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La sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estaba repleta. Varios minutos retrasados, los cinco ministros entraron, todos los presentes se pararon, ellos se sentaron y comenzó la audiencia in voce por los alegatos ante los recursos de inconstitucionalidad de la Ley 18.931, de julio de 2012, que determinó la liquidación de Pluna SA. La audiencia fue un pedido del abogado Ricardo Olivera, representante de Pluna SA y quien elaboró el proyecto de ley mediante un contrato con el Poder Ejecutivo. Fue el último paso antes de que la SCJ resuelva sobre la constitucionalidad o no de la ley.

Los recursos fueron presentados, por separado, por el ex gerente de Marketing de Pluna Raúl Rodríguez, el síndico Gabriel Ferreira (representante de la Asociación Uruguaya de Peritos, Aupe), Wild Fi SA -una empresa proveedora de servicios de comunicación- y un grupo de pasajeros afectados por el cierre de Pluna (que en total habían comprado unos 3.000 pasajes). Los recursos apuntan a que la ley viola los principios de igualdad, seguridad jurídica y el derecho de propiedad, al haber enviado al fideicomiso y dejado de lado del concurso judicial el activo principal de la aerolínea, los siete aviones Bombardier. La ley habilitó la subasta de los aviones y modificó el orden de los acreedores, tratando al Estado como “acreedor privilegiado”, aseguran los abogados reclamantes.

Olivera, el representante de Pluna, fue el único que defendió la constitucionalidad de la ley. Aseguró que la aprobación “obedeció a evidentes razones de interés general, ya que los tres objetivos planteados en la norma (preservar el valor de los aviones, la conectividad del país y las fuentes de trabajo) podrían cumplirse mediante el proceso concursal ordinario”. Destacó que el fideicomiso ha invertido más de diez millones de dólares en el mantenimiento de las aeronaves, ya que de lo contrario “se convertirían en chatarra”, y remarcó que “la masa concursal carecía de recursos” para ese mantenimiento. Olivera afirmó además que la ley no causó perjuicio a los acreedores, porque entre otras cosas el fideicomiso asumió la deuda con Scotiabank de 300 millones de dólares y la negociación con Eastern Jets por la devolución de los seis aviones que estaban en leasing. Aseguró además que Pluna Ente Autónomo no es acreedor concursal de Pluna, lo que podría ocurrir recién si Scotiabank le reclamara la fianza que tiene el Estado por la compra de los siete aviones.

Señaló además que quienes presentaron los recursos no tienen “legitimación activa”, es decir, interés directo, personal y legítimo para hacerlo, ya que no están identificados sus créditos en el concurso. Agregó que el único habilitado a presentar recursos sería el síndico, ya que el proceso concursal “tiene entre sus efectos el de suspender las acciones individuales de los acreedores y canalizarlas a través de la del concurso”, como forma de “preservar el tratamiento igualitario de los acreedores”.

Por último, aseguró que la ley en cuestión “fue ejecutada y cumplida definitivamente”, entre otras cosas, porque tres de las siete aeronaves ya fueron vendidas a la empresa de los ex trabajadores de Pluna, Alas-U, y en ese proceso se generaron “derechos a favor de terceros extraños al presente proceso, no convocados al mismo y que no han tenido oportunidad de defenderse”. Esto, dijo ante la mirada de los ministros, “hace imposible retrotraer el escenario creado sin lesionar grave, irreversible e inútilmente derechos adquiridos de buena fe”. Evalúa como el único camino posible para recorrer el de la reparación.

Qué interés

Pablo Correa, abogado de Raúl Rodríguez, comenzó su intervención aclarando que las palabras de Olivera no habían logrado “conmover mi convicción de que esta ley es inconstitucional por donde se la mire”. Agradeció la colaboración, gratuita, del abogado Gonzalo Aguirre -presente en la audiencia- y recordó que Olivera fue abogado de Leadgate, el grupo dueño de 75% de las acciones de Pluna SA. Correa respondió el argumento de la preservación del “interés general” planteado por Olivera, citando al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, quien en marzo de este año dijo que se había recuperado 100% de la conectividad del país: “El interés general en este aspecto no se vio afectado”, concluyó. Cuestionó las dos subastas de los aviones -“si no media una subasta judicial que limpie el título, esos aviones no van a volar”, afirmó-, y aseguró que no se preservaron todas las fuentes de trabajo: “No volverán a volar los 700 trabajadores; sólo 250 integran Alas-U”.

Pero Correa fue más allá: dijo que no recordaba otro gobierno “con tantos recursos de inconstitucionalidad” y que “lo más grave” era, a su entender, que los proyectos provenían de “colegas nuestros que cedieron a sus principios para obtener cuantiosas ganancias”, en alusión a Olivera.

En tanto, el abogado de Wild Fi, Guillermo Rodríguez, aseguró que los créditos “fueron reconocidos por la propia Pluna”, y cuestionó que se hubiera buscado salvaguardar el interés general: “Si no, ¿qué sucede con las groseras deudas con el Banco de la República y ANCAP?”. “Lo que se intenta defender no es el interés general, sino un interés claramente político”, afirmó. Similares argumentos utilizó la abogada de los damnificados, Gisleine Barboza, quien reclamó que la ley “cambió el ordenamiento jurídico” respecto del momento en que se compraron los pasajes.

Después de los alegatos y antes de que terminara la audiencia, Olivera pidió que constara en el acta que solicitaba que los dichos de Correa pasaran a la órbita penal porque configuraban un “delito de difamación”: “No puedo aceptar que me acusen de timador”, aseguró. Correa aclaró que no hizo una “alusión personal” y simplemente agregó: “Si él se adjudica el dicho...”.