La jueza María Helena Mainard procesó con prisión, por el delito de homicidio simple, al policía de la Guardia Nacional Republicana que efectuó los tres disparos que le quitaron la vida a Sergio Lemos, el joven de 19 años de Santa Catalina que murió el lunes, poco después de que hubiera ocurrido una rapiña en un almacén.

La magistrada dejó en libertad provisional a los otros tres policías involucrados, ordenó que se lleve adelante la reconstrucción del asesinato, y citó a cuatro testigos del caso, dos de los cuales se encontraban trabajando en el comercio en el momento de la rapiña. Estos testigos “no se hicieron presentes en la sede” judicial, porque hasta el miércoles el acceso al barrio había sido bloqueado por los vecinos.

El auto de procesamiento advierte también que la autopsia del cuerpo de Lemos revela que recibió tres disparos de atrás: en la pierna, en el glúteo y en la parte inferior de la espalda, siendo este último el que le causó la muerte por desangramiento.

El policía procesado fue el único que no vio el video registrado por las cámaras de seguridad del local. Sus tres compañeros salieron a recorrer la zona y vieron sobre una moto a un muchacho de campera negra y gorro blanco, que según los testigos coincidía con la descripción de uno de los autores de la rapiña. Era Sergio Lemos. Según relataron ante la jueza, los efectivos le dieron la voz de alto, pero él no obedeció y siguió de largo, rumbo al comercio, y alertaron al efectivo que había permanecido allí, junto a una descripción del joven. Mientras tanto, el vehículo policial en el que iban pinchó una de sus ruedas, por lo que le avisaron que seguirían con la persecución “hasta que pudieran”.

El policía que permaneció en el almacén declaró: “A unos 15 metros de la esquina veo venir hacia mí a una moto tripulada con la descripción aportada, doy la voz de alto, veo un fogonazo, me pongo a resguardo, ya que se venía hacia mi persona efectué varios disparos, dos o tres con mi arma hacia el sospechoso”, que cruzó hacia la calle 26 de Abril y “se fuga en moto, cayendo de la misma a unos 50 o 60 metros de la esquina”. Luego dijo que se acercó al herido, solicitando apoyo, y ante la pregunta de si le encontró un arma, dijo: “No tuve tiempo de nada, fue cuestión de tiempo que me rodearan”. Además dijo que fue golpeado y le sacaron el cargador de su arma.

Según la declaración que hicieron ante la jueza, el mismo equipo de policías concurrió una hora después al lugar donde fue hallado el cuerpo y después de un “rastrillaje” encontró un arma calibre 38 con proyectiles. La pericia balística de Policía Técnica conluyó que el arma se trataba de un revólver marca “Llama” a la que no se le pudo determinar indicios residuales de disparos debido a las “condiciones que se encontraba”. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había sostenido ayer que a Lemos los policías le habían “plantado” un arma, aunque la jueza no se expidió ayer sobre este tema.

Ayer, tanto la familia de Lemos como su abogada, Mariel Fajián, se mostraron desconformes con el fallo de la magistrada. Los padres de Lemos se presentaron en el juzgado a dialogar con Mainard, pero ésta no los recibió. En una nota con Subrayado, Graciela, su madre, dijo que el joven ya había sido amenazado por el policía que lo asesinó y por su novia.

Fajián, en tanto, dijo que ayer presentó una lista de 20 testigos del homicidio: “Seguramente en estos días vayan a ser citados los testigos. Ahora hay un auto de procesamiento, que no quiere decir que no se modifique con los días, cuando haya nuevas pruebas”. También confió en que la Fiscalía apelará el fallo. En tanto, el abogado defensor de los policías, Diego Pérez, volvió a declarar que los efectivos actuaron en función del protocolow, y dijo que el policía que ejecutó a Lemos antes había dado la voz de alto y había escuchado disparos. En cambio, otra persona que dijo haber sido testigo de los hechos fue consultado por Subrayado y sostuvo que el policía efectuó∫æ cinco disparos sin haber pedido que se detuviera.

Bonomi sostuvo ayer que en las protestas de Santa Catalina no sólo hubo indignación de los vecinos, sino también la actuación de “grupos radicales con móviles políticos” y organizaciones de narcotraficantes que buscan impedir el ingreso de la Policía al barrio.