Otra denuncia por abuso policial se registró en el oeste montevideano, esta vez en el barrio Casabó. A poco más de un mes de la muerte de Sergio Lemos en manos de la Policía en el barrio Santa Catalina, cuatro adolescentes, dos de 14 años y dos de 15, denuncian haber sido detenidos sin motivos, sufrido violencia física y verbal por parte de los policías y no haber tenido el debido proceso durante las 15 horas que permanecieron detenidos.

Giovanna de Caprio, madre de una de las víctimas, denunció en las redes sociales que el domingo 8 de diciembre un grupo de adolescentes que se encontraban, en el patio de la casa de uno de ellos chateando con sus computadoras en la esquina de Senegal y Continuación Perú, en el barrio Casabó, fueron detenidos por policías de la Seccional 24a. Según señala la denuncia, los detuvo, sin mediar explicación, un oficial de apellido Caldas, quien junto con otros efectivos subió a los adolescentes a la camioneta de la Policía a golpes de puño, empujones y tirándoles del pelo. En ese momento habría salido la madre de uno de los adolescentes a increpar a los efectivos policiales por el procedimiento, pedirles explicaciones y solicitarles que se identificaran, pero sólo habría recibido respuestas burlonas por parte de ellos.

Acto seguido, los padres de los adolescentes se dirigieron a la comisaría, donde funcionarios administrativos de la oficina les comunicaron que no estaban enterados de ningún procedimiento de ese tipo ni de la detención de ningún menor de edad, y que por lo tanto no se conocía el paradero de sus hijos. En ese momento los adolescentes estaban siendo atendidos en el Hospital Filtro, donde, según denuncian, también sufrieron maltrato y abuso por parte de los oficiales, con insultos y amenazas, y de la doctora que los atendió, que los hostigaba verbalmente con frases como: “¿Ustedes son los roba-cartera, los arrastra-vieja?”. La doctora registró en el parte policial que los adolescentes estaban en perfectas condiciones; luego, sin embargo, funcionarias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) llamaron a la emergencia de una mutualista privada, y se constataron lesiones en sus piernas, manos y caras.

A los padres, que seguían sin conocer el paradero de sus hijos, a pesar de que a esa altura ya habían sido trasladados a la Seccional 24ª para su interrogatorio, les dijeron que se retiraran porque sus hijos iban a ser llevados “a los depósitos del INAU”, donde pasaron la noche. En la mañana, en la sede del INAU, las funcionarias les comunicaron a los padres que sus hijos estaban allí, pero que no entendían cómo habían sido ingresados sin previo llamado al juez de turno de adolescentes, lo que significaba un error grave del funcionario de guardia que los recibió. Entonces, las funcionarias llamaron a la ambulancia, y luego los adolescentes volvieron a la Seccional 24ª, donde permanecieron encerrados en un calabozo hasta su liberación, a las 14.00 del lunes, 15 horas después de su detención.

Consultada por la diaria, De Caprio informó que ya realizó la denuncia pertinente en Asuntos Internos del Ministerio del Interior y en el juzgado de 3° Turno. También contó que los padres de los adolescentes, junto con la familia de Sergio Lemos, concurrieron al edificio de Presidencia para ser recibidos por las autoridades. “Luego de que publicamos la nota, otros padres del Casabó nos escribieron que sus hijos también habían tenido problemas con esa seccional. Cuando detuvieron a los gurises y llamé a la 24, el comisario me dijo que quienes hicieron el procedimiento no eran efectivos de esa Seccional, pero fue para lavarse las manos”, dijo.

El correo electrónico de la denuncia fue reenviado entre otros por el ex militante del MLN Jorge Zabalza, quien comentó a la diaria que, aunque no conoce a los damnificados, el contenido del correo le resultó “absolutamente verosímil”, por lo que lo reenvió. En su correo, Zabalza se preguntaba: “¿Pedirá perdón Bonomi nuevamente? ¿Prometerá nuevas investigaciones administrativas? ¿Culpará a sectores que lo sabotean? Si no puede con la Policía, que reconozca que la Policía es un ente autónomo, que no respeta a los ciudadanos por ser pobres y jóvenes, que está alimentada por la impunidad que convalidan, de distinta manera, la Suprema Corte [de Justicia] y el gobierno”.