A menos de un año de las elecciones nacionales, y habida cuenta de que uno de los ejes de la campaña ya iniciada es la cuestión de la seguridad pública, hay escasas condiciones para una reflexión social serena sobre la política que ha impulsado Eduardo Bonomi desde el Ministerio del Interior. Pero quizá valga la pena un intento de ordenar el panorama para evitar juicios simplistas.
Esa política recibe fuego cruzado desde por lo menos cuatro posiciones muy distintas:
La de gente de izquierda no frenteamplista que la ve como una consolidación y puesta al día del aparato represivo, para defender orientaciones gubernamentales contrarias a los intereses nacionales y populares.
La de otra gente de izquierda, frenteamplista o no, que la considera un retroceso en la defensa de los derechos humanos, por debilidad ante los reclamos sociales de “mano dura” azuzados por la derecha (o por coincidencia con ella en una concepción infértil de las causas de la delincuencia y del modo de combatirla).
La de gente de derecha que oscila entre cuestionarla por no reprimir lo suficiente y acusarla de incompetencia cuando reprime, en parte por convicción ideológica y en parte por cálculo electoral.
La de policías instalados en la ineficiencia, la corrupción y el abuso, a los que cualquier argumento les viene bien para evitar cambios que afecten la posición que han consolidado durante décadas, y que están dispuestos a todo para desestabilizar la gestión de las autoridades si se sienten acorralados por ellas.
Con independencia de que a esas críticas les asista razón o no, ninguna de ellas resulta suficiente para comprender lo que ocurre. Basta con repasar la enumeración anterior para caer en la cuenta de que aceptar uno de los diagnósticos no implica descartar todos los demás.
Por otra parte, es importante señalar que los cuestionamientos tampoco se anulan entre sí. Es habitual en nuestro país cierta forma ilógica de defensa, caracterizada por alegar que si algo es criticado desde posiciones contrapuestas, eso es señal de que se ubica en “el justo medio” (ejemplo frecuente: “los zurdos me acusan de facho, y los fachos, de zurdo; por lo tanto, soy ecuánime”). Igualmente inválida es la descalificación de un reproche por su simultaneidad con otro, como cuando se arguye que si un izquierdista expresa su descontento con alguna política del gobierno “le hace el juego a la derecha” (o “le da pasto a las fieras”, aunque las fieras no se alimenten de pasto).
Merece un párrafo aparte la hipótesis de la provocación de incidentes por parte de malos policías, interesados en bloquear cambios que los perjudican. Entre otras cosas, habría que preguntarse por qué no sucedió lo mismo, o no sucedió con la misma intensidad, durante el gobierno anterior del Frente Amplio (FA), y hay sobre la mesa dos hipótesis insinuadas.
Unos dan a entender que recién durante la presidencia de Mujica se ha encarado bien la problemática de la seguridad, y que las políticas aplicadas durante el período previo (cuando estuvieron al frente del Ministerio del Interior José Díaz, Daisy Tourné y -brevemente- Jorge Bruni) no fueron saboteadas del mismo modo porque eran menos “peligrosas” para los funcionarios indeseables. Otros, más identificados con los lineamientos que se impulsaron durante la presidencia de Tabaré Vázquez, dejan entrever que, en su opinión, los procedimientos preferidos por Bonomi y su equipo dejan mucho más espacio a la represión indiscriminada y a lo peor del personal, incluyendo a quienes, además de su predisposición a violar derechos, tratan de crear una situación ingobernable para frenar las reformas.
Sea como fuere, la tensión dentro del FA entre dos enfoques distintos no parece haber servido para enriquecer a esa fuerza política con intercambios capaces de generar una nueva síntesis, sino que polariza y divide del peor modo, con dosis considerables en cada parte de desprecio por los aportes que quiere realizar la otra, y escasa disposición a considerar necesarios y útiles tales aportes. En 2005, cuando se armó el equipo de gobierno de Vázquez, el Movimiento de Participación Popular aspiró a conducir el Ministerio del Interior, no lo logró y tuvo que conformarse con el tercer lugar en el escalafón político: la Dirección General de Secretaría. Ahora se invirtieron los papeles, y es probable que en un tercer gobierno frenteamplista vuelvan a invertirse, pero no se ven señales de que la experiencia acumulada haya permitido acercar posturas y lograr articulaciones nuevas. Esto no sucede sólo en el área de la seguridad pública, por supuesto, y las consecuencias son malas, no sólo para el FA sino también para el país.
Estuvo muy bien que Bonomi pidiera perdón, en nombre de las fuerzas policiales y del ministerio, por el asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina. Y está mejor aún que, además de pedir perdón, tome medidas para evitar que hechos así se repitan. Quizás hay otros errores por los cuales corresponden autocríticas colectivas y rectificación de rumbos: entre ellos, el error de no aprender juntos.