-¿Cómo evalúa el proceso que llevó a anular las elecciones de AP?

-Creo que el error fue hacer la elección tan abierta, sin tener elementos de referencia, como por ejemplo la afiliación al FA o a AP. Eso habilitó que actores externos pudieran intervenir y generar un nivel de incertidumbre en términos de la legitimidad de la elección. También es cierto que había gente a la que le interesaba incidir en la interna de AP y generar un grado de desconfianza interno. Es un tema complejo y un daño que nos va a costar resolver.

-¿Tienen datos o hipótesis sobre quiénes fueron los responsables?

-Lo que nos comentan los candidatos es que ya al mediodía se notaba que había gente extraña a AP moviéndose y trasladando gente. Reconocieron a algunos militantes del PN. Y después, la característica de que la gente se presentaba en el local de AP de noche reclamando el nombre de un candidato para exigirle que le pagara. Entonces parece más bien una provocación organizada, porque es muy difícil que vos vayas a cobrar un monto a ese lugar.

-¿Es posible que alguien de AP tenga responsabilidad en esto?

-Lo descartamos y respaldamos a los candidatos desde el punto de vista ético.

-En la prensa trascendió que en la reu-
nión de AP que analizó este tema, usted dijo que si no se anulaban las elecciones, daba un paso al costado.

-Si se convalidaba esa elección, fuera el resultado que fuera, ponía en tela de juicio la credibilidad y la incidencia del proyecto de AP en Maldonado, y anulaba cualquier perspectiva del rol de referente nacional que los compañeros querían que yo jugara. Si no lo resolvíamos bien, se caía el proyecto a pedazos.

-Se habló también de su preferencia por el secretario general de la Intendencia, Gustavo Salaberry.

-Eso no es cierto. Yo no tuve un acto en particular hacia ninguno de los compañeros. Fui muy cuidadoso de la institucionalidad de AP.

-¿Cómo evalúa la votación de las candidaturas en el Congreso del FA?

-Había una clara posición a favor de Tabaré [Vázquez], aunque había un sector del FA que consideraba que había que votar a los dos juntos, en igualdad de condiciones. La candidatura de Constanza Moreira contó con un buen respaldo en el Congreso. Todas las encuestas hablan de Tabaré, pero también hablan de un sector disconforme, no con Tabaré sino con el FA, con la institucionalidad. Efectivamente, allí hay una alternativa en ciernes, que podrá no ser mayoría pero que es donde la gente se refugia para canalizar niveles de disconformidad.

-¿Por qué se dio la discusión sobre política económica en el Congreso?

-Es cierto que ha estado en tensión permanente la conducción económica. Este Congreso ratificó un camino y es un triunfo del FA todo. Logramos acordar hasta dónde podíamos llegar juntos y cómo se habilitaba una futura discusión.

-¿Fue un posicionamiento más electoral que programático por parte de algunos sectores?

-No. Si parto de la base de que ha habido tensiones en la política económica, que el FA discute alternativas, tengo que partir de la base de la confianza en compañeros que piensan que es posible desarrollar otro tipo de medidas, sobre la base de un proyecto de desarrollo que aún no tiene las bases materiales como para materializarse. Esa tensión entre crecimiento y distribución es un elemento que se va a mantener en la izquierda.

-¿Qué condiciones debería tener el candidato a vicepresidente de la 
República?

-Tiene que reunir condiciones dialoguistas, dentro del FA y para el resto del sistema político, y tiene que ser de suma confianza de Vázquez y del FA. Y creo que no es irracional que los sectores no tabarecistas soliciten que la vicepresidencia tenga que ver con ellos.

-¿Qué opina de Raúl Sendic?

-Un muy buen compañero. Hay otros compañeros valiosos. Nin Novoa es un tipo de confianza de Tabaré. Debe ser el tipo más tabarecista que hay y eso lo limita, cuando otros sectores del FA quieren tener otros equilibrios. Es el tipo que más comprende a Tabaré y que ha sido más leal y se ha jugado el pellejo, pero en este escenario es muy difícil.

-¿Qué lugar ocupará en las listas para la próxima elección?

-Hay una definición de AP a nivel departamental de que yo encabece la lista a Diputados, pero tendría que renunciar en junio del año que viene, un año antes de que termine el gobierno. Eso me genera dificultades, lo tengo que pensar. La otra es que sea el primer nombre de AP al Senado, en una lista del FLS, si vamos con lista común. En qué lugar, no se sabe.

-¿Se ve en un cargo ejecutivo?

-Preferiría dedicarme a jugar un rol de defensa del gobierno en el Parlamento y a contribuir a la organización de la Alianza y del FLS. Hay una demanda enorme del interior de una mayor presencia del FA y de sus figuras más representativas. Y el Ejecutivo chupa a los compañeros, les quita energías.

-¿Qué cambios debería incorporar una eventual reforma constitucional?

-Tenemos que definir qué cosas queremos reformar y cuál es la base social del cambio. Hay elementos que, por una cuestión vinculada a la propiedad de la tierra, postergan otros derechos de mayorías. Parto de la base de que el derecho de propiedad privada no lo vamos a abolir, pero la posibilidad de intervenir tiene que plantearse. Si el Estado tiene que mantener una obra vial o generar infraestructura, crea un impuesto a las grandes extensiones de tierra y se declara inconstitucional, quiere decir que la Constitución impide llevar adelante el proyecto de desarrollo. No digo esto por una actitud caprichosa ni para definir que soy de izquierda; estoy diciendo que esos sectores de producción, si no se resuelven los problemas de infraestructura y de logística, no van a aprovechar todas las oportunidades para seguir creciendo.

-¿Las gremiales agropecuarias son conservadoras, en comparación, por ejemplo, con los empresarios de otros sectores, como la construcción?

-Lo que hay en Uruguay, desde que se instaló el gobierno del FA, es una manifestación mucho más contundente de los sectores empresariales, y entre algunos hay una cultura dominante de derecha. No todos, porque hay otros que negocian muy bien con sus trabajadores, que tienen una actitud distinta frente al Estado. No quiere decir que no sean patrones blancos y colorados, pero no tienen una posición tan rígida de derecha y tan neoliberal, en la que la única variable de ajuste es el salario. Yo conozco empresarios que son de los partidos tradicionales pero tienen una visión progresista del desarrollo del país. Las cámaras empresariales representativas de los industriales y empresarios rurales tienen una posición muy conservadora. Esos sectores forman opinión y tienen una cultura dominante sobre otros que no necesariamente piensan igual, y es una batalla política y cultural. Hay sectores que prefieren que no existan vías, puertos ni carreteras, aun a costa de ganar menos, soñando siempre con que el Estado se haga cargo de esas inversiones sobre la base de gravar a los que menos tienen.

-¿Qué otros elementos podrían incorporarse en una reforma?

-El proyecto de desarrollo local amerita que haya una serie de instrumentos del Estado que puedan funcionar en el derecho privado y que puedan transformar en más competitivas las posibilidades de Uruguay. Las últimas licitaciones que he convocado a empresas privadas me cuestan 60% u 80% más. Si el Estado creara empresas públicas en el derecho privado, que fueran eficientes en la gestión, Uruguay podría redistribuir, por intermedio del gasto público, mucha más riqueza, y generar más elementos de eficiencia para el Estado. Eso evita que el Estado quede rehén de un grupo de seis o siete empresas monopólicas. ¿El camino alternativo es más Estado? No, tenemos que modificar el Estado.