Uruguay respondió ayer, mediante una carta dirigida al canciller Héctor Timerman, la intimación del gobierno argentino de dejar sin efecto la autorización de aumento de producción a la pastera UPM. Argentina alertó que, en caso contrario, recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La nota firmada por el canciller Luis Almagro sostiene que el gobierno encabezado por José Mujica “ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales”. A continuación, detalla todos los pasos que dio el gobierno desde que solicitó la ampliación de producción en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en marzo de 2012.
Desde ese momento, recuerda la nota, transcurrieron 390 días (más del doble del plazo previsto en el Estatuto del Río Uruguay) y no se obtuvo una respuesta de Argentina. Incluso, señala Almagro, Argentina “prejuzgó”, ya que en la reunión de la CARU donde se trató por primera vez el pedido, el 16 de abril de 2012, los representantes argentinos adelantaron su oposición a la ampliación de producción, lo cual “vació de utilidad el posterior intercambio informativo”. Pese a esto, Uruguay satisfizo, a juicio de la cancillería, todos los pedidos de información realizados por Argentina, y proveyó “una base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto”, señala la nota.
“En base a estas informaciones, la República Argentina estaba en condiciones de comunicar al Estado uruguayo cuáles eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones sugeridas al mismo”, indica la cancillería uruguaya. Y agrega: “Sin embargo, la delegación argentina ante la CARU continuó realizando sucesivos pedidos de información, cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos”. Remarca que para Uruguay “no es aceptable” que Argentina haya transformado el mecanismo de intercambio de información en “un derecho de veto implícito sobre los proyectos” y que esto va en contra de lo dispuesto en el Estatuto del Río Uruguay.
La nota de la cancillería uruguaya remarca que el monitoreo conjunto muestra “sin ambigüedades” que UPM “no contamina”, y anexa para probarlo el informe realizado por los científicos uruguayos, cuyos datos ya fueron adelantados por las autoridades de los ministerios de Vivienda y Ganadería.
Dispuestos a negociar
Almagro sostiene en la nota que Uruguay “no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor” de su continuación. Relata que durante la reunión que mantuvo con Timerman el 1º de octubre le entregó una propuesta para establecer un nuevo marco normativo en la CARU, ya que la reglamentación actual “resulta insuficiente para que los dos países afronten los nuevos desafíos en materia de prevención de la contaminación”.
Se sugiere ampliar el Digesto de la CARU en el capítulo vinculado a las condiciones de los efluentes. El primer artículo de este capítulo es el que motivó la principal diferencia de interpretación entre los científicos uruguayos y argentinos. Éste dispone: “Cada Parte dictará las normas a las que deberán ajustarse los efluentes que puedan acceder al Río provenientes de actividades desarrolladas en su jurisdicción. En dichas regulaciones, las Partes tomarán en consideración los estándares de calidad de las aguas incorporados” en el digesto. Uruguay aplica a los datos de los efluentes de UPM su normativa nacional, y Argentina aplica los estándares de calidad de aguas del digesto.
Uruguay propone además incorporar el concepto de BAT (mejores técnicas disponibles), diseñar planes de acción específicos para combatir la presencia de fósforo en el río, y completar la instalación de los equipos para la medición continua de los efluentes descargados en la canaleta Parshall de UPM, de la desembocadura del río Gualeguay- chú y los de calidad del aire.
Unidad nacional
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, asistió ayer a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores a presentar datos sobre el impacto de UPM. La convocatoria fue a instancias del senador colorado Tabaré Viera (Propuesta Batllista). “Nos brindaron absolutamente toda la información de las tareas que viene cumpliendo la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] respecto a UPM. La comisión se dio por satisfecha, llegamos a la conclusión de que realmente UPM no contamina”, declaró Viera a la diaria. Beltrame explicó que se le pidieron nuevas exigencias a UPM en materia de temperatura y fósforo, porque en esos indicadores la empresa estaba “al límite” de la normativa. El ministro no brindó datos del monitoreo realizado por los científicos uruguayos porque es un tema que la cancillería ha decidido dejar en reserva por el momento.
Finalmente, Uruguay reitera su disposición de continuar las negociaciones y aguarda “los comentarios de la República Argentina a la propuesta presentada”.