores jurídicos de Haití, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, España, México, Guatemala, Honduras y Chile; y tiene como principal objetivo la promoción de los derechos humanos y las garantías judiciales. Comenzó a gestarse en 2003, pero su existencia fue oficializada en Chile el 27 de marzo de 2004 y sus visitas internacionales se iniciaron en 2009, tras el golpe de Estado en Honduras.
El juez Urrutia y la actuaria cordobesa Ana María Jerez llegaron el martes 22 a Uruguay en su calidad de comisionados ante la RIJ. Mantuvieron encuentros con ministros de la SCJ, con organizaciones (Serpaj, Institución Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados, Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay), con los legisladores Ope Pasquet (Partido Colorado) y Óscar López Goldaracena (Frente Amplio), abogados especializados, jueces y fiscales.
Las conclusiones de la visita fueron plasmadas en un informe preliminar (http://ladiaria.com.uy/UD0), que establece como preocupación general que la SCJ “en forma expresa y reiterada ignora en su actuación jurisdiccional y administrativa el derecho internacional de los Derechos Humanos y la falta de adecuación del derecho interno a la Convención Americana sobre derechos Humanos vigente en el país, incumpliéndose así […] las recomendaciones dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman”.
Surtido
Entre las recomendaciones de la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) se encuentran: garantizar los recursos humanos y económicos para el funcionamiento de la INDDHH; asegurar el acceso de las mujeres a los espacios de poder del Poder Judicial y la transparencia del procedimiento en el nombramiento de los miembros de la SCJ; concretar la reforma del sistema procesal penal que “no cumple los estándares de garantías judiciales y del debido proceso”; y asegurar la investigación de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado.
En el mismo sentido, hace unas semanas, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, concluyó que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la Justicia que decisiones recientes de la SCJ” (ver la diaria del 07/10/13). “Las nuestras son conclusiones de observaciones de especialistas en temas del derecho y tienen un peso ético. Ya no somos islas, en algún momento damos exámenes ante la comunidad internacional y éste es un examen”, explicó Urrutia a la diaria.
El informe de los comisionados de la RIJ hace referencia a la denuncia que la SCJ radicó tras las protestas frente a su sede en febrero de 2013, durante la ceremonia donde se concretó el traslado de la jueza Mariana Mota: “Se observa con especial preocupación la judicialización penal y pretendida criminalización de la protesta social impulsada por la misma SCJ [y] llamamos a respetar en toda su extensión el derecho a la legítima protesta social”.
Supremo mensaje
La RIJ alerta sobre la “concentración -no reglada y falta de criterios uniformes públicos- de facultades jurisdiccionales y administrativas de la SCJ”; señala que esto se manifiesta en la “discrecionalidad para el ingreso, ascensos, traslados y egresos de la carrera judicial” y que se necesita “mayor transparencia y rendición de cuentas a través de mecanismos de control ciudadano”. “No es sólo Mota, cuyo caso tuvo repercusión internacional. Escuchamos otros jueces que nos dijeron que estaban investigando determinados temas y de repente los ascendieron”, puntualizó Urrutia a la diaria. El comisionado chileno indicó que nuestra estructura judicial hace que los jueces uruguayos “tengan que pensar que lo que resuelvan no tenga un costo para ellos”.
Explicó que la independencia judicial puede verse afectada mediante actos externos -presiones del Ejecutivo, por ejemplo- o internos. “En el caso uruguayo, estructuralmente los jueces no tienen independencia judicial interna. Los jueces pueden sentir que son independientes y actuar con honorabilidad, pero lo que está en cuestión es que estructuralmente no se asegura su independencia. La SCJ está dando una señal equivocadísima: señores jueces, si quieren hacer carrera no apliquen el derecho internacional. No ocurre en casi ningún otro país del mundo que sin preguntarle a nadie, sin rendir transparentemente nada, toma a un juez y lo traslada. La garantía de inamovilidad es una garantía para los ciudadanos, no es primeramente para el funcionario”.
Otro punto relevante del informe de la RIJ es el incumplimiento de la SCJ de sus compromisos internacionales. Uruguay, por intermedio de la SCJ, forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que en los últimos años aprobó documentos de autorregulación para limitar sus propias normas. “La SCJ uruguaya no cumple con el Estatuto del Juez Iberoamericano, ni con el Código de Ética Judicial, ni con la declaración que conforma las 100 reglas de Brasilia para la mejor administración de justicia”, señalan los comisionados.