El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, presentó ayer ante la comisión de seguimiento del cuerpo legislativo su informe respecto a lo sucedido la semana pasada en el motín del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (Comcar), en el que fallecieron dos reclusos. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó el miércoles que ambos murieron por balas policiales y que se utilizó munición letal prohibida en estos casos. Informó que se dispararon 65 cartuchos y que la mayoría fueron “al aire”.

El informe del comisionado parlamentario concluye, no obstante, que eso no fue así. “Por la trayectoria de los disparos, queda claro que los mismos no fueron hechos con fines intimidatorios o de mera advertencia”, indica Garcé. Sí hay coincidencia en la cantidad de cartuchos contabilizados; como cada uno puede contener más de 25 proyectiles, se estima que se dispararon cerca de 1.500 balas de plomo.

En cuanto al saldo de heridos, Garcé informa que hay un funcionario y 43 personas privadas de libertad que presentan “diversos tipos de lesiones, en su mayoría por arma de fuego”. El motín se originó por un conflicto entre reclusos “por cuestiones de distribución de pasta base, cuya eclosión derivó en un enfrentamiento entre rivales; al intervenir la Policía se habría producido un ‘efecto fútbol’, esto es, una reacción similar a las de las hinchadas en pugna, que rápidamente dejan atrás sus diferencias y, ante una intervención policial, hacen causa común para enfrentarla”, señala el comisionado.

Los responsables de las muertes fueron un grupo de funcionarios de la Brigada de Traslados, quienes, apostados en las azoteas del módulo 2, comenzaron “una reacción fuera de la cadena de mando”, concluye Garcé. Un funcionario, que ya está identificado, “sin conocimiento ni autorización de los mandos”, dio la orden de retirar del armero del establecimiento un “considerable conjunto de munición letal” (cartuchos 4 BK y cartuchos 4 BK 00) y “proveer de los mismos a los escopeteros que estaban en las azoteas del módulo 2”. “A partir de ese momento comenzaron los disparos con munición letal, en forma horizontal, hacia quienes estaban en los techos del módulo 1”, describe Garcé.

En cuanto el comando del Instituto Nacional de Rehabilitación fue puesto en conocimiento, por parte de los propios reclusos, de que se estaba usando munición letal, dio la orden de alto el fuego.

Garcé afirma que las muertes constituyeron “ejecuciones extrajudiciales, ordenadas y cumplidas por fuera de la línea de mando”, y que “existió riesgo objetivo de causar una masacre”. “Si ésta finalmente no ocurrió fue por fortuna, o tal vez por la agilidad de los destinatarios del ejercicio de ‘tiro al blanco’ con plomo. El saldo de los fallecidos y dos heridos graves fue mínimo en relación a las consecuencias que se podrían haber ocasionado”, advierte Garcé. Remarca que el funcionario que ordenó la provisión de munición letal y dio la orden de utilizarla, así como quienes cumplieron dicha orden, “manifiestamente ilegal”, se encuentran “moral y técnicamente impedidos de servir como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, independientemente de las responsabilidades penales que recaigan sobre ellos.

Garcé destaca que la reacción del Ministerio del Interior de instruir una investigación de urgencia constituye “una buena señal”, y entiende que “previo a los trámites legales, corresponde la depuración de los cuadros funcionales, a partir de las responsabilidades que se determinen en vía administrativa”. De todas formas, en el informe Garcé detalla que hay “algunas cuestiones” no incluidas en la investigación de urgencia; por ejemplo, que además de los 12 lesionados que menciona la actuación administrativa, hay 32 personas heridas, algunas por “el empleo de armas de fuego, pero otros presentan señales compatibles con golpes de bastón”. Señala que decenas de internos relataron que se produjo “un ‘túnel’ tras el descenso de las azoteas, oportunidad en la que fueron golpeados. Esta vieja práctica de tortura constituye un desvío, dentro de un procedimiento que fue correctamente diseñado”.

Finalmente, el comisionado recomienda crear legalmente la figura de ejecución extrajudicial como “un crimen de lesa 
humanidad”.

La comisión de la Asamblea General recibió el informe de Garcé y los legisladores acordaron, a pedido del senador nacionalista Carlos Moreira, que cuando culmine la investigación judicial citarán a Bonomi para “conversar sobre los procedimientos con visión constructiva”, según explicó el presidente de la comisión, el senador Daniel Martínez (Partido Socialista, Frente Amplio). Moreira consideró “insólito” el hecho, e informó que en comisión Garcé transmitió que los guardias involucrados están separados del cargo.

Martínez consideró que se trata de terminar de imponer “el criterio de que las cárceles son espacios de rehabilitación, sobre la vieja concepción represiva”, y consideró que en esa transición, “es claro que tanto para los presos como para algunos de los funcionarios existen añoranzas, porque el viejo sistema daba para muchas cosas ilícitas”. “Hay guardias identificadas como cultoras del viejo sistema, eso es algo que se sabe y que hay que trabajar”, opinó. El senador consideró “interesante” la propuesta de Garcé de convertir en un delito de lesa humanidad la ejecución extrajudicial.