Finalmente se postergó la votación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador en la Cámara de Senadores: ayer la bancada frenteamplista decidió que es necesario introducir cambios al texto aprobado en Diputados. A las dudas planteadas por el senador Enrique Rubio se sumaron críticas de Rafael Michelini, Héctor Tajam, Roberto Conde y Rodolfo Nin Novoa. La bancada del Frente Amplio (FA) reafirmó su voluntad política de aprobar la ley y ahora coordinará con Diputados para cambiar los aspectos más polémicos. Además, fijaron como plazo máximo para la aprobación el 12 de marzo de 2014.
Las repercusiones no se hicieron esperar. El secretario general del SUNCA (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos), Óscar Andrade, publicó en su cuenta de Facebook: “parece ser que las presiones patronales y de la derecha van teniendo resultado.”
Para Andrade, el anuncio de la bancada del FA “de seguro llegará a los corazones de la oligarquía nacional, sobre todo de la más rancia, pondrá felices a los que representan las peores formas de organización del trabajo, estimulará a los que diariamente y de manera innecesaria ponen en riesgo a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de este país. Están pronunciando un mensaje claro, fuerte y duro: la impunidad continúa”.
Ayer, delegaciones del PIT-CNT y de las cámaras empresariales concurrieron a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Uno de los delegados sindicales, Marcelo Abdala, explicó a la diaria que el proyecto “ya se había construido por acuerdo con la bancada del FA y necesitaba una rápida aprobación”. “Da la impresión de que entre los senadores hay falta de conocimiento de los detalles del trámite parlamentario que se hizo en Diputados. Porque ése fue un trabajo arduo, que llevó bastante tiempo y hubo que mirar, evaluar, ser equilibrado, y daría la sensación de que ahora la discusión empezará de cero nuevamente. Yo no encontré mucho argumento, más bien encontré un clima dubitativo”, evaluó. Abdala adelantó que el tema será tratado en el PIT-CNT y que no se descartan movilizaciones.
Tajam, que preside la Comisión de Asuntos Laborales, afirmó que los empresarios cuestionan que exista un “delito de peligro” referido a la omisión del resguardo que deben tener todos los trabajadores, y plantea que en lugar de un delito penal sea una falta administrativa. “En su proyecto determinan la penalización de un delito cuando ocurre el accidente, no antes. Ahí ya hay una diferencia irreconciliable con el proyecto nuestro. La otra gran diferencia es que ponen en un nivel de responsabilidad prácticamente igual al empleador y al trabajador, de tal forma que una conducta nadecuada del trabajador en cuanto a los resguardos podría eximir de culpa al empleador. Eso es imposible, porque el trabajador, por su contrato, está subordinado al empleador; el poder disciplinario del empresario tiene que ver con que se cumplan las disposiciones sanitarias y de seguridad”, planteó.
Tajam aseguró que las dudas surgen por críticas de abogados penalistas que marcaron, por ejemplo, estas cuestiones relacionadas a “la omisión del resguardo”. “La bancada está haciendo acuerdo con algunas modificaciones del senador [Enrique] Rubio y plantea que la omisión sea deliberada, por lo tanto hay algo que demostrar. Otro tema para discutir es si los decretos o reglamentos pueden definir los alcances de un delito”, fundamentó el senador frenteamplista.