El MI presentó ayer ante el Juzgado Penal de 14º turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard, nuevos elementos en el proceso judicial iniciado a raíz del asesinato de Sergio Lemos. En este proceso, Mainard ya condenó por homicidio simple al policía que disparó contra el joven. El efectivo argumentó que Lemos había participado en una rapiña a un almacén de la zona, pero luego se comprobó que no era así y que además el joven estaba desarmado.

A raíz de este hecho, la cartera instruyó tres investigaciones: una a cargo de la Guardia Republicana, otra de la Jefatura de Policía de Montevideo y otra de Asuntos Internos del MI. En esta última se relevaron datos del sistema de comunicación digital encriptado que utiliza la Policía, que graba los diálogos entre los efectivos y además permite la ubicación de los equipos handy que utilizan. También se usaron datos del Sistema de Control Vehicular (Sisconve), que habilita la georreferenciación permanente de los vehículos. Con esta información, el MI llegó a la conclusión de que el móvil policial 263 -cuyos integrantes ya fueron interrogados por la Justicia- “agregó” un arma en la escena del crimen. Ese móvil llegó al lugar a las 21.07, y permaneció allí hasta las 22.01, sin poder ubicar un arma -que suponían que tenía Lemos. A esa hora se retiraron del lugar, y cuando ya estaban a más de un kilómetro de allí, reportaron que encontraron un arma calibre 38 con tres proyectiles.

El director nacional de Policía, Julio Guarteche, sostuvo que hay “una serie de indicios que por lo menos son totalmente extraños a lo que es un procedimiento normal”. Enumeró todo lo que deberían haber hecho los efectivos y no hicieron: preservar la escena del hecho, dar participación a Policía Técnica y dar cuenta del hallazgo del arma a sus superiores. “Se realiza una comunicación individual, no una comunicación general que hubiera permitido al oficial que estaba a cargo del procedimiento enterarse de que había aparecido un arma”, indicó. “No se respetó lo establecido por el código de procedimiento policial, que dice que cuando encontramos una evidencia, hay que guardar la escena del hecho a efectos de que pueda ser documentada como corresponde por la Dirección Nacional de Policía Técnica”, agregó.

En total se sumarió y se separó de sus cargos a dos policías de la zona 4 y a cinco de la Guardia Republicana. Uno de ellos es un oficial que integraba un móvil de control y que llegó a la escena del crimen a las 21.22.

Disculpas del caso

Bonomi señaló que “las acciones o procedimientos erróneos” en este caso “tuvieron como protagonista o autor a un integrante de las fuerzas policiales”, y “ese acto debe ser asumido en forma corporativa”. “El perdón no rebaja a la Policía, sino que la dignifica. Por eso, en nombre de las fuerzas policiales y del ministerio al que pertenecen, pido disculpas por los errores, éste u otros, que han tenido un costo tan alto. Pido disculpas no sólo a la familia de Sergio Lemos, sino a toda la comunidad de Santa Catalina”, manifestó.

Agregó que “las disculpas solas no alcanzan” y que el MI “asume el compromiso de combatir fuertemente estas prácticas, que no son de la mayoría de la Policía”. “El solo hecho de que todavía se mantengan dificulta otro tipo de objetivos que están planteados”, como “aproximar la Policía a los vecinos y los vecinos a la Policía”, afirmó el ministro. “No se puede pedir a la población que confíe en la Policía si ésta no reconoce los errores”, sostuvo, y se comprometió a “corregir y erradicar una práctica que se extiende desde hace tanto tiempo, sin que se haya hecho nada para combatirla”. Asimismo, expresó la “voluntad de seguir conversando con la gente de Santa Catalina” y llegar a implementar un “policiamiento comunitario de la zona”, como reclaman los vecinos.

Por otra parte, Bonomi informó que el MI envió a la Justicia los datos recabados en la investigación interna respecto de abusos policiales cometidos en Santa Catalina en setiembre, cuando policías golpearon y amenazaron con violar a un grupo de jóvenes. Los policías que intervinieron fueron “separados de la función” que desempeñaban pero continúan activos porque la investigación no terminó, explicó Bonomi. Asuntos Internos también inició una investigación sobre la golpiza policial a una joven de 20 años en Santa Catalina, el día del asesinato de Lemos.